El Arzobispado cede su hotel a una empresa que no paga a sus empleados

Las colas de peregrinos que esperan estos días para dejar sus bártulos en la Casa del Deán de Compostela suelen dar la vuelta a la esquina y extenderse varias decenas de metros ante la fachada lateral del edificio, pero son pocos los turistas que en su espera se deciden a entrar en el establecimiento anexo, una tienda de recuerdos presidida por un busto del Papa Wojtyla bajo una pantalla de plasma, en la que se venden figuras de Cándido Pazos a 1.200 y 1.500 euros.

La tienda es una concesión graciosa del Arzobispado de Santiago a Caminos de Europa, una asociación en la que adquiere especial relevancia la figura de Carmen Furelos, responsable del Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia (IDC). Próxima a los círculos eclesiásticos, Furelos ha conseguido también que el Arzobispado cediese al IDC, sin contraprestación aparente, la gestión del Hospedaje del convento de San Martiño Pinario. Un negocio provechoso que arrastra una pequeña mancha: Furelos tiende a olvidarse de pagar a sus trabajadores, y acumula casi una decena de sentencias judiciales por sucesivos despidos improcedentes.

Las resoluciones se refieren en su mayoría a ex trabajadores del IDC, asociación sin ánimo de lucro puesta en marcha por la empresaria Furelos hace ya dos décadas y que durante los años noventa se nutrió de las subvenciones de varios programas europeos para financiar su actividad, enfocada a priori en el apoyo al rural. Desde hace más de un año, y a medida que los fondos de Bruselas empezaron a escasear, la empresaria ha descapitalizando progresivamente el IDC -que disponía de centros en varios pueblos de Galicia- y así liberarse de ataduras antes de emprender su nuevo y próspero negocio en San Martiño PinarioEl año pasado, el Arzobispado anunció que la gestión de la hospedería pasaría a estar a cargo de la agencia de viajes del Vaticano, la Opera Romana Pellegrinaggi (OPR). El formato final del acuerdo fue otro. El Arzobispado suscribió en septiembre un convenio con el IDC en el que le cedía por 30 años la gestión del hotel, a título gratuito. Únicamente se reservaba la Iglesia el derecho a recibir "aportaciones económicas periódicas derivadas de la explotación", sin cuantía determinada.

El acuerdo permitía al IDC subcontratar la gestión a otras sociedades, siempre que aquel retuviese una "representación notoria en ellas". Furelos llevaba ya varios meses enfrascada en el diseño de estas asociaciones. Así, creó Miliario, SL, a través de la cual participó en Incoming Via. Esta empresa estaba a su vez integrada por la sociedad italiana Phaedora, concesionaria de la gestión de la Fortaleza Vieja de Livorno, que aportó 450.000 euros de los más de 500.000 que exigieron las obras de rehabilitación de la hospedería que se llevaron a cabo entre septiembre y diciembre del año pasado. Según un antiguo trabajador, el hijo de uno de los directivos de la OPR fue el que llevó las negociaciones en Santiago.

Furelos llegó incluso a vender el mobiliario de la sede del IDC de Santiago a una de las nuevas asociaciones que creó. Fueron 36.000 euros entre mesas, sillas, armarios y casilleros que según el mismo empleado han ido a parar a las oficinas que ahora tiene en la hospedería. Contactada por este periódico, Furelos negó en primer término haber llevado a cabo el negocio. Después señaló: "Con los muebles hago lo que me da la gana".

A finales de 2009, varios trabajadores de IDC recurrieron al juzgado tras varios meses sin cobrar. La empresaria fichó generalmente a los empleados con contratos de obra, que en algún caso se extendió durante más de una década. Cuando ya no quiso pagarles, les comunicó que la obra se había terminado. El juzgado de lo Social de Santiago invalidó sistemáticamente esta práctica fraudulenta y condenó al IDC a compensar a los despedidos con indemnizaciones entre los 30.000 y los 50.000 euros. Furelos asegura contar con al menos cinco sentencias que sí avalan sus prácticas de contratación, pero rehusó facilitarlas. Sobre el retraso en el pago de las indemnizaciones, adujo que el IDC no puede, por ser una asociación sin ánimo de lucro, "guardar dinero para indemnizaciones". "Pagaremos, estamos consiguiendo el dinero", dijo.

Pero pocos han podido cobrar. De las propiedades inmobilarias que la asociación reconocía como propias, los trabajadores, según uno de ellos, descubrieron que todas acumulaban cargas que impedían un eventual embargo. De hecho, en la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS constan requerimientos de embargo de Hacienda sobre dos de los inmuebles, de los que una de las asociaciones de la red trató de desembarazarse desviando la responsabilidad al IDC.

Botón de muestra del deslavazado estado societario del Instituto es la situación de la guardería que gestionaba en Cee, que cerró de la noche a la mañana. Los padres negocian con el Ayuntamiento un centro alternativo. Mientras, un informe interno de Miliario detallaba entre sus proyectos la apertura de un albergue en Cee, justo en el local en que funcionaba la guardería.