Tres constructoras demandan a Álava para cobrar 31 millones de la AP-1

Las cosas se complican para el diputado general de Álava, Xabier Agirre. A la situación abierto por el caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción que afecta al PNV de esa provincia e implica a quien fuera su mano derecha, Alfredo de Miguel, se le suma ahora otro conflicto que ha llegado a los tribunales y que le puede costar millones a la institución foral. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Dragados y Yarritu que realizó uno de los tramos alaveses de la autopista Eibar-Vitoria, la AP-1, ha presentado una demanda en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vitoria en el que reclama a la Diputación el pago de 31 millones de euros por una discrepancia en las condiciones del contrato de esas obras.

Álava se va a ver así en los tribunales frente al segundo grupo constructor de España por cifra de negocio, FCC, y a Dragados, la principal empresa de obras del primero, ACS.

La construcción del trazado alavés de la autopista AP-1, un total de 14,5 kilómetros, fue impulsada por el último Ejecutivo foral del popular Ramón Rabanera (entre 2003 y 2007). La carretera se abrió en su totalidad al tráfico el pasado mes de mayo, casi un año después de que Álava concluyese su parte del trazado, tras inaugurarse el último tramo que quedaba pendiente en Guipúzcoa (entre Mondragón y Eskoriatza).

La UTE, que realizó el tramo de Luko a Arlabán, de 8,3 kilómetros, entiende que una vez ha terminado los trabajos de la autopista se ha producido un cambio en las condiciones del contrato y una desviación de precios al alza que supone una diferencia de 31 millones de euros entre el coste real de las obras y la última cifra licitada por la Diputación. El cargo se lo endosan a la institución foral, a través de su promotora Viasa. El tramo que construyeron estas tres empresas ya se liquidó con una desviación al alza en su precio del 5,5%: cobraron 68,8 millones de euros, cuando el contrato se había adjudicado por 65,2 millones. La demanda de las constructoras implicaría que el coste real de su trabajo ha llegado casi a los 100 millones de euros, un 53,3% por encima del precio de adjudicación.

Los técnicos de la Diputación sostienen que la reclamación de la UTE "no tiene ninguna justificación", por lo que no han autorizado el pago de la citada cantidad. La discrepancia en los despachos ha llegado esta misma semana a los tribunales.

Los aumentos de precio han marcado, junto a diversas incidencias y la pugna entre las dos diputaciones, toda la construcción de la AP-1, la obra pública más ambiciosa de los últimos tiempos en Euskadi que se ha culminado y que ha requerido invertir 964 millones de euros (780 millones pagados por la Diputación de Guipúzcoa y los otros 184 por la alavesa). Para el tramo alavés, el precio subió de los 122 millones de euros iniciales a 133,3 y ahora ya se estima en los algo más de 184 citados.

Con todo, el coste real de los 14,5 kilómetros de la AP-1 en Álava aún no se conocen exactamente, y dependerá de dos resoluciones judiciales. A la reclamación de FCC, Dragados y Yarritu se suma la que ha efectuado a través del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comerio alavesa otra UTE formada por Ferrovial (la tercera constructora de España), Lanbide y Copalsa. Estas tres últimas empresas, que realizaron el otro tramo del trazado alavés, entre Echávarri Viña y Luko, de 6,2 kilómetros de longitud, firmaron la adjudicación por 26,3 millones de euros, pero la liquidación final ascendió a 29,2 millones, un 11% más. Ahora reclaman cobrar ocho millones adicionales.

Si el juzgado falla a favor de la demanda de las constructoras, la Diputación puede afrontar un grave problema económico. La cantidad demandada supone más de la mitad del presupuesto total del departamento foral de Obras Públicas este año. En plena crisis, de perder el proceso en los tribunales y tener que pagar, la institución se vería abocada al endeudamiento.