Un edil defendió que el vertedero era legal horas antes de clausurarlo
El concejal de Limpieza de Santiago desconocía que el alcalde planeaba el cierre
1La concejala de Medio Ambiente de Santiago, la popular María Castelao, criticó la "total permisividad" que brindó al vertedero de Aríns la coalición de socialistas y nacionalistas durante la legislatura pasada. Aunque tampoco consta que el PP se interesase por el asunto mientras estaba en la oposición, al asumir el gobierno local asegura que se topó con una situación "insostenible a simple vista" y tomó cartas en el asunto.
Escasas horas antes de que el alcalde firmase el decreto de cierre, este diario, que venía preguntando infructuosamente sobre este asunto desde hace semanas, contactó con el concejal responsable de la recogida de basura y limpieza viaria, Juan de la Fuente, para saber su versión sobre la situación del vertedero de inertes. Ajeno a lo que se cocía en la corporación, De la Fuente aseguró que el depósito de residuos era "totalmente legal", e incluso comunicó que había estado en el vertedero horas antes elaborando un plan para proceder a su sellado y precintado "al cubrir su capacidad".
El edil explicó que se encontraba a la espera de la autorización de la Xunta. Según De la Fuente, el vertedero tenía como finalidad llenar una antigua mina para "evitar accidentes de cazadores y viandantes". El concejal llegó incluso a felicitar a su predecesora en el cargo, la socialista Marta Álvarez-Santullano, por la solución que le había dado al problema.
El pasado miércoles, la Consellería de Medio Ambiente había informado a este periódico de que el vertedero carecía de la Autorización Ambiental Integrada, permiso crucial que concede la Xunta en consonancia con directrices europeas. La empresa tampoco disponía de autorización como gestor de residuos y por tanto tampoco aparecía en la página del Sistema de Información de Residuos de Galicia, donde figuran todos los depósitos autorizados.
La compañía cobraba por tonelada de escombro casi cinco euros, mientras que el precio en otros vertederos ronda los 15. Al no estar autorizado, no pasaba inspecciones técnicas y analíticas, que determinan qué tipos de residuos contiene y si entre ellos existe alguno dañino para el medio en el que se encuentre. En consecuencia, el Ayuntamiento propone el cierre inmediato del vertedero "mientras no se resuelvan y regularicen todos los impedimentos legales".
