Condición de supervivencia
Desde finales de los cincuenta y sobre todo a partir de los sesenta del siglo pasado, ninguno de los países más ricos de Europa occidental ha sido capaz de garantizar su propia supervivencia sin recurrir a la inmigración. El proceso inicialmente se desarrolló en el interior del propio continente europeo. Fueron los trabajadores procedentes de Italia, España, Grecia, Portugal y Turquía los que emigraron masivamente a Alemania, Suiza, Francia, Bélgica durante los sesenta y los setenta, haciendo posible que estos países tuvieran un crecimiento económico y una sociedad de bienestar como no la habían conocido nunca antes.
Lo que le ocurrió, y le sigue ocurriendo, a los países occidentales del Norte a partir de 1960, le empezó a ocurrir a los países del Sur en los ochenta y sobre todo, de manera muy intensa, en los noventa. Países de emigración se convirtieron en países de inmigración. España es el país más expresivo de este proceso. Toda Europa Occidental es hoy territorio de inmigración y no podría sobrevivir si el flujo inmigratorio se detuviera o incluso si se redujera de manera significativa.
La necesidad de inmigración es independiente de los ciclos económicos, pero se ve afectada por éstos
La inmigración es, pues, uno de los presupuestos en los que descansa la supervivencia de todos los países europeos occidentales. Sin los inmigrantes que ahora mismo viven y trabajan en Europa Occidental todos los países de esta parte del continente entrarían en un proceso de descomposición irreversible. Nuestra dependencia de la inmigración en el futuro va a ser todavía mayor de lo que ha sido en el pasado y lo está siendo en el presente. Europa no va a poder garantizar su propia supervivencia a partir de ella misma durante muchos decenios por no decir que nunca.
Esta necesidad de inmigración es independiente de los ciclos económicos, aunque se ve afectada por estos, de tal manera que la inmigración crece más cuando el ciclo es expansivo y menos cuando se produce un estancamiento o recesión. Pero dejar de crecer no deja de crecer nunca o, dicho de otra manera, la tendencia al crecimiento de la inmigración es imparable.
Parece razonable intentar ordenar políticamente esa tendencia y canalizarla después jurídicamente. Dada la importancia del fenómeno, debería alcanzarse un pacto de naturaleza política sobre qué respuesta debería darse al mismo y, a continuación, convertir ese pacto en norma jurídica. Tanto el pacto como la norma tendrían que ser revisados periódicamente, ya que la forma de manifestación del fenómeno inmigratorio cambia de manera continua.
Y, en todo caso, sería indispensable que hubiera lealtad al pacto y cumplimiento de la norma jurídica por parte de quienes ocupan las distintas instituciones en los distintos niveles de gobierno que tienen, de una manera u otra, que ocuparse de la inmigración. La inmigración únicamente puede ser abordada globalmente tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal. Ningún partido puede tener una respuesta de la misma manera que tampoco puede tenerla el Gobierno de la nación, los Gobiernos autonómicos o los municipales. Cada uno puede tener un punto de vista, pero únicamente un punto de vista que fuera comúnmente aceptado por todos constituiría una respuesta. Dicho de otra manera: o la respuesta es de todos o no es respuesta.
Lo estamos viendo en estos últimos días en nuestro país. Y lo digo haciendo la reserva de que no creo que se deba demonizar al Ayuntamiento de Vic. En el informativo de las 14.30 de la SER del jueves tuve oportunidad de oír al portavoz de CiU, Oriol Pujol, y aunque estoy en completo desacuerdo con su afirmación de que jurídicamente la cuestión del empadronamiento no está clara, sí me hizo reflexionar lo que dijo sobre la trayectoria hasta la fecha en política inmigratoria del Ayuntamiento de Vic, que parece haber sido bastante razonable.
Aparte de que su decisión es incompatible con la legislación vigente, como ha explicado de manera irrefutable la Abogacía del Estado, es el hecho de ir por libre lo que resulta inaceptable. En este terreno no se puede ir por libre, porque no hay ningún nivel de gobierno, estatal, autonómico o municipal, que pueda dar respuesta a este fenómeno.
La inmigración no es un problema, pero la inmigración sí plantea problemas. Algunos exigen respuesta estatal, otros, respuesta autonómica, otros respuesta municipal y el conjunto respuesta de todos los niveles de gobierno. Ninguna es posible, si la inmigración se convierte en materia de enfrentamiento electoral. El electoralismo en este terreno es completamente estéril. Al final, ningún partido, ni siquiera con una mayoría absoluta o superabsoluta, podrá dar respuesta al problema.
