Cameron se ve forzado a rebajar la ambición de su reforma sanitaria

El primer ministro británico, David Cameron, recibió ayer un varapalo cuando el medio centenar de expertos a los que se vio forzado a pedir su dictamen opinan que su reforma sanitaria ha de ser más lenta, más diluida y abrirse a proveedores privados como mera herramienta para mejorar la atención al paciente y no como fin en sí mismo. La reforma no ha descarrilado, pero ha quedado políticamente tocada.

El Gobierno dará hoy su respuesta a las recomendaciones del llamado NHS Forum, un grupo de 46 expertos a los que Cameron tuvo que recurrir hace dos meses, cuando la oleada de críticas no ya políticas y mediáticas, sino profesionales y ciudadanas, estuvo a punto de hacer embarrancar el proyecto de ley inicial. Cameron podrá decir que el principio fundamental de la reforma, introducir más competencia en la sanidad pública, está salvaguardado. Pero la realidad es que queda muy disminuido.

El Ejecutivo británico ha dado ya marcha atrás en varias iniciativas

El primer ministro ofrece imagen de flexible, pero también de débil

El primer ministro va a dar la imagen de que, una vez, está dando marcha atrás. Eso se puede interpretar como una virtud: es flexible, no dogmático. Pero también como una señal de debilidad (se deja influir por la opinión pública y los medios tanto o más que Tony Blair), incompetencia (las cosas se hacen mal de entrada y hay que rectificar) o bisoñez política (el mundo se veía de una forma desde la oposición y de otra desde el Gobierno).

Cameron ha dado marcha atrás con más o menos profundidad en varios temas de calado. Llegó al Gobierno pregonando las relaciones bilaterales y la no intervención en asuntos militares y está enfrascado ya en una guerra en Libia. En uno de los temas políticamente más corrosivos para los liberales-demócratas, el aumento de las tasas universitarias, ahora se da cuenta de que tendrá que reducir el número de universitarios para poder costear la reforma, lo que esta vez dañará directamente a los conservadores.

La reforma judicial está en el aire después de forzar al ministro de Justicia, Kenneth Clarke, a renunciar a sus planes de reducir a la mitad las condenas de quienes se declaren culpables.

Ha tenido que recortar la ambición de la reforma del Estado de bienestar al renunciar a sus planes de recortar las ayudas a la vivienda a quienes lleven más de un año cobrando el paro. Ha renunciado también a privatizar los bosques. Y se avecinan marchas atrás en los recortes en el gasto de Defensa, la elección directa de los comisarios de policía, la descentralización de los permisos de obras residenciales, la reforma de las pensiones, las llamadas escuelas libres o la erradicación por ley del déficit público.

Pero pocos asuntos son tan delicados como la reforma sanitaria. Por el impacto político del traspié y porque es un factor de tensión en el seno de la coalición, en la que los liberales necesitan desesperadamente proyectarse como moderadores de los sectores conservadores más duros. Lo cual enerva a esos.

Pero es importante, sobre todo, porque afecta a la gente. El Gobierno quería que la reforma se aplicara de inmediato, alarmado por los planes iniciales. Por ejemplo, esperaba que muchos centros de asistencia primaria fueran gestionados desde 2013 por los médicos de cabecera, lo que ha provocado la fuga antes de tiempo de los gestores profesionales que creen que van a perder su empleo.

El informe recomienda que la reforma se aplique paso a paso. Proponen que no solo los médicos de cabecera, sino los especialistas y las enfermeras se incorporen como gestores, lo que algunos ven como un riesgo aún mayor de conflictos de intereses. Aceptan que hay que introducir mayor competencia en la sanidad pública y sobre todo abrir el abanico de proveedores, pero estiman que se ha de hacer de forma equilibrada y que se ha de abandonar el objetivo de que introducir mayor competencia sea en sí mismo un objetivo. Y, punto crucial, se oponen a crear una autoridad reguladora para promover esa competencia.