'Los emilios' cierran el súper

Los cabecillas del conocido como el clan de los emilios se enfrentan a partir del próximo lunes a nueve años de cárcel. El fiscal tratará de demostrar en el juicio, que comenzará en dos días en la Audiencia Provincial, que José Ramón J. B., Francisco J. B., Emilio J. F., Ángela F. F., María F. S., Vanesa J. F. y Víctor Augusto D. M. regentaban un auténtico supermercado de la droga, que suministraba sus dosis a unos 250 toxicómanos al día.

La operación de la Policía Judicial se inició el 24 de noviembre de 2008. Fue en esa fecha cuando los agentes comprobaron que centenares de toxicómanos acudían a diario a una parcela ubicada en el poblado de la Cañada Real Galiana de Valdemingómez en busca de drogas, principalmente cocaína. La investigación que pusieron en marcha los responsables del Grupo 14 de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) pone de manifiesto, tal y como recoge la acusación de la Fiscalía, que en esta parcela del poblado se vendían desde las ocho de la mañana y hasta bien entrada la noche grandes cantidades de drogas. Como si de un horario comercial se tratara. De hecho, los miembros del clan habían construido en el interior del terreno, en el que había cuatro viviendas, un quiosco, dependencia que utilizaban para vender la cocaína.

Cuatro miembros del grupo están acusados de agredir a los policías

La policía investigó durante cuatro meses la venta de estupefacientes

La parcela la custodiaba Augusto D. M., un colombiano con antecedentes penales, que solo permitía la entrada a los compradores tras recibir las órdenes de los machacas, que también están acusados, y cuyo cometido era el de vigilar desde el exterior a los potenciales clientes del clan, compuesto en su mayor parte por miembros de una misma familia.

El modus operandi de los miembros del clan no dejaba nada al azar. Los hombres del grupo que se encontraban en el exterior de la parcela también eran los encargados de captar a los toxicómanos. Muchos de ellos llegaban en las llamadas cundas, vehículos que se encargan de trasladar a los consumidores hasta la Cañada Real.

Una vez franqueada la puerta, uno de los miembros del clan les acompañaba al interior del patio por la única entrada. Dentro había otra persona de la organización, que, tras cerrar convenientemente la puerta, les indicaba a los consumidores que acudieran al quiosco.

En esta dependencia el intercambio lo efectuaban las mujeres que, en el caso de una intervención policial, se desprendían de la droga tirándola por el retrete, o dentro de una estufa que tenían permanentemente encendida o en cacerolas con aceite hirviendo. Todo para evitar ser detenidas con las sustancias ilegales. Una vez realizada la venta, los toxicómanos abandonaban la parcela por el mismo portón de entrada.

Los miembros del clan manejaban en el quiosco escasas dosis de droga que iban reponiendo progresivamente, en tanto que otras acumulaban cantidades grandes de sustancias estupefacientes y el dinero obtenido del tráfico. De esta forma, minimizaban los robos de los toxicómanos o las consecuencias de una intervención policial.

El 26 de febrero de 2009 los agentes registraron, tras recibir la pertinente autorización judicial, la parcela, deteniendo en total a 16 personas, de las que finalmente siete han sido acusadas de un delito contra la salud pública. Otras cuatro más están inculpadas de un delito de atentado contra la autoridad por lanzar piedras, sillas plegables y una pala a los agentes que se encontraban en el interior. Como resultado de estos actos un policía sufrió el impacto de una piedra, y los vehículos policiales presentaron diversos desperfectos valorados en más de 4.500 euros. En la operación se decomisaron numerosas sustancias estupefacientes, que habrían supuesto unos 160.000 euros de beneficios para el clan, además de 300.000 euros en billetes. Los policías se incautaron además de ocho vehículos de alta gama, numerosas joyas, una pistola simulada y munición de plástico.

Gran parte de las ganancias generadas por el tráfico de estupefacientes se encontraban en un domicilio que la organización poseía en la localidad de Torrejoncillo, de la que eran originarios los principales miembros del clan. Dicha vivienda era propiedad de dos de los acusados en el juicio que desde el próximo lunes se celebrará en la Audiencia Provincial.