PP y PSOE celebran el pacto sobre el déficit porque "refuerza" la confianza en España

Tras acordar en apenas 48 horas la primera reforma pactada de la Constitución -hubo otra en 1992, pero fue obligada por el Tribunal Constitucional para adaptarla al Tratado de Maastricht-, los responsables de PSOE y PP comparecieron ayer para felicitarse mutuamente y, al mismo tiempo, reivindicar cada uno su parte del resultado. El acuerdo para poner corsé constitucional al déficit público, cerrado a la velocidad de la luz en una madrugada de agosto y a tres meses de las elecciones generales, ha indignado al resto de los grupos, pero los dos partidos mayoritarios la defendieron como el único modo de calmar a los mercados y "garantizar el Estado del bienestar".

El candidato socialista a las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba -compareció él y no el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, que es quien había estado en la mesa de negociación-, aseguró que la fórmula final, que obliga a las Administraciones a respetar un déficit máximo pero sin concretar cifras en la Constitución, da a los Gobiernos un margen de "flexibilidad" suficiente para mantener la política social. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP, afirmó con satisfacción: "La austeridad ya no es una opción, sino una obligación". Y el responsable de economía de los populares, Cristóbal Montoro, se ufanó de que "ningún país de Europa" ha llegado tan lejos en el control de la deuda y el déficit.

"La austeridad ya no es una opción, es una obligación", dice Sáenz de Santamaría

El texto, registrado ayer por los portavoces de PSOE y PP en el Congreso, será tomado en consideración por el pleno de la Cámara baja el próximo martes, día 30, y votado el viernes 2 de septiembre. Habrá, así, dos días para que la oposición presente enmiendas, aunque tanto Sáenz de Santamaría como Rubalcaba dejaron claro que no aceptarán cambios sustanciales en el documento pactado. Después pasará al Senado y si, como parece casi seguro, no es sometido a referéndum, la reforma constitucional se habrá consumado en dos semanas.

Rubalcaba consideró clave la introducción de instrumentos de "flexibilidad" en la última fase de negociación con el PP. Enumeró varios: primero, que las cifras concretas de déficit no se recojan en la norma fundamental, sino en una ley orgánica -más fácil de cambiar en un futuro- que debe aprobarse antes de julio de 2012. También, que el texto habla de "déficit estructural" y no de "déficit observado"; este último, según dijo, equivale al "déficit cero" que propugnaba el PP y habría dejado a los Gobiernos "sin margen de maniobra ante situaciones imprevistas".

El candidato socialista aseguró que "el déficit estructural permite márgenes de maniobra cuando las cosas vienen mal dadas". Sostuvo, por ejemplo, que no habrá ningún problema para seguir pagando la prestación de desempleo en el futuro, aunque hubiera un crecimiento imprevisto del paro que no estuviera planteado en los Presupuestos.

Recordó también que el acuerdo contempla su revisión en 2015 y 2018. Y, por último, que el propio texto admite que los límites de déficit pueden superarse en caso de catástrofe natural, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

Rubalcaba rechazó que introducir la estabilidad presupuestaria en la Constitución sea ceder a los "axiomas del liberalismo", algo que le reprochan distintos grupos de izquierdas, colectivos ciudadanos e incluso militantes o cuadros del PSOE. "Cuando hay que pagar tantos intereses de la deuda, no existen diferencias entre la política económica de izquierdas y de derechas", zanjó.

El candidato, que no considera necesario someter la reforma a referéndum, subrayó también que la iniciativa de limitar el déficit a través de la Constitución partió de la cumbre europea del pasado 21 de julio, en la que se relanzó "la capacidad de hacer una política común" y se defendió "una Europa fuerte". "España tiene que predicar con el ejemplo, porque España ha defendido como nadie el refuerzo de la política económica europea", remarcó Rubalcaba.

Igualmente han influido, dijo, las convulsiones financieras de agosto, relacionadas con los problemas económicos en EE UU y los ataques al euro. "Ha sido un agosto malo en el que la zona euro ha perdido confianza de los inversores. Hay que lograr recuperar esa confianza de que estamos en condiciones de pagar las deudas", concluyó el socialista.

"José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han cerrado un buen acuerdo", sentenció, por su parte, Sáenz de Santamaría. "Bueno en lo económico, porque contribuye a mejorar la confianza de nuestra economía; bueno en lo social, porque garantiza el Estado del bienestar y la política social; y bueno en lo político, porque se alcanza un consenso clave para una reforma estructural de la economía española".

La portavoz del PP, que agradeció a sus interlocutores socialistas la "lealtad" y el "buen clima" creado en los dos días de conversaciones, subrayó que la reforma "constitucionaliza por primera vez" el principio de estabilidad presupuestaria, sujetando el gasto de las administraciones y evitando "que se trasladen a las generaciones futuras los excesos de las cuentas públicas", además de "facilitar el crédito y la financiación" al "dar solvencia" a la economía española.

"Con este acuerdo, España apuesta por el euro. Queremos formar parte del grupo de países que están en la vanguardia de la política económica europea. Queremos estar ahí", dijo la dirigente popular. Cristóbal Montoro, responsable de economía del PP, insistió en esa idea al subrayar que "España es, con este arreglo constitucional, el país que más se compromete con los objetivos de la estabilidad presupuestaria", porque todos los niveles de su Administración tendrán que asumir un tope de déficit estructural del 0,4% (ahora se estima en el 7%) y la deuda máxima del 60% del PIB que figura en el Tratado de la Unión, y eso quedará negro sobre blanco -sin la cifra- en la Constitución. "Ningún país hace esto en Europa", presumió Montoro.

Sáenz de Santamaría advirtió de que la del déficit público es "la primera de las reformas estructurales que hay que hacer". Y apuntó otras: "La fiscal, la laboral, la de competitividad..." De ninguna de ellas ha concretado aún el PP sus propuestas. También precisó que, aunque el texto pactado habla de 2020 como horizonte de aplicación del acuerdo, eso no significa que las medidas de control del déficit deban ser aplicadas a partir de 2020, sino que a esa fecha hay que llegar con los deberes hechos, a través de "mecanismos" de "disciplina presupuestaria" en los años previos; es decir, a lo largo de toda esta década.

Preguntada por si habrá sanciones para las Administraciones que incumplan el mandato constitucional, Sáenz de Santamaría se remitió a una parte del texto en la que se habla de la "responsabilidad" de los Gobiernos incumplidores (pero no de sanciones).

La portavoz del PP no quiso aclarar si el documento inicial acordado por Zapatero y Rajoy incluía una cifra de déficit -el 0,35%- que posteriormente se sacó del texto a petición de Pérez Rubalcaba. "Nosotros nunca hemos hecho causa ni debate de las cifras. Lo que nos importaba era la idea de la estabilidad presupuestaria", dijo, aunque sí matizó que "el Gobierno planteó distintos escenarios" y recordó que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, había defendido la cifra del 0,35% días atrás.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, habló el mismo martes -tras anunciar Zapatero la reforma- con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, para tratar de sumarlo al consenso. "Yo también he estado en contacto con él [con Duran] y le he ido contando la negociación", señaló Sáenz de Santamaría. Aunque para el PP es importante incorporar a los nacionalistas catalanes, la portavoz no consideró preocupante que la primera reforma constitucional pueda salir con menos consenso que la Constitución de 1978. Lo explicó así: "Esto es una reforma parcial. Y los dos partidos que la firmamos representamos en esta Cámara al 90% de la ciudadanía".