Chaves ofrece diálogo sobre El Cabanyal
Rambla pide a Chaves "menos visitas y más reuniones por el bienestar"
Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, convocará en mayo a la Generalitat para analizar los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Ejecutivo central contra la normativa de caza valenciana y la ley que permite los derribos en el barrio de El Cabanyal, para sortear la orden de paralizarlos emitida por el Ministerio de Cultura. Chaves ofreció "diálogo" y "negociación", pero desde una posición clara: "El Gobierno no plantea recursos de inconstitucionalidad gratuitamente, y siempre es exigible que todos cumplan con la ley, tanto las comunidades autónomas como el propio Gobierno".
El ministro hizo este anuncio a primera hora de la mañana en Alicante antes de supervisar varias obras en esta ciudad y en Elche financiadas con el plan Zapatero. Chaves abundó en los términos de su propuesta de diálogo. Pero aclaró que cuando el Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad "es porque tenemos la convicción clara y el aval del Consejo de Estado de que hay un incumplimiento de la Constitución Española", dijo. El ministro instó a la Generalitat a que cuando pretenda legislar "en relación con El Cabanyal, con la caza, con el régimen económico del matrimonio civil, o con los chiringuitos, que cumpla las leyes". "Como todos los gobiernos autonómicos y el Gobierno del Estado", recalcó. El ministro confió en poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Camps que les "permita retirar los recursos de inconstitucionalidad, siempre, lógicamente que se cumpla la Constitución y el Estatuto de Autonomía", reiteró.
El Gobierno recurrió la Ley de Caza Valenciana por amparar el método del parany, declarado ilegal por varios tribunales por vulnerar la normativa estatal en la materia.En el caso de El Cabanyal, el Ejecutivo recurrió primero el decreto del Consell que autorizaba y ordenaba las demoliciones y después la ley aprobada en el mismo sentido por las Cortes al considerar que se invaden las competencias del Estado sobre el patrimonio. El ministro ahora ofrece "diálogo" para tratar estos asuntos y también se analizarán otros temas, como la polémica sobre la reducción de las terrazas de los chiringuitos de las playas valencianas.
La mano tendida de Chaves fue acogida con frialdad y recelos por parte de los dirigentes del PP. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, reclamó al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que "no bloquee iniciativas puestas en marcha por el Gobierno valenciano para el desarrollo de la Comunidad". Rambla instó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "a buscar una solución a los problemas que de verdad preocupan a los cinco millones de ciudadanos valencianos, como la falta de financiación, la sequía o las infraestructuras, en lugar de tratar de paralizar aquellas acciones que están contribuyendo a su crecimiento y desarrollo económico y social".
Rambla no entiende "el ataque que, por parte del Gobierno, se está llevando a cabo contra las tradiciones, costumbres y el desarrollo de la Comunidad", señaló un comunicado oficial. El vicepresidente primero del Consell lamentó también que "con esta actitud, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está poniendo de manifiesto su falta de compromiso y discriminación con los ciudadanos valencianos". Por último, el vicepresidente primero del Consell solicitó a Chaves "menos visitas, menos reuniones y más trabajar por el bienestar de los ciudadanos de esta Comunidad".
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, dio la bienvenida a propuestas como las del vicepresidente del Gobierno. "Todas las iniciativas que supongan normalidad y lealtad institucional son siempre buenas", comentó la portavoz socialista. "Esta es la voluntad de una parte. Veremos la voluntad de la otra parte". La plataforma Salvem El Cabanyal ha abanderado desde siempre el diálogo y la negociación para encontrar una solución al conflicto.
Chaves también valoró la previsible retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha por falta de acuerdo en torno al trasvase Tajo-Segura. El ministro de Política Territorial aseguró que la propuesta del preámbulo del Estatuto, con una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos anuales sobre los recursos del Tajo, era "equilibrada, y no dañaba a nadie". No obstante, a partir de ahora, tras la oposición del PP a esa reserva, "se abre una nueva etapa en la que no habrá oportunidades ni para el agravio ni el victimismo injustificado", advirtió Chaves en referencia a la actitud que los dirigentes del PP valenciano y murciano han tenido durante los últimos años con la polémica del agua y los trasvases. "En política es negativo utilizar el victimismo y el agravio", añadió.
El vicepresidente tercero del Gobierno realizó todas estas declaraciones antes de visitar en Alicante y en Elche algunas de las obras acogidas al Plan E. En Alicante se aprobaron 82 proyectos, de los que 74 ya han finalizado, y han supuesto una inversión de 57 millones de euros; en el caso de Elche la inversión es de 39,3 millones de euros para 93 proyectos aprobados.
