La fusión exige fuertes recortes sociales

La auditoría independiente encargada por la Xunta dibuja una fusión de las cajas gallegas "viable y solvente", que garantizaría que su centro de decisión continuase en la comunidad autónoma. En una convocatoria apresurada para evitar filtraciones, la conselleira de Facenda explicó ayer cuáles son los grandes números de la esperada due diligence (análisis financiero en profundidad), realizado por la consultora KPMG, que, en esencia, se parece bastante al informe que el Gobierno gallego presentó a las cajas para sentarlas a negociar el pasado otoño.

Un total de 1.296 personas, el 15% de la plantilla conjunta, perderían su puesto de trabajo. Para evitar un proceso muy traumático se recurre a prejubilar a los casi 1.200 trabajadores que tienen más de 55 años y el resto se iría a casa con bajas incentivadas. Sería necesario cerrar 280 oficinas porque hay 217 duplicidades, otras 50 son poco rentables y las restantes se eliminarían fuera de España.

"Confío en que el Banco de España se comporte con independencia"

El informe no contempla que las cajas vendan sus actuales activos

La factura del ajuste para crear una caja única es de 485 millones de euros. Sin embargo, la entidad necesitaría pedir bastante más dinero al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) habilitado por el Banco de España para alimentar los procesos de integración. La conselleira de Facenda, Marta Fernández, estima que serían necesarios unos 1.190 millones, para "recapitalizar" la entidad resultante. Sin recurrir a eufemismos, dejó claro de este modo que el proyecto necesita una inyección importante de recursos.

A cambio de los fuertes recortes sociales, si la fusión se firma este año para poder recurrir a los fondos públicos, en 2015 Galicia tendría una caja "más eficiente" que las dos actuales, con el centro de decisión en la comunidad autónoma y con unos activos de 77.000 millones de euros. Sería la quinta de España teniendo en cuenta los procesos de integración en marcha. Gracias a la fusión, la caja única se podrá ahorrar 120 millones al año por "las sinergias", que se crearían. Haciendo esta cuenta, en 2013 la caja única habría amortizado el importe de la reestructuración, sin tener que vender ninguna de las empresas que ahora tienen ambas en cartera. "El modelo utilizado está validado por el Banco de España ya que ha sido utilizado en otros procesos de fusión en marcha", recordó la conselleira, que describió que el equipo técnico utilizado por la empresa KPMG estuvo formado por 27 personas. "Con esta operación se trata de una vuelta a los orígenes, a la banca comercial", explicó.Además de los 1.296 despidos forzosos y el cierre de 280 oficinas, la que sufrirá, y mucho, será la obra social. La proyección de la auditora estima en 300 millones, a razón de 60 anuales, la inversión que realizaría en el tejido gallego la caja fusionada en el periodo 2010-2015. Muy por debajo de los 174 millones que, sólo el año pasado, invirtieron juntas Caixa Galicia y Caixanova. Frente a este argumento, fuentes financieras aclaran que lo más probable es que por separado esta partida también caiga fuertemente en ambas cajas durante los próximos años, ya que está ligada a la obtención de beneficios. Y en ese punto Marta Fernández garantizó que la caja única dedicaría el 20% de sus ganancias, sean cuales sean, a este fin. Desde el primer año los números serían positivos. La proyección de beneficios de la caja única se estima para este lustro en 2.671 millones brutos, a una media de 534 al año, lo que generaría un pago en concepto de impuesto de sociedades unos 655 millones.

La auditoría no detectó los temidos "pasivos ocultos", agujeros no reconocidos en los balances públicos, y así se lo hará saber Facenda a ambas cajas. Pero sí alertó de debilidades. Fernández Currás reconoció que "los riesgos contraídos con los promotores inmobiliarios y constructores han sido el principal problema" que destaca el estudio. Sin querer profundizar en detalles, minimizó este aspecto recordando que "sólo en una de las veinte mayores operaciones de riesgo hay coincidencias entre ambas", en referencia a Martinsa-Fadesa.

