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miércoles, 16 de diciembre de 2009

Un juez quiere embargar a la edil de Urbanismo por una deuda municipal

El magistrado exige el pago de los intereses de una expropiación irregular

No existen precedentes, pero de aceptarse, podría sentar las bases de una jurisprudencia sorprendente. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) redactó un auto el pasado 5 de noviembre en el que reclama al Ayuntamiento de Madrid el pago por los intereses de una expropiación irregular realizada cuando José María Álvarez del Manzano era alcalde. Si no se pagan, dice con un tono que expresa ya cierto hartazgo por la espera (habitual en decenas de procedimientos que tiene abiertos el Ayuntamiento por impagos), embargará bienes personales de la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.

Lo que reseña el párrafo más suculento del auto, en suma, es que si no se abona la cantidad en la fecha acordada, que expiraba el pasado viernes, "se incrementará en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal de la concejal del área, por la diáfana y contundente negligencia en el cumplimiento de su obligación de ejecución de la sentencia". No cabe duda de que el magistrado lleva un enfado importante.

La historia comenzó en 2001 cuando la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Ignacio del Río, expropió dos parcelas en Usera. Pagó 5,6 millones por una y 479.781 euros por la otra. Los terrenos iban a servir para construir varias promociones de vivienda protegida. Pero como suele ocurrir, los expropiados consideraron que el precio era inferior a su valor real.

Y en esta ocasión así lo creyó también un juez seis años después, en noviembre de 2007. A pagar dos millones de euros más de lo abonado, dijo. Eso, y los intereses por la demora y la inflación: 410.000 euros. Finalmente, el Ayuntamiento abonó la diferencia (en 2009), pero no los intereses.

Y cuando parecía que el Consistorio se avenía a pagar por un procedimiento amistoso una suma de 390.000 euros, según fuentes del caso, se descolgó con una oferta de 27.000 euros que, obviamente, no interesa a los afectados por la expropiación.

El caso es extraño. Según el abogado Alberto Jabonero, para que pudiese ejecutarse la amenaza que pende sobre la concejal "debería tramitarse un procedimiento específico en el que se declarase tal responsabilidad con posibilidad de defensa del afectado".

Pese a todo, en el Consistorio están tranquilos y dicen que ya les ha sucedido otras veces. "No es una práctica nueva. Cuando se dicta una sentencia, si no se cumple el plazo del juzgado, si el abogado de la parte insta a que el Ayuntamiento cumpla en el tiempo legal, nos suele pasar", explica el edil de Hacienda, Juan Bravo.

El problema, dicen, es que es final de año y la cantidad asignada en el presupuesto anual al pago de este tipo de intereses ya se ha gastado. Ahora mismo, asegura Bravo, se tramita una modificación presupuestaria para hacer frente a la cifra requerida.

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