EE UU maniobró en la Audiencia para frenar casos

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.

"Se me está acabando la paciencia", advirtió el embajador Aguirre a La Moncloa

Aguirre usó las visitas de políticos de EE UU a España para intentar que los procesos naufragaran

Conde-Pumpido y varios fiscales de la Audiencia comunicaron a EE UU su deseo de cerrar los casos

El Gobierno trasladó a EE UU su rechazo a una investigación judicial sobre Guantánamo

El fiscal Zaragoza dijo a la embajada que intentaría evitar que Garzón se ocupase de Guantánamo

"Es un enamorado de la propaganda (...) No nos hagamos ilusiones", dicen los informes sobre Garzón

"Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU", advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres. Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a EE UU en el cuarto aniversario de la invasión de Irak, como se recoge en los informes "confidenciales" de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007.

El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra "unilateral y al margen de la ONU". Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en EL PAÍS un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. "650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación", argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar. José Blanco, secretario de Organización del PSOE, se había sumado a la idea -"alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y de ese horror", declaró- y el segundo de Aguirre recibió la orden de transmitir al dirigente socialista un aviso "similar" del descontento estadounidense, como se especifica en el documento "confidencial" del día 21.

La preocupación de la embajada por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de EE UU: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.

En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota. Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.

Similares actuaciones se han producido tras la apertura en 2009, también en la Audiencia, de un tercer procedimiento judicial por torturas en Guantánamo. En este caso, además, EE UU ha puesto de relieve la preocupación de Washington por la posible aplicación en España de la "jurisdicción universal" a la hora de enjuiciar crímenes cometidos en otros países. Así se pone de relieve, por ejemplo, en el documento "secreto" redactado el 26 de junio del año pasado con motivo de la visita a Madrid de Janet Napolitano, fiscal general de EE UU, ya con Alan D. Solomont como nuevo embajador nombrado por la Administración Obama: "Un tema reciente e irritante en las relaciones bilaterales se refiere a los esfuerzos de algunos jueces que invocan la jurisdicción universal para procesar a ex altos cargos del Gobierno de EE UU por su presunta implicación en torturas en Guantánamo".

En los tres casos judiciales ha habido colaboración de fiscales españoles con la embajada, siempre según los informes de la legación. A veces han informado con celeridad a la embajada de que pedirían el archivo de las causas, como hizo el fiscal Zaragoza el 14 de mayo de 2007 para anunciar al consejero político que se había opuesto al procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de la muerte de Couso dictado por el juez Santiago Pedraz dos semanas antes. La noticia de tal recurso no apareció publicada hasta el 19 de mayo en varios periódicos, que coincidieron en asegurar que tal apelación la había presentado el fiscal Jesús Alonso el día anterior.

Zaragoza se reunió en su propio despacho con dos altos cargos de la embajada el 14 de abril del año pasado (cable "confidencial" del 17 de abril de 2009) para explicarles las claves del caso de Guantánamo. La noticia de ese encuentro, que se produjo solo tres días después de conocerse la existencia de la demanda, fue publicada en EL PAÍS el 18 de abril de ese año bajo este titular: "El fiscal rechaza investigar Guantánamo tras hablar con EE UU". La fuente era la cadena de televisión Cuatro.

En enero de 2007, el fiscal Vicente González Mota (considerado "estrictamente protegido" en esta mención) informó con antelación al agregado jurídico de la embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del CNI sobre vuelos de la CIA porque estaba convencido de que en los mismos no había nada "incriminatorio" (informe "confidencial" del 1 de febrero de 2007).

Acertó González Mota, entre otras cosas porque esos documentos llegaron a la Audiencia unas semanas después llenos de tachaduras, como publicó EL PAÍS el 12 de marzo de ese año. Ese comentario atribuido al fiscal se produjo una semana antes de que el Consejo de Ministros acordara desclasificar los informes del CNI que fueron enviados a la Audiencia. Esa decisión del Gobierno se produjo el 9 de febrero de 2007.

En otros momentos, y siempre de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la embajada, los fiscales explican a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces. El 14 de abril del año pasado, el fiscal Zaragoza telefoneó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno. Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes (informe "no clasificado, solo de uso oficial" del 5 de mayo de 2009). La amenaza de Zaragoza quedó reflejada en EL PAÍS el 30 de abril de 2009, el día siguiente a la decisión de Garzón de abrir su propio caso sobre Guantánamo, en una información que concluía: "Fuentes de la Audiencia criticaron ayer la decisión de Garzón por considerar que en los últimos cinco años no investigó las torturas" que le había denunciado un preso de Guantánamo en 2004.

