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Ola de incendios

La nueva vieja política antiincendios

El Gobierno de Feijóo mantiene el dispositivo contraincendios que criticó al bipartito

El cambio de Gobierno en la Xunta el pasado año auguraba un nuevo rumbo para la política antiincendios de Galicia. El por entonces líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo criticaba la creación por parte de la Consellería de Medio Rural, en manos del nacionalista Alfredo Suárez Canal, de la empresa pública Seaga para luchar contra los incendios forestales. Feijóo la metía entonces en el saco de las "redes clientelares" del BNG junto al Consorcio Galego de Servizos Sociais y las galescolas. El pasado año el Gobierno de Feijóo accedió a la Xunta en abril, casi sin tiempo para preparar los cambios, por lo que mantuvo el 95% del dispositivo. El nuevo presidente prometía entonces un "replanteamiento logístico" que apenas se vislumbra tras dos veranos al frente del servicio antiincendios.

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El titular de Medio Rural, Samuel Juárez, asegura que los cambios son de organización y suponen "modificaciones importantes" respecto a 2008 sin dar más detalles sobre esas novedades, pero las organizaciones sindicales insisten en que "no ha habido cambios sustanciales". Para el presidente del comité de Medio Rural, Juan Carlos Rivas del sindicato CSIF, son irrelevantes hasta el punto que "no vale la pena ni nombrarlos". "Se puede hablar de más o menos gente contratada, pero no es nada significativo". 15 son los brigadistas que gana el dispositivo este año, mientras que en 2009 el operativo que dejó preparado Suárez Canal sumó 200 trabajadores más. Desde la sección Autonómica de la CIG, Fernando García carga también contra la empresa pública: "La descoordinación es bestial". La Xunta admitió en septiembre de 2009 que pretendía "reformular" Seaga, pero, por ahora, la empresa pública continúa sin cambios.

El operativo contraincendios de Juárez que recoge el Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga) que la Xunta publica cada año calca la estructura de organización del año anterior. "Es una copia, todos los años lo mismo", confirma García. Las bases aéreas, las zonas de alto riesgo, los detalles sobre la equipación se repiten y apenas se encuentran cambios en los puntos de vigilancia fija, que se reducen en A Coruña y Pontevedra. Era precisamente el sistema de vigilancia por donde pretendía avanzar la política del bipartito. El entonces director general de Montes, Alberte Blanco, buscaba crear un sistema de alerta rápida "tecnológicamente avanzado para llegar cuando antes a donde se está produciendo el fuego. Eso es vital". "Eso no existe en este momento y es más rentable que aumentar 40 o 50 brigadas. Más que incrementar el dispositivo hay que optimizarlo en rapidez", indica. Blanco, aunque sin conocer los cambios internos, reconoce su operativo: "Esencialmente es el mismo".

En total, 6.070 personas trabajan este verano contra los incendios en época de máximo riesgo distribuidas en 657 cuadrillas, dos más que en 2009. La Xunta sigue disponiendo de 26 medios aéreos propios, ocho del Estado y cuatro más de las fuerzas de seguridad. Los terrestres se resumen en 300, de los cuales 156 son motobombas. Igual que los últimos años. La inversión, sin embargo, sí se reduce. En el apartado para renovación de camiones de extinción y equipamientos los 2,9 millones de 2009 se quedan en 0,5 este año. Los socialistas acusaron a la Xunta de reducir a la mitad la partida destinada a comprar material. "En muchas brigadas repartieron sólo el equipamiento para la prevención y fundas viejas que con los lavados dejan de ser ignífugas", lamenta Fernando García mientras recuerda la carencia de equipos de respiración o botas que se puedan acercar al fuego.

El presupuesto global para la lucha contra incendios se reduce en 5,8 millones. En las cuentas de Juárez desaparece el dinero para un plan de choque que trazó el bipartito el pasado año y los gastos extraordinarios por las condiciones adversas de esa primavera. Reduce en material y aumenta en 700.000 euros la prevención para el territorio.

Si de algo adolecen año tras año los planes de la Xunta es en formación. Los sindicatos reclaman cada verano cursos que actualicen los conocimientos de los brigadistas. "Un brigadista nuevo en época de máximo riesgo recibe como mucho una charla de 20 minutos", denuncia García.

Las ayudas para comunidades de montes suman este año 1,1 millones frente a los 3 de 2009. Sin embargo, las mayores críticas llegan por su concesión tardía. En plena campaña de alto riesgo muchas comunidades acaban de recibir las ayudas de la Administración mientras que en diciembre de 2008 se publicaban en el Diario Oficial de Galicia las ayudas para la campaña de 2009. La Xunta contrató también a comienzos de verano 19 obras para prevención de incendios forestales por valor de 5,6 millones de euros que no deberán estar ejecutadas hasta finales de 2012. Las críticas de la CIG se centran también en el encargo que la empresa Natutecnia recibió por parte de la Xunta: optimización de los medios terrestres, elaboración de los planes de extinción, vigilancia preventiva y coordinación de medios aéreos.

Un helicóptero suelta agua ayer en un incendio en Pereiro de Aguiar.
Un helicóptero suelta agua ayer en un incendio en Pereiro de Aguiar.NACHO GÓMEZ

Dinero con truco para los municipios

Las ayudas para la limpieza de los perímetros urbanos que marca la ley de prevención de incendios no llegan a los ayuntamientos y apenas se firmaron convenios para la limpieza de pistas y caminos. "La Administración autonómica trata de trasladar determinadas responsabilidades a los ayuntamientos" mediante estos acuerdos, denuncia el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, así que muchos alcaldes evitan firmarlos para no asumirlas. Por recibir el montante de la ayuda, se le multiplican los gastos, se quejan. En los ayuntamientos reposa gran parte la responsabilidad de las labores de prevención, de crear los perímetros de seguridad, pero también de la ejecución subsidiaria de los trabajos cuando un propietario no cumple con la limpieza. La partida se redujo en 1,2 millones este año.

Los problemas que acarrean esta responsabilidad desbordan a los consistorios: no tienen capacidad económica para adelantar los costes de las limpiezas ni asumirlos cuando los propietarios no las cumplen. Las dudas jurídicas asaltan a los alcaldes a la hora de actuar en propiedades privadas sin consentimiento. La fragmentación del terreno, el desconocimiento de los lindes o qué hacer si no aparece un propietario desembocan en múltiples trámites administrativos que superan a los ayuntamientos, según un informe de la Fegamp.

Los ayuntamientos que firmen con la Xunta este año tendrán hasta el 30 de septiembre para hacer los trabajos, justo cuando finaliza la época de alto riesgo. En los anteriores convenios el Gobierno exigía que estuvieran listos el 15 de junio.

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