La flexible mano dura con la inmigración

El Partido Popular (PP) conoce bien los riesgos que entraña el discurso con tintes xenófobos del equipo de Alicia Sánchez-Camacho. Probablemente por ello los de Mariano Rajoy solo agitan esta bandera en las comunidades donde no gobiernan ni prevén hacerlo a corto plazo. Cataluña es el mejor ejemplo. El PP catalán es el único que utiliza continuamente la inmigración como principal baza electoral. Eclipsado su discurso económico por Convergència i Unió y con Ciutadans y el partido de Rosa Díez pisándole los talones en su cruzada lingüística, la crítica a la inmigración es el único asunto que le garantiza titulares a diario en tan disputada campaña.

En los últimos seis meses, las ideas del PP catalán sobre inmigración han copado incontables minutos de televisión con la batalla de su concejal de Badalona, Xavier García Albiol, contra los gitanos rumanos. La polémica por el empadronamiento de inmigrantes, en la que el PP ha rivalizado con CiU, ha acabado de sentar el discurso de Sánchez-Camacho para las elecciones autonómicas. El pasado domingo, Alberto Fernández Díaz puso la guinda rescatando su receta de exigir a los inmigrantes un certificado de "buena convivencia" antes de renovarles el permiso de residencia. Además propuso cerrar el acceso de los inmigrantes a la vivienda social subiendo hasta 10 años el tiempo mínimo de residencia para solicitar un piso. Ahora cinco años son suficientes.

Sánchez-Camacho dice contar con el beneplácito de la dirección nacional

El partido propuso pedir un certificado de convivencia a los inmigrantes

El PP catalán asegura que tiene el apoyo de la dirección nacional del partido en esta batalla. Ciertamente, ni Mariano Rajoy ni ningún dirigente de primera fila lo ha desautorizado abiertamente. Han preferido mantener una calculada ambigüedad en todo momento. Pero también es cierto que ni el PP de Valencia ni el de Madrid, los dos grandes feudos conservadores, se han sumado al discurso de Camacho. Es más, destacados dirigentes populares de estas comunidades se han desmarcado de polémicas como la de sacar del padrón a los inmigrantes en situación irregular. "Las leyes están para ser cumplidas", dijo Esperanza Aguirre cuando fue preguntada, hace unos días, por la polémica precampaña popular en Cataluña.

En Madrid, Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, presentó batalla contra el empadronamiento de inmigrantes en línea con el alcalde de Vic, Josep M. Vila d'Abadal, de CiU. Pero retiró las medidas de endurecimiento ante la presión mediática y de la dirección de la calle de Génova. En la comunidad, solo el pequeño pueblo de Robledo de Chavela aplica mano dura y, de forma irregular, lleva sin empadronar a inmigrantes en paro desde 2008. Su alcalde, Mario de la Fuente, desoye las críticas de la oposición y hasta del Defensor del Pueblo. Mientras, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, admite la irregularidad, pero apela a la autonomía local y no actúa.

Basta una ojeada a los programas electorales que el PP de Madrid y Valencia presentaron en las últimas elecciones autonómicas para ver la distancia que separa el discurso del PP donde gobierna del que esgrime donde no lo hace. Los programas valenciano y madrileño están repletos de declaraciones de buenas intenciones que podría firmar cualquier partido de la izquierda, con promesas de aumento de los recursos para la inserción de los inmigrantes, centros de acogida y políticas de empleo para estos colectivos.

En cambio, el discurso catalán se empecina en la mano dura y en recortar derechos. Juegan, además, con aspectos que no aparecen en el programa electoral pero que tienen gran carga simbólica, como el ya célebre folleto del PP de Badalona con la fotografía de una pancarta que reza: "No queremos rumanos".

La distancia de ambos discursos se vio claramente el pasado enero. Mientras que el PP catalán se alineaba con las tesis restrictivas sobre el padrón de inmigrantes, el portavoz del PP valenciano hablaba en sentido contrario. "Sí al padrón, aunque con más dinero", aseguró el consejero valenciano de Inmigración, Rafael Blasco.