"No es fácil imaginar a este enamorado de la propaganda que es Garzón desconectado de la máquina de hacer titulares de prensa a menos que se le obligue a hacerlo", agregaba el diplomático americano autor de ese documento.

En un cuerpo tan jerarquizado como el del ministerio fiscal, Zaragoza estaba en línea con su máximo jefe, Cándido Conde-Pumpido. En un informe "confidencial" de la embajada fechado el 26 de enero de 2007, se cuenta que el embajador Aguirre y su adjunto se habían entrevistado el día anterior con el fiscal general "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EE UU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa". El documento añadía que Conde-Pumpido ("estrictamente protegido" en esta cita) les dijo que el Gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa. La orden de detención había sido dictada tres días antes por el juez Santiago Pedraz.

Medio año después, el 18 de julio, Conde-Pumpido dijo al embajador Aguirre que él deseaba el archivo del caso Couso (documento "confidencial" del 19 de julio de 2007) y añadía: "En cuanto a los vuelos de la CIA, dijo que el caso continúa a su ritmo, pero que no cree que aporte ninguna sorpresa". El año pasado, y con respecto a la causa sobre Guantánamo, Conde-Pumpido declaró públicamente el 16 de abril que él no apoyaría la causa abierta por las torturas en esa base americana.

En febrero de 2007, la propia embajada hace el siguiente balance sobre los peligros que ve para el caso de los vuelos de la CIA: "Estamos menos preocupados por la importancia inmediata que tenga cualquier información desclasificada por el CNI o Defensa que por la aparente coordinación existente entre el juez Moreno (el instructor) y los fiscales alemanes del caso El-Masri (el alemán de origen libanés secuestrado por la CIA y que presuntamente pasó por el aeropuerto de Palma)". "Esta coordinación entre fiscales independientes complicará nuestros esfuerzos para que este asunto se gestione discretamente de Gobierno a Gobierno" (informe "confidencial" del 1 de febrero de 2007).

Conde-Pumpido explicó ayer así a EL PAÍS sus relaciones con el embajador Aguirre: "La Fiscalía General del Estado siempre ha mantenido una buena relación con la embajada de EE UU. Desde hace años tenemos un equipo conjunto con la fiscalía de EE UU que se reúne una vez cada seis meses para intercambiar información. Dentro de ese esquema de colaboración, y en ese contexto, a veces se han interesado por alguna información y nosotros se la hemos dado. Esa información siempre ha correspondido a la posición jurídica de la Fiscalía que ya figuraba en el procedimiento, era pública y se había expresado por escrito. Siempre fue a petición suya y se la ofrecimos como una información más y en ningún caso como una información reservada pues era la posición jurídica de la Fiscalía, que en el caso Couso consistía en que entendíamos que no había base para seguir adelante con el procedimiento. Así se lo trasladé. También le trasladé la necesidad de que el Gobierno de EE UU respondiera a las peticiones de información del juez porque, de lo contrario, le advertí que la respuesta del juez podría ser negativa para los intereses que ellos defendían. El embajador Aguirre me dijo que transmitiría ese mensaje".

La embajada también mantiene contactos con jueces españoles, aunque en los informes secretos figuran escasas referencias. Se recoge, por ejemplo, un encuentro en Madrid del director del FBI, Robert Mueller, con el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, el 9 de mayo de 2005. "Del Olmo", señala el informe "confidencial" fechado tres días después, "puede participar en el futuro en importantes investigaciones sobre terrorismo, lo que hace de él un importante contacto que merece la pena cultivar". De hecho, le preparan una visita a EE UU.

Los documentos también reflejan un encuentro del embajador Aguirre con Garzón el 14 de diciembre de 2007. El informe "confidencial" al respecto, redactado el 21 de diciembre de ese año, está encabezado con esta frase: "Encuentro del embajador con el famoso y controvertido juez Baltasar Garzón". Garzón aconsejó al embajador en esa entrevista, según el documento, que contactara también con otros jueces de la Audiencia como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan Del Olmo.

El consejero jurídico, señala ese mismo informe, "ha intentado profundizar en las relaciones con los seis magistrados de la Audiencia con diferente grado de éxito". La nota incluye estos comentarios sobre Garzón: "Es una figura controvertida cuya ambición y afán de notoriedad no tiene rival". "No nos hacemos ilusiones sobre el tipo con el que estamos tratando", añade.

Las conexiones de la embajada con los fiscales de la Audiencia para tratar asuntos sensibles para EE UU han ido en paralelo a las mantenidas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y los altos cargos de Exteriores Ángel Losada, ex secretario de Estado; Agustín Santos, ex jefe de Gabinete de Moratinos; o los directores generales Luis Felipe Fernández de la Peña o José Pons han sido algunos de los interlocutores del embajador y de sus colaboradores.

