Aguirre abre otro frente con Zapatero en el Constitucional

Esta vez el punto de fricción es el veto autonómico a una posible fusión entre Caja Madrid y otra entidad bancaria. La Comunidad de Madrid reclama que se respete su "capacidad de decisión" y, por eso, ayer decidió presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional a una norma del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un nuevo frente en la política de oposición al Gobierno central que ejerce Aguirre desde la Comunidad de Madrid.

Al igual que Galicia, que lo anunció el día anterior, el Ejecutivo regional presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aprobado por el Gobierno central en julio de 2009, y que ha dejado la participación de las comunidades autónomas en un proceso de fusión en un mero acto de información, con el fin de despolitizar las cajas.

La Comunidad cree que la norma estatal rebaja sus competencias

En el recurso, que se presentará en los próximos días y que ayer fue aprobado por el Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid cuestiona los artículos 7 y 8 y la disposición final sexta del real decreto, porque entiende que invade las competencias autonómicas en materia de cajas de ahorros.

Según el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, esa normativa deja a las comunidades autónomas el único papel de informar al Banco de España en caso de fusión entre entidades bancarias, sin que pueda considerarse dicho informe un veto autonómico, porque no es vinculante. "Es un vaciamiento de competencias y no es admisible", afirmó el consejero, que defendió que la Comunidad de Madrid debía "mantener la capacidad de decisión en defensa del interés general, de los impositores y de los empleados de Caja Madrid".

Beteta explicó también que, previo a este recurso, ha habido intentos de llegar a un acuerdo con el Gobierno central, sin éxito. Para ello se creó una comisión bilateral que abordó el asunto, pero no se superaron las discrepancias. El Ejecutivo regional solicitó en este ámbito que se redactara de nuevo el artículo 8 del decreto para reconocer las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de cajas de ahorros y en el que reflejaba la inconstitucionalidad de la normativa tal y como está recogida en la actualidad.

Pero el pasado 12 de marzo, el Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, envió a la consejería un escrito en el que "indica su interpretación sobre la constitucionalidad del decreto", pero que, según Beteta, "la consejería rechaza". Por eso, se plantea el recurso. "El objetivo es que si la caja tiene que fusionarse con otra entidad necesita de autorización de la Comunidad de Madrid", advirtió el consejero, que recordó que dos sentencias del alto tribunal avalan esta petición.

"Cualquier actuación de fusión que quisiera ejercer Caja Madrid supondría extraerla de la tutela y control de la Comunidad de Madrid", se quejó el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. También aseguró que otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia han expresado al Ministerio de Política Territorial su queja por la invasión de competencias.

Hasta el momento, sólo Galicia ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional. En los mismos términos y por las mismas razones que Madrid e igualmente después de haber intentado negociar con el ministerio en una comisión bilateral.

El intento de mantener el control político de Caja Madrid por parte del Gobierno regional es antiguo y llevó el año pasado a una dura guerra en el seno del PP regional, que culminó con el nombramiento de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, como presidente de la entidad bancaria. Atrás quedó una obscena batalla por el control del órgano ejecutivo de la entidad madrileña. El enfrentamiento entre el Gobierno de Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid y la dirección nacional del PP fue público.

Además, la Comunidad de Madrid, empeñada en amarrar el control político de la entidad bancaria, modificó la Ley de Cajas regional el pasado diciembre a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales, una ley escoba que apenas se debate. Para ello introdujo la figura del Sistema Institucional de Protección (SIP), más conocida como fusión virtual, y reguló como única condición de ésta que exista una "autorización previa" de la Consejería de Economía y Hacienda. Eso permite al Gobierno de Aguirre tener la última palabra en todos los acuerdos estratégicos de Caja Madrid y no sólo en las fusiones con otras entidades."Cualquier actuación de fusión que quisiera ejercer Caja Madrid supondría extraerla de la tutela y control de la Comunidad de Madrid", se quejó el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. También aseguró que otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia han expresado al Ministerio de Política Territorial su queja por la invasión de competencias.

Hasta el momento, sólo Galicia ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional. En los mismos términos y por las mismas razones que Madrid e igualmente después de haber intentado negociar con el ministerio en una comisión bilateral.

El intento de mantener el control político de Caja Madrid por parte del Gobierno regional es antiguo y llevó el año pasado a una dura guerra en el seno del PP regional, que culminó con el nombramiento de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, como presidente de la entidad bancaria. Atrás quedó una obscena batalla por el control del órgano ejecutivo de la entidad madrileña. El enfrentamiento entre el Gobierno de Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid y la dirección nacional del PP fue público.

Además, la Comunidad de Madrid, empeñada en amarrar el control político de la entidad bancaria, modificó la Ley de Cajas regional el pasado diciembre a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales, una ley escoba que apenas se debate. Para ello introdujo la figura del Sistema Institucional de Protección (SIP), más conocida como fusión virtual, y reguló como única condición de ésta que exista una "autorización previa" de la Consejería de Economía y Hacienda. Eso permite al Gobierno de Aguirre tener la última palabra en todos los acuerdos estratégicos de Caja Madrid y no sólo en las fusiones con otras entidades.