La interventora de Manilva alerta de que continúan las irregularidades

Ni los escándalos judiciales, ni la nueva etapa de gobierno han conseguido cambiar la política de personal del Ayuntamiento de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes), dirigido por Antonia Muñoz (IU) en coalición con el partido local ASM. La interventora municipal, Yolanda Cervera, detalla en un informe del 30 de junio que continúan las irregularidades en la gestión de la plantilla del municipio, como la existencia de 50 contratos sin consignación presupuestaria o el abuso de gratificaciones y horas extra. La habilitada urge a que se solucionen pronto y avisa de que algunas de ellas "podrían ser constitutivas de delito".

La alcaldesa Antonia Muñoz está imputada por delitos contra la integridad de la Administración pública en un procedimiento abierto en el juzgado número 5 de Estepona. En este caso se investiga una serie de supuestas irregularidades en la contratación de personal, obras y servicios de la localidad. El pasado abril, Muñoz recurrió las peticiones de documentación de la juez porque consideraba que se está haciendo una causa general sobre su gestión.

Hay 50 puestos de trabajo sin consignación presupuestaria

En su último escrito, la interventora de Manilva denuncia que se están ignorando "numerosos informes" en los que ya había señalado estas irregularidades prácticamente endémicas. "No se consultan los cambios de puestos de trabajo (...) se siguen produciendo contrataciones sin atender a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad o sin solicitar titulación; el personal laboral ocupa plazas de funcionarios y contratados temporales están en plazas permanentes; se realizan contratos por periodos inferiores a una semana", detalla.

La habilitada subraya que abusa de las horas extraordinarias y gratificaciones, y que no se están abonando las cuotas de la Seguridad Social, ni de la Agencia Tributaria.

Entre esa batería de comportamientos irregulares incluye una gratificación de 2.300 euros "a la responsable del proceso electoral" que no ha sido "debidamente motivada". Según el escrito, tampoco se comprobó si el pago a esta persona, que aparece sin identificar, "es compatible con lo percibido de la Administración del Estado".

La habilitada también mantiene que se está transfiriendo dinero a asociaciones de pensionistas sin que lo justifiquen. En una de estas agrupaciones, llamada El Castillo, recibe la subvención una persona física porque la asociación no se ha constituido de forma oficial a pesar de pedírselo numerosas veces.

A pesar de su aparente hartazgo, Yolanda Cervera recuerda en su escrito las competencias de cada órgano municipal y señala todo lo necesario para arreglar el desaguisado: un plan de saneamiento para negociar la deuda con la Seguridad Social, ni una sola contratación más sin consignación presupuestaria ni concurso público o nuevos convenios con el personal, entre otros.