El primer colaborador de Aguirre, por ejemplo, llamó el 31 de marzo y el 1 de abril de 2009 a Agustín Santos y a Aurora Mejía, directora de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio de Justicia, para trasladarles la opinión de EE UU sobre la apertura en la Audiencia del caso de torturas en Guantánamo. "El adjunto al embajador les puso de relieve que el asunto era muy grave para el Gobierno de EE UU y les pidió que tuvieran informada a la embajada de cualquier novedad" (informe "confidencial" del 17 de abril de 2009).

Dentro de la misma estrategia, el Gobierno de EE UU utiliza las visitas oficiales de personalidades del país para influir en los procesos judiciales abiertos en la Audiencia. Los senadores estadounidenses Judd Gregg y Mel Martínez llegaron a España, por separado, solo dos semanas después de abrirse la causa de Guantánamo. Ambos fueron explícitos en sus protestas en los encuentros que mantuvieron en Exteriores. Martínez espetó el día 15 de abril de 2009 al entonces secretario de Estado Ángel Lossada que esa investigación judicial "no sería entendida ni aceptada en EE UU y que tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales" (informe "confidencial" del 17 de abril de 2009).

Losada respondió al senador que "el Gobierno español comunicaría a Conde-Pumpido que la postura oficial de la Administración era que el Gobierno no estaba de acuerdo con la Audiencia" en la causa por torturas en Guantánamo. Dos días después de esa entrevista, el fiscal general declaró públicamente que la causa abierta era "fraudulenta".

Un mes más tarde, y en un documento "confidencial" fechado el 14 de mayo, se informó de que el fiscal de la Audiencia había recurrido la acusación de "crímenes contra la comunidad internacional" contra tres militares estadounidenses por el caso Couso y añadía: "El adjunto al director general de Política de Defensa comunicó la semana anterior a la embajada que su ministerio apoya totalmente la posición oficial norteamericana".

En la primavera de 2007, y dentro de los preparativos para la visita a España de Condoleezza Rice, la legación diplomática le envió con antelación un documento fechado el 25 de mayo de ese año en el que advertía a la entonces secretaria de Estado: en el encuentro que tendrá el 1 de junio con Moratinos, "usted debería destacar la constante preocupación del Gobierno de EE UU sobre la causa abierta contra tres militares acusados de crímenes de guerra por la muerte del cámara español José Couso en el Hotel Palestina en 2003 [Rice y Aguirre negaron en público haber tratado el problema en sus entrevistas con Moratinos o Zapatero]. Queremos una continua vigilancia y cooperación por parte del Gobierno español hasta que el caso sea archivado".

El documento destacaba que el Gobierno español estaba ayudando en el caso Couso. El 30 de abril, Aguirre se vio con la vicepresidenta Fernández de la Vega, quien, tras destacar la independencia de los jueces, "le aseguró al embajador que ella estaba muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestaban atención los más altos cargos del Gobierno español" (informe "confidencial" del 14 de mayo de 2007). De la Vega señaló al embajador que "una de las opciones que se estaba sopesando era la de presentar un recurso" (informe "no clasificado" fechado el 11 de mayo de 2007).

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió el 7 de febrero de 2007 en una sesión de control en el Congreso que el Gobierno facilitaría a la Audiencia "toda la información" sobre los vuelos de la CIA y que el Ejecutivo tenía "la mayor voluntad y disponibilidad de colaboración con la justicia". Fue dos días después cuando el Consejo de Ministros decidió desclasificar los documentos del espionaje español sobre el caso. El CNI, dependiente de Defensa, remitió media docena de documentos. No solo estaban llenos de tachaduras -se habían borrado hasta los nombres de hoteles de Palma donde se hospedaban los americanos de paso hacia Guantánamo-, sino que se limitaban a analizar viejas informaciones de prensa sobre el tema. En un documento se precisa que no hay dato alguno "que suponga vinculación directa de los aviones con organismos oficiales de EE UU". O sea, que el CNI descartaba a la CIA.

Tras la protesta del embajador Aguirre a La Moncloa a través del embajador Casajuana, este le devolvió la llamada la noche de aquel 21 de marzo de 2007 para transmitirle el contenido de su conversación con Zapatero. "Dijo que Zapatero entiende las preocupaciones del Gobierno de EE UU y que intentará aportar moderación a los dirigentes del PSOE. Zapatero agregó que apreciaba los esfuerzos del Gobierno de EE UU para permanecer al margen del debate político y que trabajará para que EE UU siga fuera de ese debate. En definitiva, el mensaje es que Zapatero no echará leña al fuego" (informe "confidencial" del 23 de marzo de 2007).

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