La oposición de Cunit exige el informe que alertó de la influencia del imán
El documento advertía del acoso de otro acusado a la mediadora cultural
El grupo municipal de CiU, en la oposición en el Ayuntamiento de Cunit (Baix Penedès), ha exigido formalmente al equipo de gobierno una copia del informe municipal elaborado en 2009 que alertaba de la influencia de los líderes de la mezquita local: el imán y el presidente de la entidad. El fiscal solicitó en el juicio celebrado la semana pasada penas de cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por coaccionar a una mediadora cultural musulmana.
El requerimiento se ha oficializado en una petición registrada la semana pasada por la portavoz convergente, Montserrat Carreras. En la solicitud se exhorta a la alcaldesa y senadora por Tarragona, Judith Alberich (PSC), a aportar "con la mayor brevedad posible" el citado informe dadas las "trascendentales implicaciones de interés general" que este "puede contener".
El texto alerta de que las cuentas de la entidad no son transparentes
La exigencia de CiU incluye la convocatoria urgente de la mesa de diversidad, órgano que asesora al Ayuntamiento en cuestiones de inmigración, para que aborde los conflictos que detalla el mencionado informe. La oposición pretende revisar aspectos como las ayudas municipales y los permisos para eventos que se conceden a la mezquita sin un rigor exhaustivo. En este sentido, el informe aprecia "falta absoluta de transparencia" en las cuentas económicas de la entidad musulmana y precisa que las subvenciones le permiten, por ejemplo, "cobrar a los asistentes" por asistir a actos sufragados con dinero público.
El informe se elaboró, precisamente, como una hoja de ruta interna para la mesa de diversidad. Por ello carece de cualquier distintivo oficial, aunque su autenticidad fue confirmada a EL PAÍS por fuentes de la alcaldía y por técnicos externos que trabajaron con ese documento. Estos precisan que el objetivo del texto fue analizar la realidad musulmana de Cunit, por lo que se centra en el papel de los líderes de la Asociación Cultural Islámica, "única interlocutora de la Administración", según el documento.
El documento analiza también el acoso de los líderes musulmanes a la mediadora cultural, conflicto que abrió una causa penal pendiente de sentencia. El texto señala que la presunta víctima fue "agredida verbal y físicamente" por dos de los acusados, que la recogida de firmas en contra de ella se realizó "al finalizar los oficios religiosos en el local de la asociación" y que de las 90 personas que lo suscribieron solo dos fueron usuarios de los servicios sociales. La defensa de la presunta víctima solicitó incluir este informe en la causa, pero el juez lo desestimó.
