El empresario Eugenio Mora ganó más de 13 millones en el 'caso Pretoria'

La persona que más dinero ha ganado con el caso Pretoria no es el presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, Luigi, a quien el sumario abierto por la Audiencia Nacional atribuye ocho millones en comisiones y cobros opacos. Tampoco es ninguno de los alcaldes, concejales, altos cargos, constructores, comisionistas o testaferros incluidos en la lista de una veintena de imputados en la causa. El mayor beneficiado de los tres pelotazos que forman el corazón de Pretoria -Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres- es un rico empresario que ha vivido en la última década a caballo entre Barcelona y Londres, de nombre Eugenio Mora Olivelles, ex dueño de Burberry España y el rostro que se oculta tras las sociedades instrumentales que, con sede en paraísos fiscales, cubrían las inversiones que necesitaba la trama para sus fabulosos negocios.

Mora movía fondos desde paraísos fiscales, según la Guardia Civil

Los informes de la Agencia Tributaria incluidos en el sumario revelan que Mora ha ganado más de 13 millones de euros en los tres pelotazos de Pretoria. Esto es casi la mitad de los 30 millones que la investigación estima que generaron los negocios ilícitos y casi el doble de lo ganado por el ya célebre Luigi.

De los más de 10.000 folios del sumario se desprende que en los grandes negocios de Pretoria funcionó un reparto de papeles. Luigi era el cerebro, "el auténtico punto de referencia y nexo en común entre las autoridades municipales y los empresarios adjudicatarios, inversionistas y constructores". Mora era el músculo, la fuerza bruta del capital capaz de invertir en poco tiempo 11 millones para ganar casi el doble. Según la Guardia Civil, Mora movía desde paraísos fiscales "fondos que introducía en España para un lucrativo negocio con un coste fiscal nulo" para, tras el pelotazo, "volver a situarlos en el exterior".

Los destinos de Luigi y Mora se cruzaron (no hay constancia de que se conozcan personalmente) en un documento que la Guardia Civil requisó en 2005 en el bufete de los abogados Pretus, presuntamente el enlace entre ambos. En apenas una decena de páginas, los investigadores encontraron un detallado plan de negocio que, según la Agencia Tributaria, anticipaba "con asombrosa semejanza lo que ocurriría después", en la Operación Pallaresa, el pelotazo de Santa Coloma.

En síntesis, el negocio consistía en comprar una empresa con un proyecto empantanado (Centre Comercial Gramenet, S.A.), invertir en unos terrenos, esperar a que el Ayuntamiento de Santa Coloma aprobara un cambio de usos del suelo (para permitir construir más viviendas que zonas comerciales) y venderlo.

Para lo primero, Mora pagó en noviembre de 2003 un total de 2,7 millones (1,8 millones sirvieron para comprar a Luigi dos tercios de Centre Comercial Gramenet S.A. por los que él sólo había pagado 200.000 euros 15 días antes). Para lo segundo, la costosa compra en esas mismas fechas del suelo era para lo que Luigi necesitaba a Mora. En una operación con origen en Madeira, Mora introdujo en España 8,4 millones con tal fin. Los más de 11 millones invertidos en total por Mora fueron canalizados a través de la empresa holandesa Ard-Choille.

La parte de Mora ya había concluido. Ahora solo quedaba que Luigi lograra la recalificación y encontrara un comprador. Lo primero lo consiguió el 26 de julio de 2004 en un tormentoso pleno municipal en el que la oposición en Santa Coloma acusó al Gobierno del PSC de permitir "enriquecerse excesivamente a los promotores" y de solo dejar a los concejales dos semanas para estudiar una recalificación que multiplicaba por cuatro (de 4.240 metros cuadrados a 17.000) la superficie construida destinada a viviendas.

Casi todos los que pilotaron este cambio -Luigi; Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma; Manuel Dobarco, teniente de alcalde; Pascual Vela, director de Servicios, y Emili Mas, entonces gerente del Consell Comarcal del Barcelonès- están hoy imputados.El último paso para cerrar el negocio se produjo a los dos años de su puesta en marcha: en noviembre de 2005, la promotora Prosavi pagó a Ard-Choille 28 millones de euros por el 100% de las acciones de Centre Comercial Gramenet S.A. La Agencia Tributaria estima los beneficios de Ard-Choille en la operación en 10,3 millones de euros. El dinero fue puesto a buen recaudo fuera de España.

El segundo pelotazo de Pretoria, el de Sant Andreu de Llavaneres, siguió un esquema muy similar: comprar unos terrenos, lograr una recalificación para que en ellos pudieran construirse 72 viviendas en lugar de las 12 previstas y venderlos al poco tiempo con unas jugosas plusvalías. También en este caso, casi todos los que pilotaron la recalificación urbanística (el alcalde, Víctor Ros, del PP; y el concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez, del PSC) están imputados en la causa. Y también aquí los documentos encontrados en 2005 en el despacho Pretus revelaban que la operación había sido diseñada con antelación con el mínimo detalle.

