EE UU devuelve a Tarragona a dos niñas secuestradas por la madre

Un juzgado de EE UU ha resuelto el embrollo creado por la justicia española que ha separado a Francisco José Iborra de sus dos hijas durante más de 15 meses. Es el tiempo que la madre ha mantenido en Houston a las niñas, de 11 y 13 años, después de sacarlas de España aprovechando un error judicial: no se transmitió a la policía el mandato que prohibía a las menores salir del país. Tras encallar en la Administración y la justicia españolas, el padre presentó una demanda contra su exmujer en el juzgado de lo civil del condado de Montgomery, Tejas, a finales de 2010. Medio año después, el pasado día 20, la juez sentenció que las niñas habían sido scacadas de España ilegalmente y ordenó que volvieran a su país de origen. "Es casi un milagro, en algún momento creí que era imposible resolver este lío", celebra Iborra, y las dos hijas miran como distraídas al padre, que las abraza de nuevo en el sofá de casa, en Tarragona.

"No estoy enfadado, solo decepcionado con la justicia", dice Francisco Iborra

El milagro de Iborra, que abrió una causa penal por sustracción ilegal de menores contra Luisiane Almeida, brasileña nacionalizada española de la que se divorció en 2006, empezó como un desastre en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valls (Alt Camp). En julio de 2009, el juez requisó el pasaporte de las niñas y ordenó comunicar la medida a la policía para evitar una posible sustracción por parte de la madre. Pero esa providencia judicial "se archivó por error debido a la sobrecarga de trabajo", admitió el Consejo General del Poder Judicial en una misiva de disculpas que envió a Iborra. "No estoy enfadado, solo decepcionado", asume el padre. "¿Por qué la justicia funciona en Estados Unidos y aquí es un desastre?".

Iborra denunció a su exmujer a la justicia española en abril de 2010, pero el regreso de las hijas parecía lejano hasta que el Ministerio de Asuntos Exteriores contactó con el padre el verano pasado. Le informó de que podía recuperar a las niñas mediante el Convenio de La Haya de 1980, pactado para resolver estos casos y suscrito por EE UU; recomendó que presentara una denuncia en Tejas, y consiguió un abogado de oficio de la Universidad de Houston, que asumió el caso como una práctica para letrados recién licenciados. No es un éxito aislado: Exteriores tramita entre 50 y 90 casos de sustracciones internacionales de hijos al año, según fuentes jurídicas.

"Quiero que otros padres vean que estas situaciones pueden resolverse", explica Iborra, y pide que se respete el silencio de sus hijas, repuestas del viaje de ida y vuelta. "Son las principales víctimas. En función de cómo sus padres les expliquen lo ocurrido, pueden padecer secuelas", advierte la psicóloga infantil Miriam Santana. "En estas edades hay riesgo de confusión, problemas de autoestima, inseguridad y desconfianza hacia sus padres". "Recibirán apoyo psicológico, estarán bien", señala discreto el padre, por temor a nuevas batallas judiciales que, asegura, prepara su exmujer.