El PP azuza a los chiringuitos antes de la reunión del Gobierno con el sector

El conflicto entre los chiringuitos de Valencia y el Ministerio de Medio Ambiente por la extensión de sus terrazas alcanza ya rasgos caricaturescos. Estos locales quieren mantener su espacio y Medio Ambiente, en aplicación de la Ley de Costas, les exige su reducción. Así, como protesta, los chiringuitos repartirán hoy 2.000 raciones de paella y clòtxines, refrescos y un diario local regalará camisetas y viseras. El PP, en línea con anteriores ocasiones, apadrina el evento y sus militantes más jóvenes, las Nuevas Generaciones, recogerán firmas en su apoyo. Este mismo año, en actos de menor envergadura, los populares, con la alcaldesa Rita Barberá a la cabeza, han usado este problema para criticar al Gobierno, acusándole de agraviar a los valencianos y tratarles peor que al resto de los españoles.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que depende de Medio Ambiente, exige una aplicación rigurosa de la Ley de Costas desde hace un par de años. Esto significa que los chiringuitos de la Malvarosa, Pinedo y El Saler, 22 en total, tengan que adaptar sus instalaciones a sus directrices, es decir, 100 metros cuadrados de instalación fija y 50 de terraza.

La Malva-rosa llegó a un acuerdo con Medio Ambiente, mientras que Pinedo y El Saler, acostumbrados a recibir autorizaciones para instalar terrazas más extensas, se niegan a ceder.

Bajo estas luces, la directora General de Costas, Alicia Paz Antolín tiene previsto reunirse el lunes en Madrid con los hosteleros valencianos, representados por su presidente Juan Carlos Gelabert. Apenas hay posibilidades de que ambas partes alcancen un acuerdo, pues Medio Ambiente rechazó la semana pasada un recurso de los chiringuitos para mantener la extensión de las terrazas. Los hosteleros se plantearon incluso no acudir a la reunión.

El reparto de raciones de paella de hoy es el último acto de protesta de una larga lista, todos ellos acaparados por el PP, bien por la alcaldesa de Valencia, por alguno de sus concejales o por el consejero de Gobernación, Serafín Castellano.