La inversión necesaria en este caso fue de unos seis millones de euros, aunque sobre la mesa sólo hubo que poner unos 3,5 porque el resto se tramitó a través de préstamos participativos. El beneficio final que, según la Agencia Tributaria, se repartieron los socios de la operación tras la venta del suelo en octubre de 2004 a la promotora Proyecto Inmobiliario Valiant por 9,7 millones, ascendió 2.430.150 euros. Ard-Choille figura otra vez entre los socios de la operación, en este caso con el 33% del negocio, lo que habría reportado a la sociedad de Mora unos 800.000 euros de beneficios.

El tercer pelotazo investigado, el de Badalona, tiene notables diferencias respecto a las dos anteriores. La primera es que no hay una sospechosa recalificación municipal. Aquí los socios del negocio invierten 15,4 millones en marzo de 2003 para la compra de un terreno a la empresa Badalona Building Waterfront, participada por el Ayuntamiento de Badalona y el Consejo Comarcal del Barcelonès, y venderlo un año después por casi el doble (29 millones) a Espais y Procam, la filial inmobiliaria de Caixa Catalunya.

La Audiencia Nacional puso el foco en la operación por la opacidad administrativa del proceso, la maraña de pagos y comisiones que lo rodearon y el hecho de que una Administración pública vendiera el solar por un precio tan por debajo de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar.

La segunda gran diferencia de la Operación Badalona con las dos anteriores es que el número de inversores es mucho mayor. Badalona Building Waterfront se reserva el 10% del negocio; Caja Navarra, el 45%, y el resto se lo reparte un grupo de inversores (Schroeder Invest), entre los que Eugenio Mora tiene una posición dominante. En total, la empresa Moldavite (otra sociedad controlada por Mora) invierte unos cuatro millones de euros y obtiene unos beneficios de 3,6 millones, según los informes de la Agencia Tributaria.

Las empresas controladas por Eugenio Mora ganaron así unos 14,7 millones de euros en los tres pelotazos (10,3 en Santa Coloma, 0,8 en Llavaneres y 3,6 en Badalona), aunque Hacienda estima que cerca de una décima parte no los ingresó él, sino que fueron abogados y otros intermediarios.

Los más de 13 millones de beneficio de Mora, sin embargo, no le hacen responsable ante la justicia. "Mora no intervino en los trámites administrativos de los ayuntamientos que ahora investiga la Audiencia Nacional. Él fue un mero inversor al que propusieron un negocio y lo hizo", explica su abogado, Cristóbal Martell.

Los documentos encontrados en el bufete de Pretus son la trinchera tras la que se refugia la defensa de Mora. Si, según esta versión, era Luigi y su red quienes alteraban trámites administrativos, pagaban comisiones ilegales y corrompían a políticos, nada de eso implica responsabilidad para Mora.

Lo único que puede imputarse al ex dueño de Burberry es que invirtió, ganó dinero y lo sacó de España sin tributar, algo por lo que ya está siendo procesado en otra causa desde 2005 por la expatriación sin pagar impuestos de los 18.000 millones de pesetas (más de 108 millones de euros) que cobró por la venta de su parte de Burberry a la matriz internacional. Fue ese dinero el que, desde el exterior, siguió moviendo para lucrarse con operaciones como las del caso Pretoria.

El juicio por fraude fiscal de Mora aún no tiene fecha, aunque previsiblemente se celebrará en 2011. Cuando se siente ante el juez, lo hará en buenas condiciones. Hace poco acordó devolver a la Agencia Tributaria 27 millones (entre ellos varios de los ganados en el caso Pretoria). Una repatriación de capitales (la mayor de la historia en España) que permitirá a Cristóbal Martell pedir para su cliente la atenuante muy cualificada de reparación total del daño.

Dos sombras, sólo dos, se proyectan sobre la intervención de Mora en el caso Pretoria, aunque la justicia no ha entrado en ellas. La primera es un pago de 605.000 euros que, en Suiza, el empresario hizo a una sociedad instrumental de Luigi en noviembre de 2005, después de que Mora lograra el mayor pelotazo del caso. "Es un pago por los servicios prestados que no implica nada delictivo", afirma Martell.

La segunda es lo detallado del plan de negocio de Luigi en el que Mora aceptó invertir. El negocio era tan apetitoso como arriesgado, ya que sin la recalificación (supuestamente ilegal) de los terrenos de Santa Coloma todo se podía ir al traste. Un buen motivo para confiar en que todo iba a salir bien eran las "comisiones a intermediarios" (entre 759.000 y 5,3 millones de euros, según el beneficio final) que el documento hallado en el despacho Pretus ya preveía invertir en el negocio.