El Parlamento lamenta el cierre de delegaciones de Antena 3 y Telecinco

El Parlamento mostró ayer a través de una declaración insticional su preocupación ante el cierre de las corresponsalías de Telecinco y Antena 3 Televisión en Vitoria, decisiones que la Cámara calificó como "una mala noticia para toda la sociedad vasca". Los cierres de ambas corresponsalías y el despido de los nueve trabajadores que cubren la información de la capital vasca en productoras para estas cadenas se han sucedido en los últimos días.

La declaración institucional, que como todas las de este tipo es respaldada por unanimidad, fue leída al finalizar el pleno. En ella, el Legislativo apela a ambas empresas periodísticas a que sean conscientes de que "cumplen una función pública" de garantizar el derecho a la información, pese a ser compañías privadas. Luego solicita que "ejerzan su responsabilidad y garanticen unas condiciones laborales dignas que permitan a sus profesionales ser totalmente libres".

La Cámara vuelve a expresar, como ya hizo hace un año, su preocupación por la "creciente precarización y el deterioro de las condiciones laborales y profesionales del periodismo en Euskadi" y apunta que esta realidad "puede afectar a la calidad de la información, poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y plural" y podría debilitar la "función de control social" que ejercen los medios de comunicación.

La declaración aprobada ayer será trasladada a los responsables de todos los medios de comunicación y las asociaciones de periodistas.

Cambios

Por otro lado, el pleno del Parlamento aprobará previsiblemente el próximo día 30 una modificación parcial del Reglamento que eliminará el carácter secreto de las comisiones de investigación, según informa Efe. Las futuras comisiones pasarán a celebrarse a puerta cerrada, pero su contenido será público, por lo que los parlamentarios y los comparecientes podrán informar libremente de lo que suceda de puertas hacia dentro.

La segunda modificación se centrará en eliminar la obligación de que las ponencias encargadas de analizar asuntos concretos cuelguen de una comisión. Este cambio responde a un acuerdo para crear la ponencia de víctimas de motivación política, ya que de depender de una comisión debería hacerlo de la de Derechos Humanos, presidida por el PP.