Salt veta las nuevas mezquitas tras la presión de la xenófoba PxC

El Ayuntamiento de Salt aprobó ayer suspender durante un año la concesión de licencias para construir y abrir centros de culto en el polígono de Torremirona, la zona del municipio reservada por el anterior Gobierno en cumplimiento de la Ley de Centros de Culto catalana. La iniciativa, presentada por el alcalde de CIU, Jaume Torramadé, llega tras semanas de presiones contra el templo por parte de la xenófoba Plataforma x Catalunya (PxC).

La propuesta del alcalde recibió el apoyo de los dos concejales dimitidos de PxC -Carles Bonet y Juana Martínez, que abandonaron el partido por las presiones recibidas del núcleo duro de la formación, crítica con ellos porque tienen parejas inmigrantes- y del edil del PP, Felipe Gil. María Osuna, la única de las tres concejales de PxC que sigue en el partido votó en contra por considerar el veto insuficiente. "No queremos más mezquitas en Salt, ni ahora ni nunca, ni en toda Cataluña", argumentó.

El pleno se celebró entre un importante operativo policial y estuvo precedido de momentos de tensión. En las inmediaciones del Ayuntamiento se concentraron partidarios de PxC y varias decenas de indignados que, junto con un grupo de inmigrantes, desplegaron una pancarta con el lema: "Salt antirracista".

El líder de PxC Josep Anglada, que había anunciado su asistencia al pleno, llegó cuando este ya había empezado y se encaró con los manifestantes, que le reprocharon las campañas xenófobas que su partido lleva a cabo en Salt para frenar la construcción de una nueva mezquita. La policía denegó la entrada a Anglada porque el pleno estaba lleno. El líder de PxC insistió desafiante en que quería entrar y se quedó en la puerta del consistorio, lo que provocó más enfrentamientos. Anglada tuvo que ser escoltado por los Mossos d'Esquadra para entrar al edificio, aunque finalmente no pudo asistir al pleno.

La votación del pleno suspende por un año la concesión de nuevas licencias de construcción o apertura de centros de culto. Esta suspensión, sin embargo, pasará probablemente a ser definitiva, ya que el Gobierno catalán ha anunciado su intención de modificar la Ley de Centros de Culto aprobada por el tripartito catalán, que obliga a los Ayuntamientos a reservar suelo para uso religioso.

La líder de la oposición, Iolanda Pineda (PSC) y el portavoz de Independents per Salt (IPS), Ferran Burch, afirmaron que el derecho a la libertad religiosa necesita que los ayuntamientos garanticen la posibilidad de que las comunidades cuenten con lugares para rezar.

PxC mantiene la convocatoria de una manifestación "antimezquitas" del próximo sábado, a pesar de que el Departamento de Interior de la Generalitat la ha prohibido por temor a que se produzcan altercados.

La votación entierra definitivamente las aspiraciones de una comunidad evangélica de construir un templo en Salt y cualquier otro centro de culto, excepto el que promueven las entidades musulmanas Al Hilal y Magrebins per la Pau. Estas dos asociaciones compraron a principios de año uno terreno y obtuvieron un certificado de compatibilidad urbanística, que tiene vigencia de seis meses y caduca este septiembre. Si las dos entidades, que han pedido financiación al Gobierno de Marruecos, logran presentar el proyecto en las próximas tres semanas, este aún podría salir adelante, ya que la decisión del pleno no revoca los derechos adquiridos. Pero cualquier retraso también acabaría definitivamente con la posibilidad de construir una mezquita, ya que en el centro urbano del municipio no se pueden establecer nuevos oratorios.

El anterior gobierno, dirigido por la exalcaldesa del PSC Iolanda Pineda decidió, tras negociar con las comunidades religiosas y en cumplimiento de la Ley de Centros de Culto de la Generalitat, vetar los usos religiosos en el centro de Salt y permitir que se pudiesen construir centros de culto en Torremirona, un polígono industrial separado del núcleo urbano por una autovía.