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martes, 23 de febrero de 2010

La seguridad vial pone rumbo a la ciudad

Rubalcaba y los alcaldes reavivan el debate sobre cómo bajar los siniestros urbanos

Llegó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y espetó a los alcaldes que había que fajarse con la seguridad vial en las ciudades, donde se produce un 53% de los accidentes con víctimas, porque los siniestros habían descendido desde 2004 un 14% menos en zonas urbanas que en carreteras. Le siguió Federico Souvirón, portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, con un reproche a que el "bosque normativo" existente no ayuda a los ayuntamientos "que quieren hacer una buena política" para garantizar la seguridad en sus calles. Y pidió una ley general de mínimos para poner orden en las vías de pueblos y ciudades.

Al resto de los grupos se les erizó el vello, porque la nueva ley de seguridad vial (la de las multas exprés) aún no ha entrado tan siquiera en vigor (lo hará el 25 de mayo). Desde 2006, los diputados han tenido que bregar entre sí para aprobar además la ley del carné por puntos y la reforma penal para castigar los delitos de tráfico con más dureza. La fatiga normativa de los grupos quedo patente: nadie le dio el más mínimo empuje a la oferta del PP, todo lo contrario. Pero aún habría de llegar la intervención de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, que venía con munición pesada. Y la soltó sin contemplaciones a los diputados, en su propia casa, y con el director de Tráfico, Pere Navarro, como víctima colateral. "La ley de seguridad vial no ha sido todo lo generosa que debería con los ayuntamientos". El primer edil popular arrancó con un catálogo de quejas, aliñadas, para suavizar el contenido amargo, con alabanzas al trabajo de Interior fuera de las ciudades: criticó que se hubiera eliminado el descuento de dos puntos por parar en el carril bus; afeó que se haya eliminado la suspensión temporal del permiso, se quejó amargamente de que circular a 100 kilómetros por hora por una zona urbana limitada a 50 sea falta grave y no muy grave, y negó que estuviera bien resuelta la posibilidad de cobrar las sanciones de ciudadanos residentes fuera del lugar donde se comete la infracción. Todos estos baches no ayudan, dijo, a mejorar la seguridad vial en las ciudades. Claro, que no mencionó que con la nueva ley los ayuntamientos pasarán a cobrar prácticamente todas las multas (ahora en torno al 30%), ni que decenas de consistorios siguen sin conectarse al descuento de puntos.

Todo esto ocurrió en la II jornada dedicada a la seguridad vial organizada ayer por el Congreso de los Diputados, en la que participaron 16 regidores de pequeñas, medianas y grandes ciudades y en las que se puso sobre la mesa la necesidad de que los peatones retomen la ciudad. Los asistentes coincidieron en que hay que potenciar las bicis, las zonas peatonales y de velocidad reducida y el transporte público. El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, lo trazó perfectamente cuando dijo que era necesario "invertir la pirámide", en cuyo vértice han estado siempre los vehículos. Y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, volvió a meter el dedo en la llaga cuando espetó que para tener éxito "hace falta financiación". Hubo dos anuncios: Fomento eliminará esta legislatura los 776 tramos de concentración de accidentes y que Tráfico estrena en marzo en Soria su plan urbano de seguridad vial.

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