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Los propietarios cifran en 70 millones la estafa por los chalés ilegales en Llíber

La entidad Abusos Urbanísticos Llíber, que agrupa al grueso de propietarios estafados en la trama de corrupción urbanística del municipio, exige que la investigación judicial localice "los paraísos fiscales" donde los constructores imputados en el caso habrían ingresado el dinero que obtuvieron de la venta de los 300 chalés edificados en suelo rústico.

El objetivo, según declaró ayer su abogada, Mónica Mas, "es poder exigir responsabilidades patrimoniales a los promotores". Esta asociación calcula en unos sesenta millones de euros los beneficios obtenidos en la operación, si bien sólo es una cantidad aproximada: los márgenes obtenidos por los constructores debieron ser elevados "ya que los chalés son en general de mala calidad y ahora se caen a pedazos". De cualquier modo, aseguran: "Nos conformaríamos con una compensación total de 15 o 20 millones".

Por eso, el colectivo estudia personarse como acusación particular en la causa penal. "El problema de este tipo de tramas es que aunque sus responsables puedan pasar unos años en prisión, el dinero negro nunca aparece, como sucedió en la operación Malaya de Marbella", ahondó Mas. Una vivienda en Llíber por la que se pagó medio millón de euros en la actualidad apenas valdría 180.000.

El rastreo de los beneficios obtenidos por los constructores deberá extenderse a Reino Unido: "Sabemos de un banco en Escocia donde uno de los constructores implicados, Trevor B., se hacía ingresar el dinero y la justicia de ese país ya está haciendo algo al respecto". La trama no dejó ninguna salida a los propietarios estafados: "Les decían que todo estaba correcto enseñándole unos papeles con cuños del Consistorio y no les tradujeron ni una escritura al inglés".

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