Farjas esquivó por 14 días el filtro del Gobierno al nuevo hospital de Vigo

El proyecto del nuevo hospital de Vigo esquivó el filtro del Ministerio de Economía y Hacienda por anticipar 14 días su licitación, el pasado mayo. Su modelo de financiación está en el ojo del huracán de la crisis que el Gobierno quiere controlar, en concreto la incidencia del endeudamiento de las Administraciones en las grandes cuentas del Estado. Ahora se retrasa la adjudicación de la obra. En la Consellería de Sanidade quitan toda relevancia al aplazamiento sine die de la mesa de contratación que debería haberla adjudicado el pasado jueves. En lo inmediato, la demora se atribuye a que la Xunta y la consultora contratada para elegir al adjudicatario no acaban de conciliar sus criterios y a la incógnita del nuevo concierto con el Hospital Povisa. La plataforma que defiende el sistema público requiere a su vez a la Xunta, cifras en mano, para que reconduzca una política sanitaria que lo lleva a la privatización y a la quiebra.

El propio Montoro asigna el deber de vigilar al Gobierno de España

El Boletín Oficial del Estado publicó el 24 de mayo el Real Decreto con las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Este decreto establece la necesidad de un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía y Hacienda para determinar las repercusiones presupuestarias y la incidencia en el déficit de las fórmulas de contratación PPP (partenariado público-privado). El PFI usado para el nuevo hospital de Vigo es una variante. "Estas modalidades contractuales pueden representar un considerable impacto a largo plazo sobre las cuentas públicas", señala el decreto. "El órgano de contratación deberá proporcionar información completa acerca de los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, incluyendo los mecanismos de captación de financiación y garantías que se prevea utilizar durante toda la vigencia del mismo". Afecta a todos los contratos PPP que excedan los 12 millones de euros. El de Vigo costará unos 860 millones corrientes.

Su licitación (por 1.168 millones de euros sin IVA) fue publicada por el Diario Oficial de Galicia el 10 de mayo. Pero si esa anticipación en 14 días sustrae el proyecto a la obligación formal de informe normativo, "el Ministerio de Hacienda está en España para vigilar, el límite lo establece el Gobierno de España", afirmó el propio Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda y gurú económico del PP, en una entrevista concedida a TVE el pasado 5 de octubre, en la que considera que las fórmulas PPP son caras y defiende su vigilancia por el Gobierno.

Montoro responde en relación con la deuda del Ayuntamiento de Madrid, pero su criterio no deja lugar a dudas: "Los límites de la deuda de cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma los vigila el Gobierno de España. Ningún gobernante de España tiene capacidad para endeudar a su ciudad o a su comunidad autónoma según entiende ese gobernante". Los defensores del sistema público sanitario también entienden que el Gobierno debería de intervenir en el proyecto de Vigo. Por su contribución (71 millones) al canon anual total (300 millones) que la Xunta deberá pagar por los modelos PFI de Vigo y que prevé aplicar, ya con informe del Ministerio de Hacienda, al nuevo hospital de Pontevedra y a 19 centros de atención primaria.

Los informes de la Plataforma Galega pola Defensa da Sanidade Pública, realizados por profesionales del Sergas de distintas categorías con la colaboración de economistas de las universidades de Vigo y Santiago, concluyen que las fórmulas PPP han fracasado en Reino Unido y en Madrid por su carestía y "deterioro alarmante" de la asistencia, con mermas relevantes de personal y equipamiento. "Es menos eficiente y mucho más caro que el modelo SPI [de la Xunta bipartita] alternativo", insisten. "Y una vez iniciada la construcción, se modificará el plan funcional y el proyecto arquitectónico, disminuyendo calidades y volumen de la obra", auguran.