La Generalitat se gastará lo que cobre por sus edificios en 14 años de alquiler

La Generalitat pagará más de 40 millones de euros al año por quedarse de alquiler en los 37 edificios que ha puesto a la venta para obtener liquidez. La delicada situación financiera del Gobierno catalán le ha llevado a adoptar una contundente política de desinversiones en inmuebles, por la que espera ingresar 550 millones de euros en seis meses, aun a costa de vender muy por debajo del precio por el que compró los edificios en los últimos años. Para colocar los inmuebles en menos de seis meses, añade además al bajo precio un alquiler que en algunas ocasiones le supondrá gastar el doble de lo que ahora le cuesta la cuota hipotecaria.

Si se tienen en cuenta las rentas anuales que deberá pagar por los 27 edificios que saca a la venta dentro de Barcelona (entre ellos, la sede de Educación, la de Agricultura o la de Territorio) los 550 millones que obtendrá apenas darán para pagar los alquileres de 13 años, tras los cuales, además, la Generalitat seguirá abonando la abultada factura (el compromiso de alquiler es por 25 años) y se habrá quedado sin patrimonio. La Generalitat justifica que la venta es "clave en el plan de reequilibrio económico y financiero". La mala marcha del mercado de las oficinas les ha obligado a bajar los precios, aduce, y sin un alquiler que garantice rentabilidad a los inversores sería imposible vender en el plazo previsto. Además, los alquileres computarán dentro del apartado de gasto corriente y no en el de endeudamiento, que es lo que el Gobierno necesita rebajar con urgencia.

La Generalitat apunta que los cerca de 40 millones en alquileres que pagará por los edificios que vende le permitirán sanear el endeudamiento público y, además, le ayudarán a deshacerse de 29 millones de euros que gasta "en concepto de intereses por los censos enfitéuticos". Con este sistema, es con el que financió la compra en su día de los 26 edificios, según explicaron ayer en el Departamento de Economía. La compra a través de censo, que utiliza la Generalitat desde 1994, es la recuperación de una figura medieval que permite adquirir un inmueble sin desembolsar toda la cantidad.

En la práctica, se asimila a una hipoteca, pero en lugar de pedir dinero prestado para pagar, se paga el edificio por su uso directamente al dueño durante muchos años. El problema: el censo en la actualidad contabiliza en el apartado de endeudamiento y los intereses de esta modalidad de compra son muy elevados. De los inmuebles que vende la Generalitat, al menos 26 de ellos (cuya venta ha hecho pública a través del DOGC), todos en Barcelona, tienen censo. En los que son usados por los diferentes departamentos, las cuotas anuales aparecen reflejadas en el presupuesto de 2011. Y en varios casos, el alquiler que la Generalitat pagará por permanecer en los inmuebles será hasta el doble de lo que ahora paga al año en concepto de gastos de compras.

El edificio de Via Augusta 202, sede de la Consejería de Educación, fue adquirido en 1994. Tiene unas cargas en el presupuesto de 2011 de 3,6 millones de euros por la letra anual. Su alquiler una vez vendido será de 4,2 millones de euros. Por la hipoteca de la sede del Departamento de Agricultura, en Gran Via, se paga este año 1,05 millones. Su alquiler anual será de 2,2 millones. Por el edificio de la Fiscalía de Menores, en Roger de Flor número 62, se paga de gasto anual 458.000 euros y tras su venta, el alquiler ascenderá a 751.789 euros.

En algunos inmuebles el alquiler sí será inferior al gasto actual por su compra, aunque de entre los que utilizan los departamentos, solo es destacable el ahorro en el Ecourban, sede de Consumo y del Icaen en el 22@. Su renta será al mes de 1,6 millones, frente a los 2,7 millones que cuesta la cuota de su censo. Sin embargo, cabe destacar que a cambio de la bajada de gasto, es también uno de los inmuebles vendidos con mayor devaluación: fue adquirido en 2008 por 31,8 millones y se vende ahora, alquiler garantizado incluido, por 19,4 millones.

La mayoría de edificios que la Generalitat pone en venta fueron comprados después de 1994. El anterior Gobierno tripartito emprendió también una oleada de adquisiciones a partir de su llegada en 2004, ya que calculó que a largo plazo las cuotas anuales a las que haría frente serían menores que con las rentas y, además, incrementaría el patrimonio público.

El Gobierno actual justifica que la desinversión patrimonial es necesaria porque "resulta una pieza clave en el plan de reequilibrio económico y financiero". El elevado endeudamiento de Cataluña hace prever que el año terminará con un déficit de 2,6%, a pesar de que lo pactado entre el Gobierno central y las comunidades era terminar con una desviación del 1,3%. Si la Generalitat no reconduce las cuentas, no podrá emitir deuda y por tanto, seguir financiando su deuda.