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Tribuna:

Canon digital

Seguramente muchos de los que tienen la amabilidad de leerme compran en el supermercado, reservan sus billetes de avión, adquieren las entradas para el cine, el concierto o el teatro, leen los periódicos, reservan mesa en un restaurante y habitación en un hotel haciendo un clic en su ordenador. Hay gente que sigue haciendo esas cosas como se hacían hace 10 años, pero cada vez son más los que usan Internet como una herramienta fundamental para los asuntos cotidianos de sus vidas. Según un informe del BBVA, en el año 2008 eran 11 millones de españoles los que se declaraban usuarios de Internet. Y según el mismo estudio, el 65% de esos usuarios visitan páginas relacionadas con el ocio. La cifra, siendo importante, está aún muy por debajo de lo que constituye la media de los países de la Unión Europea. Tanto es así, que nuestro país ocupa el puesto décimo quinto en el uso de esa nueva tecnología. Puesto que los países más desarrollados son los que más usan ese tipo de tecnología, cabe deducir que sería obligación de los poderes públicos el intentar que nuestros jóvenes, aunque sea a través de las páginas relacionadas con el ocio, se familiaricen cada vez más con ella.

Lo más sensato sería revisar el concepto de propiedad intelectual y derechos de autor en la sociedad de Internet

Los creadores se enfrentan al mismo problema al que se enfrentaron otros

Ya se sabe que cada vez que se habla de esto, surgen voces advirtiendo de los peligros que encierran los ordenadores. Siempre que aparece una nueva tecnología, o siempre que el progreso ordena hacer nuevas cosas, algunos ciudadanos se sienten perjudicados y desorientados por lo que esa tecnología significa para el futuro de sus negocios o de sus formas de ganarse la vida. Cuando goberné la comunidad autónoma extremeña, los ciudadanos nos exigían que Extremadura dispusiera de vías de comunicación propias de finales del siglo XX. Y llevaban razón. Y lo hicimos. Frente a la satisfacción de la mayoría, siempre aparecían voces que se oponían al paso de la nueva carretera o de la moderna autovía por el sitio que habían dibujado los técnicos. Las visitas se acumulaban en mi despacho, fundamentalmente empresarios y comerciantes, que argumentaban sobre los daños medioambientales y ecológicos que esas infraestructuras acarrearían a la región. Eran simplemente excusas que ocultaban la realidad y que no era otra que el hecho de que la carretera en cuestión dejaba de pasar por el centro de sus pueblos y sus negocios se venían abajo. Si se les hubiera hecho caso, la mayoría se hubiera perjudicado y los gobernantes hubiéramos cometido un grave acto de irresponsabilidad deteniendo el progreso.

Esa actitud es la misma que mantiene la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con respecto a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, con el canon digital ylos derechos de autor. Intentan parar el progreso y el avance tecnológico con el argumento de que se acabará la creación artística musical y literaria si no se persigue a los jóvenes que, por primera vez en la historia de la humanidad, pueden acceder a la cultura universal con un solo clic. Pura resistencia a los cambios y a los avances. Nadie sabía qué era Spotify hace cinco años; tampoco sabíamos lo que era iTunes, por la sencilla razón de que hace un lustro eso no existía. Lo que sí sabemos es que tanto Spotify, que permite el acceso a grandes catálogos con anuncios o pagando por cuenta premium, como iTunes, que es una gran biblioteca digital, no existirían hoy, para desgracia de la humanidad, si hubieran tenido que pedir permiso para aparecer en la Red. Ambas cosas, igual que Google o Wikipedia, aparecen porque la Red es libre y porque no tuvieron la persecución que aquí se practica contra los que algunos se empeñan en llamar piratas. La imposición del canon digital contra viento y marea, así como el intento de perseguir a las páginas que permiten descargas desde lnternet, no van a arreglar el problema que tienen planteado aquellos que se resisten a buscar fórmulas nuevas que permitan seguir manteniendo una Internet libre y adaptar su forma de ganarse la vida a la nueva situación.

Los creadores se enfrentan al mismo problema al que se enfrentaron otros gremios cuando las circunstancias y las tecnologías cambiaron. ¿Cómo se protege el derecho del dueño de un bar en un pueblo cuando la carretera deja de pasar por el interior de esa localidad? ¿Y el derecho del fabricante de máquinas de escribir cuando aparece el ordenador? ¿Y el del vendedor callejero de leche de vaca recién ordeñada? ¿Y el del conductor de diligencias cuando apareció el tren? La respuesta puede ser cualquiera menos la de alterar las bases por las que se creó Internet. La Red está basada en la libre circulación de la información que genera una sociedad que funciona a través del intercambio libre de esa información. Si esa información atenta contra la legalidad, ya se encargarán los Tribunales de Justicia de dictaminar la sentencia pertinente. Hasta el momento no ha habido un solo juez que haya dictaminado como ilegal una descarga. La única solución que resta es buscar nuevas fórmulas de adaptación a la nueva sociedad sin tratar de impedir el desarrollo tecnológico y el progreso, cosa que nunca nadie pudo hacer a lo largo de la historia. Si todos los recursos económicos que se han gastado por las sociedades de gestión en sistemas de control, lo hubieran destinado a encontrar nuevas fórmulas, seguramente ahora no estaríamos haciendo ese tipo de preguntas. Las sociedades gestoras de los derechos de autor no pueden contratar a un millón de inspectores para que trabajen velando por la seguridad y el control, pero sí existe un millón de jóvenes que tumban la página web de la SGAE, cada vez que se lo propongan, de una forma legal. Intentar criminalizarles es pretender ignorar el funcionamiento básico de Internet. Los que hicieron Wikipedia por amor al arte, son capaces de hacer cualquier cosa... por amor al arte.

Hasta ahora, todos los sistemas de control han fracasado, por lo que sería más sensato revisar el concepto de propiedad intelectual y derechos de autor en la nueva sociedad digital y dejarse de perseguir a jóvenes a los que se les insulta llamándoles piratas pero a los que, al mismo tiempo, se les estimula con este apelativo para que se adentren en lo que algunos se empeñan que sea la fruta prohibida. Los derechos de autor siempre se han basado en el formato físico (discos, casetes, CD, libros, etcétera). Pero el formato físico ya no es necesario, como no lo son los intermediarios, ni los estuches de plástico, ni los discos, ni las tiendas discográficas, ni el horario limitado de esas tiendas. Es cierto que todo el mundo tiene derecho a vivir de su obra, siempre que no pretendan seguir haciéndolo por derechos de copia, porque en la sociedad digital el formato es innecesario. ¿No sería mejor para todos que lo entendieran de una vez por todas y que se repensara cómo vivir del trabajo creativo sin alterar las bases de la sociedad digital? Es difícil decir cuál debe ser el papel de las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor en el siglo XXI, pero sí es fácil saber cuál no debe ser su papel, es decir, no deben seguir tratando a los ciudadanos como si Internet no existiera y tampoco la sociedad digital. No se puede pretender seguir manteniendo un sistema de relaciones creador-consumidor como ocurría antes, porque eso significa echarse encima a una parte de la sociedad que reacciona sublevándose contra quienes quieren controlarla.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura durante 24 años.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de enero de 2011