El PP reclama al Gobierno documentos del 'caso De Miguel'

El PP, socio preferente del Gobierno, ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria para obtener la máxima información sobre las empresas y sociedades públicas ligadas al caso De Miguel, el escándalo de supuesta corrupción en que están imputados ocho destacados militantes del PNV alavés por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Entre ellos se halla el ex diputado alavés de Administración Local, Alfredo de Miguel.

El parlamentario popular Carmelo Barrio ha registrado en la Cámara hasta 24 preguntas y solicitudes de información para aclarar las relaciones del anterior Ejecutivo con firmas ligadas a los imputados, así como la gestión del Parque Tecnólogico y el Centro de Empresas e Innovación (CEIA) alaveses.

El PP inquiere si el Ejecutivo contrató con empresas de los imputados

El Parque de Miñano se halla en el centro de las actuaciones de la supuesta trama, vinculadas a operaciones con los terrenoas del mismo. Uno de los arrestados, Alfonso Arriola, fue su director de 2006 a 2009. La Fiscalía alavesa y el juez instructor, Roberto Ramos, disponen de una grabación, hecha por una persona muy próxima al empresario de la construcción Iñaki Etxaburu, uno de los imputados, en la que éste reclama el pago de 80.000 euros por unas obras en el parque que De Miguel no había abonado, como informó EL PAÍS el 17 de abril. Aitor Tellería, otro de los imputados, fue gerente del CEIA.

Barrio pide al Gobierno que detalle, por ejemplo, todos los terrenos adquiridos y los inmuebles vendidos o alquilados por ambas sociedades públicas entre 2005 y 2009. También inquiere al consejero de Industria, Bernabé Unda, al que se dirigen más de la mitad de las preguntas y peticiones de información, si ha ordenado alguna investigación interna en una u otra firma, así como la relación de las cuentas, declaraciones fiscales y copia de los contratos de ambas entre 2005 y 2009.

El parlamentario popular solicita también copias de los contratos y adjudicaciones que el Parque Tecnológico, el CEIA o el propio Ejecutivo han podido cerrar en los últimos años con empresas ligadas a los detenidos, entre ellas Urbanorma o Kataia Consulting. Sobre esta última, una firma sin apenas actividad creada por las esposas de De Miguel, Tellería y Koldo Otxandiano, otro de los imputados, pide diversas aclaraciones sobre dos contratos por 12.000 euros cada uno que suscribió con Cultura en el año 2007.