Profesores universitarios cargan contra la exigencia del catalán

Catalán en la Universidad sí, pero sin exigencias y en convivencia con otras lenguas como el castellano y el inglés, como ocurre ahora en las universidades catalanas. Esa es la opinión de varios profesores consultados ayer, que criticaron que el Gobierno catalán quiera exigir como requisito tener un título con nivel de catalán. Similares críticas lanzaron desde el Partido Popular y la formación de Rosa Díez, quien calificó la medida de "ataque a la libertad". La Generalitat estudia pedir el nivel C -un grado alto, ya que la escala va de la A a la D- para impartir clases, aunque el consejero Francesc Baltasar, ayer en funciones de portavoz, aseguró que aún no está decidido.

"Doy las clases en catalán y quiero a Cataluña. Pero no haré ningún examen de catalán", aseguró el profesor de la Pompeu Fabra Xavier Sala i Martín en un apunte en su perfil de Facebook, informa Europa Press. Este profesor afirmó que dejará de dar clase en la Pompeu Fabra (UPF) si debe hacer un examen de catalán. "Hace 25 años que doy clases en inglés en la universidad americana [imparte docencia en Columbia] y aún es la hora de que tenga que hacer un examen para acreditar mi nivel de inglés". Sala i Martín agregó que el presidente de la Generalitat, José Montilla, "no ha pasado el examen que ahora exige a todos los profesores". Para este profesor, "lo que hay que hacer es captar talento y buscar a los mejores profesores, independientemente de su nacionalidad. Autoimponer una barrera lingüística es de locos".

Rosa Díez reclama al Gobierno que frene una medida que "ataca la libertad"

La obligación de acreditar el catalán se aplicará sobre los nuevos profesores, nunca sobre los actuales, y sobre los contratados temporalmente, como los asociados, cuando les toque renovar sus contratos. Se considera un periodo de al menos dos años, para que puedan certificar el dominio de la lengua, aunque aún no se ha concretado este plazo. Profesores visitantes y eméritos quedarán exentos. Además, las universidades podrán hacer excepciones y apoyan la medida siempre que tengan margen de maniobra para captar profesores. Aun así, algunos profesores numerarios hablan de "absurdo", y de "medida endogámica" cuando no de "infinita tontería".

"Es una medida absurda para los profesores y los alumnos", opinó Ramon Franquesa, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona (UB). "Doy las clases en catalán pero no hay que imponer nada, aunque es recomendable que el profesor entienda al alumno en catalán. La medida puede acentuar la endogamia. Habría que dar más clases en inglés", añade.

Otro catedrático, Ferran Ferrer, de Educación Comparada en la Autónoma de Barcelona, confiesa: "La intervención de la Administración no me gusta. Parece una forma de atraer votos". "El catalán debe ser un mérito pero nunca un requisito para dar clases", opina Norbert Bilbeny, catedrático de Ética y Filosofía.

Para el rector de la UPF, Josep Joan Moreso, la exigencia de dominar el idioma no debe ser un requisito de entrada. "Lo hemos hablado con la Generalitat y lo acepto si no se pide el nivel de catalán para acceder al puesto, sino pasado un tiempo y se está hablando de dos años. Tenemos que hacer compatible la presencia del catalán en la Universidad con la apertura al mundo".

El anuncio del Gobierno causó gran malestar en la oposición. El portavoz de Universidades del PP, Luis González tachó la medida de esquizofrénica, arriesgada y poco meditada y aseguró que va en contra de la Constitución. "Esta decisión me parece un poco fuerte", manifestó. Para Rosa Díez, diputada de Unión, Progreso y Democracia, la exigencia significa "un nuevo ataque para la libertad, la competitividad y la calidad" del sistema universitario. Además, reclamó la intervención del Gobierno para frenarla.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, del PSC, salió en defensa de pedir el catalán a los profesores que deseen formar parte de la plantilla estable de la universidad, ya que se trata de la lengua vehicular de la enseñanza. No obstante, reclamó que el proyecto no frene la llegada de catedráticos que quieran impartir clases magistrales.