El TSJA investiga si una diputada del PP "cooperó" en alterar un padrón

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investiga si la diputada andaluza del PP María del Carmen Reyes tiene responsabilidad penal como "cooperadora" en la supuesta alteración del padrón -y por tanto del censo electoral- de Lanjarón (Granada), durante los días previos a las elecciones municipales de 2007. Ella era entonces teniente de alcalde del municipio. El tribunal investiga si ella, junto a otros tres imputados más, entre ellos el exalcalde, intervino en el "incremento fraudulento" de potenciales votantes para el PP.

La investigación la realizó previamente un juzgado de Órgiva, que vio indicios de un posible delito electoral, y la remitió hace meses al TSJA por ser María del Carmen Reyes parlamentaria andaluza. La Sala de lo Civil y Penal tenía que decidir si seguía adelante y aunque la Fiscalía pidió la inadmisión de la denuncia, el TSJA ha incoado ahora diligencias para tomar declaración a la aforada como imputada, según consta en un auto fechado el pasado abril.

La negativa del Ministerio Público se basa en que para que se le impute el delito previsto en el artículo 139.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -"incumplimiento de las normas legalmente establecidas para la formación (...) del censo electoral"- el autor tiene que ser funcionario público y no era el caso. La Fiscalía consideró que, como no tenía encomendada función alguna referida al censo, no podía imputársele el delito.

La Sala, sin embargo, entiende que aunque no es posible la comisión del citado delito de "propia mano", sí se le puede "imputar indiciariamente responsabilidad penal" a la parlamentaria en calidad de "cooperadora", en la medida en que "se considere acreditado" que se puso de acuerdo con el entonces alcalde -a quien sí se puede atribuir la comisión del delito- en el objetivo de lograr la inclusión en el padrón, y por tanto en el censo, de personas que "no residían habitualmente en Lanjarón ni tenían intención de hacerlo, con la única finalidad de incrementar el voto a la candidatura de su partido".

Fue a finales de enero de 2007 cuando se habría producido el supuesto empadronamiento masivo, al menos 100 personas en un municipio de unos 3.800 habitantes. Las numerosas solicitudes presentadas, el protagonismo del equipo municipal y los indicios de que se trataban de personas que no tenían residencia habitual en Lanjarón permiten sostener "razonablemente" -al menos para asumir la competencia- que hubo un "acuerdo de voluntades" entre los cuatro imputados para lograr un "incremento fraudulento" de potenciales votantes, explica en el auto el TSJA. Se cree que sugirieron cómo había que tramitar la solicitud, en qué fechas e incluso se encargaron de presentarla por quienes no podían hacerlo.

En la causa están implicados también el que era alcalde popular José Rubio; la entonces concejal de Asuntos Sociales, Francisca Gallardo, y la que era secretaria local del PP, Sonia Gutiérrez.