Ahora que, según la Xunta, el informe demuestra que "la cuenta de resultados sostendría todas y cada una de las conclusiones" de la auditoría, la pelota está del lado de las cajas, que ayer evitaron valorar el documento hasta conocerlo en profundidad. Con la Lei de Caixas en marcha, muy pronto serán los renovados consejos de administración los que tendrán que valorar el proyecto. Todo para no perder las ayudas del FROB, que son "un apoyo a la eficiencia" para realizar "sobredotaciones" que lleven a la nueva caja a estar "saneada".

El proyecto garantiza la devolución íntegra de los fondos públicos, de 1.190 millones, en cinco años, descartando la posibilidad de solicitar la prórroga de dos años que la normativa establece. El panorama dibujado por el documento habla de una caja menos dependiente de la financiación en mercados mayoristas, con ratios de solvencia por encima de la media del sector. Aunque el esbozo de la operación tendría que completarse "con un plan de negocio concreto".

"Independencia" y "rigor técnico" fue lo que la conselleira pidió del Banco de España a la hora de analizar los resultados de la auditoría. "Confío en que se comporte como lo que es, como un regulador independiente y que explique cualquier discrepancia que pueda encontrar en los resultados de la auditoría", retó, para reconocer después que su papel "será determinante porque las ayudas se van a pedir al FROB".

En Madrid, fuentes del Banco de España declinaron hacer cualquier comentario sobre lo anunciado desde Santiago. Sin embargo, en el mercado financiero se da por hecho que el supervisor no tomará una decisión en función de las conclusiones del informe de KPMG. Un estudio encargado y pagado por la Xunta no puede ser el elemento clave para la aprobación de una fusión, comentan directivos de entidades financieras. El departamento de Supervisión del Banco de España, recuerdan, siempre tendrá datos más completos que los de un estudio externo. En su opinión, el Banco de España se guiará por el proyecto de fusión que le presenten las dos cajas, no KPMG, y debe cumplir tres condiciones: ser viable, sólido financieramente y que tenga el menor coste para el contribuyente, informa Íñigo Barrón.

En todo caso, la Xunta sigue puntualmente lo que pasa en otras comunidades para exigir un trato similar y así lo demostró ayer. Fernández Currás esgrimió un extracto de los servicios de Defensa de la Competencia que analizaba presencia de la fusionada Cajasol en provincias como las de Huelva o Sevilla para restar importancia a la concentración de oficinas de la futura caja fusionada.

Según la due diligence, la resultante de Caixa Galicia y Caixanova contaría con 881 oficinas en Galicia, con una cuota del 36,1%, frente a las 1.557 sucursales del resto de bancos y cajas, que suman un 63,9% del mercado. También aludió al "riesgo de exclusión en 82 municipios rurales gallegos, que sólo tienen oficinas de cajas gallegas", para destacar la importancia de la caja única frente a fusiones con entidades de otras autonomías, "que tendrían una menor vinculación con Galicia y generarían una pérdida de empleo por la marcha de sus servicios centrales".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no estuvo en la presentación de Facenda pero sí valoró el documento recordando el mandato parlamentario: "Garantiza la galleguidad y la solvencia". Feijóo deja ahora su contenido en manos del Banco de España y sus servicios de inspección, para que lo estudien "con absoluto rigor". De nuevo, señaló que espera del regulador estatal "el mismo trato" que están recibiendo autonomías inmersas en procesos similares, como Andalucía y Cataluña.

Para Feijóo, las cúpulas que salgan de la renovación de las asambleas de las cajas deben defender "por encima de todo" el interés general de Galicia. "Vamos a ver si somos capaces entre todos de que los intereses generales primen sobre otro tipo de intereses", apuntó.

El presidente afirmó que el objetivo de la auditoría "pactado con BNG y PSOE" era ver la solvencia de la fusión, y que cualquier otra decisión conllevaría "llevar los centros de decisión fuera de Galicia".