Haciendo méritos

Coincido con los juristas que, como Javier Pérez Royo, defienden que la reforma de los Estatutos del artículo 151 de la Constitución (Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía) únicamente pueden convertirse en norma jurídica mediante el acuerdo del Parlamento autónomo correspondiente y el Parlamento del Estado, siempre que dicho acuerdo sea aceptado por el cuerpo electoral de la comunidad autónoma afectada. En consecuencia, el pacto entre los dos Parlamentos ratificado en referéndum no puede ser residenciado en el Tribunal Constitucional, porque tal cosa es incompatible con la definición del núcleo esencial del derecho a la autonomía que contiene la Constitución.

Ahora bien, para que dicho pacto no dependa de mayorías políticas coyunturales y para que el Estado pueda operar de manera estable y con legitimidad indiscutible e indiscutida es preciso dotarlo de una estructura constitucionalizada. Algo de lo que hoy carece porque no hubo un ejercicio expreso del poder constituyente sobre la articulación territorial del Estado. Las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1977 no abordaron de manera frontal este problema y, por tanto, tampoco pudo pronunciarse sobre él el pueblo español en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. Por eso la estructura del Estado arrastra un déficit de legitimidad de origen, algo que sólo puede ser corregido mediante una reforma constitucional. De lo contrario, el Estado Autonómico seguirá, como hasta ahora, al albur de los resultados electorales y de los pactos políticos que dichos resultados obliguen a realizar. Reforma constitucional que debe afectar tanto al Título VIII como al Título III de la Constitución, con el fin de permitir la participación efectiva de las autonomías en el diseño estratégico del Estado, tal como contempla el artículo 69 de la Carta Magna.

Feijóo atiza la confrontación con Cataluña para seguir haciendo carrera política

Este sería, junto a la reforma pendiente de su Estatuto de Autonomía, el diseño que favorecería a Galicia en contraste con la dinámica de acuerdos exclusivamente bilaterales entre el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas. Porque debemos comprender que si no cambia la actual estructura en la toma de decisiones, Galicia, que en el pasado jugó un importante papel en la definición del Estado, acabará en el rincón del olvido y verá sus intereses marginados. Por eso es pertinente recordar que Núñez Feijóo, subordinando los intereses de Galicia a la estrategia electoral del PP, bloqueó en su día la reforma del Estatuto de Galicia, dejándonos en inferioridad de condiciones respecto a comunidades como Cataluña, Valencia, Madrid o Andalucía, que además de poseer un mayor peso económico y demográfico, reformaron sus normas estatutarias para respaldar legalmente sus aspiraciones políticas y económicas.

Y tampoco conviene olvidar que el PP se opuso siempre a la necesaria reforma constitucional. En una primera etapa intentó patrimonializar la Constitución. Para ello desempolvó y tergiversó el concepto de patriotismo constitucional, que Habermas había desarrollado con el fin de dotar a Alemania de una nueva identidad democrática, aquella que, antitética con el "patriotismo nazi", no pudo consumarse durante la República de Weimar. Pero pronto comprendió que el verdadero núcleo constitucional no se podía utilizar como arma arrojadiza contra sus adversarios (la izquierda y los nacionalistas), pues éstos tenían más crédito y antigüedad en la defensa de los valores constitucionales que los dirigentes del PP, tardíos defensores de la Constitución unos, demócratas sobrevenidos otros. Eso explica que el PP haya decidido centrar su atención en la defensa de la unidad de España, que no está ni estuvo nunca amenazada, proponiéndose como su único garante, relanzando la confrontación con los nacionalismos, muy rentable electoralmente, e intentando establecer un principio inaceptable, según el cual cualquier discrepancia con su particular concepción de España es presentada como una debilidad o una claudicación. Todo ello con el único propósito de subordinar al resto de las fuerzas democráticas a su estrategia electoral.

Y en eso anda Núñez Feijóo, recorriendo los circuitos radiofónicos y televisivos del país, tirando piedras contra nuestro tejado, atizando la confrontación con los representantes del pueblo de Cataluña y haciendo méritos para seguir progresando en su carrera política. Todo menos ejercer como presidente de Galicia.