Los productores denuncian la llegada masiva de biodiésel extranjero

En España existen 48 plantas de producción de biodiésel, con una capacidad de producción de 4,2 millones de toneladas por año. La mayoría están paradas o a punto de cerrar. Juntas, acumulan una inversión de 1.400 millones de euros y cuatro años de pérdidas. Existen, además, 6.300 empleos vinculados a esas plantas, que están a punto de desaparecer. La causa: importaciones masivas de biodiésel procedente de Argentina y de Indonesia a precios subvencionados contra las que no se puede competir. Ni siquiera la decisión del pasado viernes del Gobierno de elevar el porcentaje de biocarburantes que se debe utilizar en España del 5,8% al 7% de las necesidades energéticas totales en 2011 suaviza el mal momento.

La industria dice que es difícil competir contra precios subvencionados

La voz de alarma y la denuncia por la inacción del Ministerio de Industria proceden de la asociación de productores integrados en APPA Biocarburantes, una treintena de empresas entre las que figuran Abengoa Bioenergía o Acciona Biocombustibles. Su presidente, Roderic Miralles, apela directamente a la secretaría de Estado de Energía para que adopte medidas.

En concreto, APPA solicita que el nuevo secretario de Estado, Fabrizio Hernández impulse el proyecto de Orden Ministerial que se elaboró ya en 2010 y que fue informado de forma favorable por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en diciembre pasado. La orden, paralizada según los productores, contempla la puesta en marcha de un mecanismo de asignación de producción de biodiésel a fábricas comunitarias.

Con ese sistema, vigente durante dos años prorrogable a otros dos más, solo el biocarburante producido en esas fábricas podría ser utilizado para cumplir las obligaciones de biocarburantes en España.

Frente a las acusaciones de los productores, Industria no se pronuncia. No obstante, fuentes oficiales aseguran que, lo que sucede es que el producto que ofrecen las empresas en España es más caro que otros productos que vienen del exterior. Sencillamente, no pueden competir en un mercado libre.

APPA no niega la diferencia de precios, pero sí la causa que convierte al producto argentino o indonesio en un competidor desleal. Según la asociación, la avalancha de biodiésel procedente de Argentina y de Indonesia tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación que aplican ambos países.

Por ejemplo, explican, el Gobierno argentino grava desde hace varios años la exportación de aceite de soja con una tasa del 32%, mientras que el biodiésel producido con la misma materia soporta una tarifa bruta del 20%.

En el caso indonesio, el gravamen sobre la exportación de aceite de palma es del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite solo tiene una imposición del 10%.

Con un consumo de 1,21 millones de toneladas de biodiésel entre enero y noviembre de 2010 (últimos datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productor Petrolíferos), España superó, en consumo de biodiésel (4,8% de la demanda), la obligación específica anual fijada para 2010, que era del 3,9%.

"Nunca hemos pedido al Gobierno medidas proteccionistas", concluye Miralles, "sino simplemente que no se permita la competencia desleal". Según el presidente de los productores, países como Francia, Bélgica, Portugal o Grecia han tomado medidas en la línea de lo que piden al Ejecutivo español.