Prisión bajo fianza para los tres últimos detenidos de El Ejido
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería decretó ayer prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para los tres últimos detenidos en el marco de la Operación Poniente, que investiga la presunta trama de corrupción en El Ejido. Los hermanos José Carlos, Francisco Javier y Gabriel Lirola, propietarios la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de la localidad, fueron acusados de cohecho y tráfico de influencias tras menos de tres horas de declaración ante la juez, que hoy recibirá al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, quien ampliará a petición propia el testimonio por el que, hace más de dos meses, se dictó su ingreso en prisión.
Los tres últimos detenidos por su supuesta implicación en la trama de malversación y blanqueo de capitales que, desde el pasado 20 de octubre, suma ya 23 arrestados, habrían efectuado pagos periódicos de alrededor de 60.000 euros al interventor accidental del Consistorio, José Alemán, presunto cerebro de la red corrupta, que continúa en prisión preventiva junto al regidor y a los empresarios José Antonio Galán y José Amate.
Contratos con Elsur
La firma que encabeza esta familia, que lleva décadas prestando servicios de saneamiento en El Ejido, obtuvo al tiempo al menos dos contratos con Elsur, la sociedad mixta de servicios municipales sobre la que se gestó la trama corrupta, para la limpieza de jardines públicos. Uno de estos contratos -que finalizó en diciembre de 2008 tras 18 meses en vigor- no tenía asignado trabajador alguno. Tampoco consta que se llevara a cabo ninguna de las tareas asignadas a esta firma, que recibió sin embargo más de 800.000 euros anuales de la sociedad mixta. Con ella comparte también el Grupo Lirola la práctica generalizada en Elsur de efectuar trabajos privados en distintas propiedades de los implicados en la trama y dirigentes políticos, entre ellas fincas agrícolas en las que los trabajadores de la mercantil hicieron peonadas.
Los hermanos Gabriel, Francisco Javier y José Carlos Lirola, este último muy vinculado al primer edil y al interventor accidental, deberán presentarse el día 1 de cada mes ante la juez. Se les ha retirado el pasaporte, las mismas medidas aplicadas a Isabel Carrasco, funcionaria del Ayuntamiento y esposa del interventor.
