Argentina reabre la causa por los crímenes franquistas

La justicia argentina reabrió ayer la causa por los crímenes del franquismo. La Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal ha declarado nulo el auto de la juez María Romilda Servini de Cubría por el que se archivó la querella por genocidio presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires por familiares de desaparecidos y represaliados españoles y las diez organizaciones de derechos humanos más importantes del país.

El auto asegura que la decisión de la juez Servini de Cubría de cerrarlo "carece de fundamentación y de sustento en el ordenamiento procesal vigente". Además, recuerda que el fiscal obtuvo "de Internet" la argumentación por la que decidió no apoyar la causa y que motivó que la juez decidiera archivarla, esto es, que en España ya se había abierto "una investigación penal con idéntico objeto".

Por todo esto, añade, es "atinada" la petición de los querellantes de que se libre exhorto por la vía diplomática para que el Gobierno español informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de su eliminación física llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

Derecho a la justicia

El hecho de que el fiscal no apoye una causa no debería implicar su cierre automático porque no se estaría garantizando "el derecho a la tutela judicial efectiva", se lee en el auto. La primera razón por la que un Estado debe perseguir un delito, explica el juez, es "su obligación de garantizar (...) el derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en el que se establezca la existencia o no de la violación a su derecho, se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes". Un argumento similar utilizó el juez Baltasar Garzón en el recurso que presentó contra su procesamiento por la investigación de los crímenes del franquismo.

Beinusz Szmukler, abogado de los querellantes, asegura que España no podrá decir que ya hay una causa abierta por genocidio franquista porque sería mentira. Está convencido de que la juez que dio carpetazo a su caso hace cuatro meses tiene ahora más difícil volver a hacerlo.