"No estaban preparados y nadie les avisó del riesgo que corrían"

Un año y dos vidas menos. La tragedia del incendio que calcinó parte del monte de Fornelos, un área rural cerca de Pontevedra, sigue en la memoria de las familias de los dos hombres de 27 y 35 años que no volvieron a sus casas el 13 de agosto de 2010. El proceso judicial, en fase de instrucción y en el que declararon como imputados dos capataces y un agente forestal, sigue abierto sin que ningún responsable político o mando superior haya sido llamado a declarar.

Los sindicatos recordaron ayer, en un homenaje a las víctimas, que están hartos de denunciar que en la lucha contra el fuego hay cada vez menos medios y más desorganización. Un cóctel explosivo que se alimenta, según Comisiones Obreras, de la incoherencia de tener un servicio de la Xunta junto "al chiringuito de Seaga [empresa pública de servicios agrarios], financiada exclusivamente con fondos públicos, que solo sirve de subterfugio para empeorar las condiciones de trabajo y salariales en una actividad de alto riesgo".

La unidad estaba a punto de acabar su jornada cuando recibió el aviso

El conductor de la motobomba no llegó, se perdió en la subida al monte

"Llevaban máscaras de papel que no sirven para nada", denuncia la madre

Uno de los capataces se llevó las dos emisoras de radio que funcionaban

Elvira y Javier, los padres de Rodrigo Amo, una de las dos víctimas de aquel incendio, sospechan que la juez va a dar carpetazo al caso. La acusación particular que ejercen tanto ellos como los padres de Julio Rodríguez, el otro fallecido, y CC OO busca demostrar que aquel nefasto 12 de agosto de 2010, la clamorosa falta de prevención por parte de la Xunta provocó las dos muertes de la manera más dramática y absurda.

Eran unos días tan cálidos como los que vive Galicia hoy. El fuego, presuntamente provocado por un vecino del lugar -cuyo juicio tampoco se ha concretado-, se inició a las 22.24 horas de un jueves en una zona de monte bajo llamada Rial. El Gobierno gallego aseguró entonces que por sus características "no parecía revestir especial peligrosidad".

El grupo de extinción de Seaga, del que Rodrigo y Julio formaban parte junto a otras tres personas, llevaba desde las cuatro de la tarde trabajando en un incendio en las inmediaciones junto a otra brigada de la Xunta. Fue esta última, compuesta por solo dos personas (menos de las necesarias) la que recibió el aviso del siniestro en Fornelos. A pesar de que les quedaba una hora y media de trabajo y de que iban a sobrepasar su jornada laboral antes de volver a Gondomar, el municipio base, los dos grupos pusieron rumbo al monte con la aparentemente sencilla misión de enfriar una zona ya quemada. "No tenían máscaras antihumo, preceptivas según el manual de prevención de riesgos laborales, ni se les había informado de que el nivel de peligro de incendios era extremo, tampoco del alto índice que mide la probabilidad de ignición", explica su madre. Rodrigo, licenciado en filosofía, llevaba cuatro años colaborando en las campañas de verano. Para su compañero Julio era la primera vez. "Nos decía que no corría peligro, que su misión era simplemente repasar zonas calcinadas". El día anterior, Rodrigo había tenido que hacer horas extraordinarias hasta las cuatro de la mañana por otra emergencia. "Apenas durmió unas horas. Se levantó, comió algo y se volvió a marchar".

Los siete hombres se situaron sobre una ladera para estudiar cómo atacar el fuego. El jefe de la brigada de Seaga decidió entonces ir a buscar una motobomba y abandonó el lugar llevándose la emisora del coche y la portátil, las dos únicas que funcionaban. Un error que se sumó a otra cadena de despropósitos aquella noche.

Ráfagas de viento avivaron repentinamente el frente y cogieron desprevenido al grupo, que intentó sofocarlo con lo único que tenía a mano, los batefuegos (unas aletas de goma con las que se aplasta la vegetación). La situación se hizo más y más complicada hasta el punto de que el incendio alcanzó -y superó- el camino donde se encontraban los brigadistas. El jefe de la unidad de la Xunta, supuestamente la persona más experimentada, se apartó del resto para resguardar el coche del frente incandescente. Y la motobomba no llegaba.

"En ese desbarajuste se separaron: nuestro hijo y el compañero por un lado y los otros tres brigadistas por otro. El incendio los dividió", relatan los padres de Rodrigo. Los técnicos determinaron después que los fallecidos escaparon por el sitio equivocado. "Si hubiesen tenido mascarillas en condiciones quizá habrían ganado tiempo para pensar antes de verse intoxicados por el humo", insisten Javier y Elvira. El equipo de extinción encontró sus cuerpos al cabo de una hora, a cien metros del punto de partida. Las llamas acabaron devastando un centenar de hectáreas de monte bajo y arbolado.

Los familiares de los fallecidos están completamente seguros de que se incumplieron las más elementales normas que tiene que seguir el mando de una brigada, como mantener rutas de escape y darlas a conocer a todo el personal, asegurar que las comunicaciones funcionan o abordar el fuego teniendo en cuenta que la seguridad de los trabajadores está por encima de todo. "No hubo nadie que les alertase, nadie que les dijese que lo que tenían que hacer era salir de ahí cuanto antes. No estaban preparados ni tenían los medios adecuados", insiste la familia.

Los informes periciales que maneja el Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela admiten que los brigadistas desconocían el terreno en que trabajaban hasta el punto de que la motobomba nunca llegó a su destino porque el conductor se perdió en los caminos de la subida al monte de Fornelos. Con mascarillas de papel como única protección, sin emisoras de radio para pedir auxilio, sin un mando que los coordinase, los padres de Rodrigo se hacen muchas preguntas sobre cómo se ha llevado a cabo la instrucción judicial. "Para empezar, no declararon todos los miembros de la brigada, no intervino la fiscalía especial por delitos contra la seguridad en el trabajo, no se aportó la descripción de los puestos que ocupaban cada una de las personas e incluso el fiscal se opuso a que prestasen testimonio los delegados en prevención de riesgos laborales de Seaga", enumeran. Quien sí declaró fue una responsable de la Inspección de Trabajo, que aseguró que las mascarillas antihumo, que permiten ganar varios minutos para escapar de una situación de peligro como la de Fornelos, no son obligatorias en la extinción de incendios. Ayer, el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, señalado por los sindicatos como principal responsable político, insistió en que los medios materiales de las brigadas "son superiores a los que exige la normativa".

Un año después del accidente mortal no hay protocolos de actuación que coordinen los distintos organismos que envían personal al monte, que son unos cuantos: Medio Rural, Protección Civil, Seaga o el Ejército. "Indigno", según califica CC OO, es que los gestores de la Consellería y los de la empresa Seaga "sigan ocupando sus puestos como si nada hubiese ocurrido".

Si finalmente se sustancia el juicio, los acusados podrían enfrentarse a una infracción del artículo 316 del Código Penal por no haber facilitado los medios necesarios a la brigada. La pena va de seis meses a tres años de prisión con multas de hasta un año. Pero si se cierra en falso, como temen Elvira y Javier, no ocurrirá nada. Las familias seguirán sin una respuesta.