La juez amplía las pesquisas a los ERE 'muertos' pagados por la Junta

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta, Mercedes Alaya, ha ampliado sus pesquisas a los 176 ERE que contaron con ayudas públicas entre 2001 y 2010. El Ejecutivo andaluz ha llevado a cabo una investigación interna sobre los 68 ERE vivos que está pagando actualmente, y en los que ha hallado 183 irregularidades administrativas, entre ellas 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

Sin embargo, la magistrada va más allá y ha ampliado su investigación a todos los expedientes subvencionados por la Junta, incluidos los ERE muertos que el Gobierno ya finalizó de pagar. La investigación de los ERE se inició tras detectar irregularidades en la empresa Mercasevilla. Ahora la policía ha recabado en Barcelona, Sevilla y Jerez la documentación de miles de trabajadores prejubilados en 176 expedientes en las consultoras que han tramitado estas ayudas: Vitalia, que gestionó 120 ERE, y Uniter, encargada de 56 expedientes desde 2001.

La ingente información incluye las pólizas y boletines de adhesión (cuadro de pagos) de los trabajadores prejubilados gracias a las ayudas públicas, unos 25.000 desde 2001 según fuentes de la Junta. "La documentación que deberá intervenirse será toda la relativa a las pólizas de seguros de rentas colectivas (...) que hayan sido financiadas o cofinanciadas por la Junta de Andalucía desde 1999", aclara la juez en un auto del pasado 20 de enero. Sobre la inclusión en los expedientes de los intrusos, un día antes la policía, que ya ha detenido a 15 personas de la trama desarticulada, aclaraba en un oficio: "Gran parte de estos fraudes han sido llevados a cabo por empleados de la compañía mediadora Vitalia".

A pesar de que la juez pida la documentación desde 1999, la fecha clave es 2001, cuando entra en vigor el convenio que regula el fondo para empresas en crisis que la policía considera ilegal. Desde ese año, los beneficios de las consultoras fueron muy altos gracias a unos porcentajes que oscilaron entre el 1% y el 3%, de operaciones con muchos ceros y que en total han sumado 560 millones de euros.

La juez justificó en dicho auto integrar en las diligencias las miles de pólizas: "Esta segunda vía de estos asegurados externos [intrusos] no deja rastro documental en las empresas solicitantes de los ERE, de ahí que resulte imprescindible (...) la documentación relativa a estos hechos que obren en las empresas mediadoras".

Curiosamente, el PP volvió a pedir ayer que la investigación sobre los ERE se extienda a los que ya están caducados. El secretario general popular, Antonio Sanz, aseguró que "queda mucho por investigar" y calificó de "indecencia" el que la Junta dé por finalizada las pesquisas internas.

El Gobierno andaluz mantiene que analizará los que existan "indicios" de irregularidades en los expedientes muertos, es decir, aquellos que ya se han terminado de pagar con fondos públicos, pero lo que no va a hacer es investigar por investigar sin que medie sospecha alguna, informa Lourdes Lucio. Otra cosa será que suministre a la juez toda la información que esta le requiera. La Junta cumplió ayer con el plazo de 48 horas que la magistrada le había dado para enviar más información. Se trata de los informes realizados por la Intervención General dependiente de la Consejería de Hacienda sobre la contabilidad y las actuaciones del Instituto de Fomento de Andalucía (convertido luego en la agencia IDEA) desde 2001 hasta 2009. También le ha enviado el informe de reparos al pago de la subvención a la empresa Hijos de Andrés Molina. Mientras que IDEA ha mandado más documentación sobre el antiguo IFA. Según fuentes del Ejecutivo, se han remitido unos 65.000 folios en soporte informático.

Cuando en una primera entrega de su investigación, la Junta remitió la información en un lápiz de memoria al juzgado, este le reclamó copias en papel.

La juez se centra sobre todo en el procedimiento administrativo seguido para conceder las ayudas. La Intervención emitió informes en 2005, 2006 y 2007 en contra del trámite administrativo escogido (transferencia de financiación de explotación) y opinaba que las ayudas debían gestionarse mediante subvención excepcional. El primero es mucho más rápido de ejecutar que el segundo. El Gobierno asegura que la Intervención no emitió informes de actuación (una especie de alerta roja) porque no hubo menoscabo de fondos públicos y sostiene que hubo un "proceso de mejora continua" en el procedimiento. Por el contrario, la juez considera que hubo un "incumplimiento flagrante" del decreto que regula el régimen de las empresas públicas y que la Junta mantuvo una "actitud pasiva".