El rescate en la montaña cuesta

Cientos de senderistas, expertos o turistas aventureros se lanzan cada año a explorar los montes y sierras andaluzas. La escasa preparación, el infortunio o las imprudencias acaban en algunos casos en llamadas de socorro que ponen en marcha un dispositivo de búsqueda y rescate que, además de vehículos y helicópteros, incluye a un gran número de personas que arriesgan su vida para salvar la de otros.

Haciendo cuentas, algunas comunidades como Cataluña, Cantabria o Asturias han puesto precio a los rescates y han promulgado leyes que contemplan pasar la factura en aquellos casos en los que se trate de imprudencias. El debate se ha extendido a otros puntos de España, pero la Junta andaluza se desvincula del asunto: "La vida de las personas se antepone a cualquier coste económico", asegura un portavoz autonómico. El Gobierno andaluz dice no disponer del dato del coste de los salvamentos.

El balance desde enero es de cuatro muertos, 12 heridos y un desaparecido

El jefe del equipo de montaña de la comandancia de la Guardia Civil de Álora (Málaga), Salvador Morales, asegura que el gasto y el riesgo humano son "incalculables", pero cree que, al no existir la amenaza de pasar la factura, la gente no se preocupa por contratar un seguro o por evitar riesgos. "Piensan que si tienen algún problema llaman al 112 y se les va a buscar, total como parece que es gratis", se queja.

Y nada más alejado de la realidad. Pedro Partal, responsable de seguridad de la Federación Andaluza de Montañismo, que tiene entre 8.000 y 9.000 federados -que cuentan con seguro en caso de accidente-, explica que una hora de vuelo de un helicóptero de la Guardia Civil cuesta 1.000 euros, un gasto que hasta puede multiplicarse por cinco en caso de que sea necesario movilizar a los helicópteros del GREA (Grupo de Rescate Andaluz) o a los medicalizados del 061.

En Andalucía, desde el pasado mes de enero, los servicios de emergencias han actuado en 23 sucesos en las sierras de la comunidad, 20 de ellos con helicópteros, con un balance de cuatro fallecidos, 12 heridos, seis perdidos y un desaparecido.

Aunque no es fácil ponerse de acuerdo sobre un posible cobro de los rescates por la dificultad de diferenciar entre un accidente y una imprudencia, Morales, que lleva años trabajando en rescates, asegura que hay gente que no está preparada para salir a la montaña y que por una simple fatiga solicita que se le suba un helicóptero o personas que se tuercen un tobillo y que una vez que son asistidas se van andando a su casa. "Medidas como la de Cataluña sirven para concienciar a la ciudadanía de que no se pueden malgastar los recursos", advierte.

Para concienciar o no, lo cierto es que desde que entró en vigor la ley que contempla cobrar los rescates por imprudencias en octubre de 2009, la Generalitat todavía no ha cobrado ni uno. Sin embargo, la factura informativa sí llega a todos los rescatados. Y esta es para echarse a temblar. La hora de trabajo de un bombero supone 31,26 euros, un vehículo todoterreno sale por 40,65 euros y un helicóptero cuesta 2.363,29 euros a la hora. Las cifras en Cantabria son similares: una dotación de emergencias a la hora son 327,91 euros y una hora de vuelo de helicóptero 1.639,57. En Asturias, el establecimiento de unas tasas sobre los rescates se aprobó en diciembre de 2009 y, con un afán más disuasorio que recaudatorio, según explican desde el Gobierno autonómico, la medida ha dado resultados y la cifra de sucesos se ha reducido. El año pasado, a 24 de agosto, se habían llevado a cabo 154 rescates y este año, a la misma fecha, se realizaron 94, una disminución del 39%.

"Se ha observado que la gente comete menos imprudencias y negligencias, de tal forma que hacen caso a las alertas meteorológicas y salen perfectamente equipados", apuntan desde el Gobierno asturiano que, como en Cantabria y Cataluña, pese a la implantación de la norma, aún no ha cobrado ni un solo rescate.

La Comunidad Valenciana también ha tomado cartas en el asunto y la implantación de las tasas para cobrar los rescates ya solo debe pasar por las Cortes para su ratificación. El debate está en la agenda de Castilla y León y está en estudio en el País Vasco.