23-F: el otro aniversario

Hoy se conmemoran dos acontecimientos históricos vinculados no solo por la coincidencia de fecha, sino también por haber frustrado sendos proyectos desestabilizadores: el desmantelamiento del golpe militar de 1981 y la expropiación de Rumasa ordenada en 1983 por Miguel Boyer como ministro de Economía de Felipe González. Pero la suerte actual de ambas amenazas -política la una y financiera la otra- ha sido bien diferente. Mientras las Fuerzas Armadas han asumido lealmente las funciones que le asigna el ordenamiento constitucional, los síntomas del seísmo que está a punto de sufrir la Nueva Rumasa del sempiterno José María Ruiz-Mateos nos conducen al túnel del tiempo.

Las Fuerzas Armadas que sembraron la inquietud entre los demócratas y la esperanza entre los involucionistas tras la muerte de Franco son ahora una respetada institución que participa en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto. La evolución demográfica ha sido determinante para que la cuestión militar haya desaparecido de la agenda política. En 1981, el pasado común de los generales era haber combatido durante la Guerra Civil de 1936 en las filas del llamado Ejército de la Victoria. Por añadidura, los dos grandes protagonistas del golpe militar frustrado, el teniente general Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada, se alistaron en 1941 -como capitán y como teniente respectivamente- en la División Azul, esto es, la División 250 de la Wehrmacht formada por voluntarios españoles que prestaron juramento de fidelidad a Hitler y lucharon contra los aliados en el frente oriental.

Las dificultades de Nueva Rumasa traen a la memoria la expropiación a Ruiz-Mateos el 23-F-1983

La inteligencia y la prudencia de los ministros de Defensa Alberto Oliart, bajo la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo, y Narcís Serra, durante el mandato de Felipe González, para afrontar la resaca del golpe y sentar las grandes líneas de la reforma militar, posibilitaron esa transformación generacional. Y el resuelto apoyo prestado a esas tareas por el Rey, sin cuya decisiva intervención durante la tarde-noche del 23-F el cuartelazo probablemente habría triunfado, resultó decisivo.

Pero la rememoración del 28º aniversario de la expropiación de Rumasa, el 23-F de 1983, no viene acompañada de conclusiones optimistas: por diligentes que hayan sido las instituciones del Estado a la hora de cortar las irregularidades y las estafas financieras, los tiburones siempre vuelven a las aguas de sus depredaciones con el riñón bien cubierto gracias al dinero puesto a salvo de incautaciones judiciales en paraísos fiscales. Si Mario Conde -condenado a prisión tras la intervención de Banesto en 1994- sigue correteando por el circo triste de Intereconomía haciendo el payaso y lanzando veladas amenazas contra el universo, Ruiz-Mateos anunció la pasada semana que una decena del centenar largo de empresas que forman Nueva Rumasa (creada en los años 90) se acogerán a los beneficios del régimen preconcursal para encauzar la suspensión de pagos.

Los datos facilitados por los portavoces de esa opaca agrupación empresarial con caja común, que no constituye legalmente un holding ni ha sido objeto de auditorías independientes, son confusos e inseguros. Los titulares últimos de los activos de las principales compañías de la trama están domiciliados en paraísos fiscales de las Antillas holandesas. Según Ruiz-Mateos, Nueva Rumasa emplearía a 10.000 trabajadores, facturaría 1.500 millones anuales y tendría un patrimonio de 6.000 millones. La deuda bancaria ascendería a 700 millones, a la que se añadirían 45 millones de cuotas empresariales pendientes con la Seguridad Social, una parte de los 140 millones de pagarés emitidos en 2009, sueldos de trabajadores y facturas vencidas de proveedores

Hay razones, sin embargo, para desconfiar de esas cifras: baste con recordar que el folleto de presentación de la primera operación de pagarés emitida en 2009 presumía de un patrimonio de 3.000 millones, dos años después duplicado por arte de magia. Todo suena a ya conocido: la pirámide que se derrumbó el 23-F de 1983. La Seguridad Social y el Royal Bank of Scotland han empezado a embargar bienes de Nueva Rumasa para asegurarse el cobro de sus deudas. Ruiz-Mateos considera "deleznable" que la banca no quiera refinanciar los créditos vencidos, muestra su decepción con el presidente de Banco Santander por no atender a sus llamadas de socorro y denuncia "la bestial campaña" de los medios contra su imperio de papel. Y como patético colofón, anuncia que si las 5.000 personas que suscribieron pagarés de Nueva Rumasa (seducidos por sus elevados tipos de interés o confiados en el esperpéntico prestigio financiero-religioso del ofertante) a pesar de los ominosos antecedentes de la vieja Rumasa y de las siete advertencias disuasorias lanzadas por la CNMV no recuperasen la inversión, solo su acendrada fe católica le impediría suicidarse. Cabe temer, sin embargo, que ni el mismísimo Papa de Roma podría librarle en ese caso de recibir miles de querellas por estafa.