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Columna
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¿A qué se juega?

No cabe la menor duda de que el PP es un partido de gobierno, independientemente de que en estos momentos esté en la oposición. Todos los estudios de opinión indican que tiene una expectativa de voto muy alta y que, si ahora mismo se celebraran elecciones, dispondría de una mayoría clara para formar gobierno.

Justamente por eso, resulta sorprendente y preocupante que se estén produciendo contradicciones flagrantes entre lo que el PP hace y lo que después sus máximos dirigentes dicen que ha hecho. En cuanto surge la más mínima dificultad ante la decisión que han adoptado, reniegan de la misma.

Voy a poner dos ejemplos, que tienen además una gran incidencia en un tema tan central como es el de la estructura del Estado. Me refiero a la ley antitabaco, por un lado, y al uso "de las demás lenguas españolas" (art. 3.2 CE) en el Senado. En el caso de la primera, porque la aplicación de la ley corresponde a las comunidades autónomas y en el segundo por razones obvias.

Respecto de la ley antitabaco, tal como refleja el Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, no cabe duda de que se aprobó con el voto favorable del PP, cuyo portavoz en el debate, Santiago Cervera, tuvo una intervención particularmente entusiasta: "Estamos ante el principal problema de salud pública en España". "Estamos ante una intervención legislativa plenamente justificada". "Estamos defendiendo la libertad del no fumador". La ley de 2005 "se quedaba corta". "Somos también nosotros quienes auspiciamos para la población española un futuro libre de enfermedades generadas por el tabaco".

¿Por qué, entonces, Mariano Rajoy dijo el lunes pasado en entrevista en Radio Nacional que "nosotros no hemos votado esa ley", añadiendo a continuación: "Creo que nuestra posición final fue la abstención"? ¿Es posible que el presidente del PP no recuerde la posición del PP en una ley que se votó hace menos de un mes? ¿O es que, en cuanto han aparecido las primeras protestas de hosteleros y ciudadanos, el presidente del PP se arruga?

Algo similar ha ocurrido con la decisión de posibilitar el uso de "las demás lenguas españolas" en el Senado. En 2005 Vázquez Portomeñe, senador y ex consejero con Manuel Fraga, defendió la posición del PP en el pleno de la Cámara a favor del uso de dichas lenguas: "Desde la óptica de la cooficialidad..., nos parece que no sería cohonestable con una interpretación correcta de la Constitución española y del Estado de las Autonomías el excluir del Senado a estas lenguas que llamamos cooficiales". Ha bastado, sin embargo, que se iniciara una crítica feroz de la medida por parte de los medios de comunicación de la derecha española, para que Mariano Rajoy y otros dirigentes del PP se hayan olvidado de su posición anterior. "Esto en un país normal no se produce" ha dicho el presidente del PP. "Hay otras formas mejores de gastarse el dinero y el sentido común fija que en instituciones comunes se hable la lengua común", ha añadido la portavoz del grupo parlamentario, Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Se les ha olvidado a los dirigentes del PP que la Constitución define al Senado como la Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE)?

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¿A qué se está jugando? La sociedad española se encuentra en una situación muy difícil, en la que sus órganos de gobierno en todos los niveles territoriales van a tener que tomar decisiones que van a tener un coste para quienes las adoptan. Las decisiones tienen que ser adoptadas y de manera inaplazable y el coste de su adopción hay que soportarlo. Esto vale cuando se está en el gobierno, pero también cuando se está en la oposición.

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