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COLUMNA

Preguntas

Al final de esta semana se han producido ciertos acontecimientos políticos que plantean inquietantes preguntas. Comenzaré por la nueva ley del Aborto, pues una vez superado su debate plenario de admisión, la ministra se ha mostrado dispuesta a negociar la capacidad de decidir de las mujeres de 16 y 17 años. Y al hilo de ese debate cabe preguntar: ¿por qué se insiste en escribir (incluso en este diario) la expresión "niñas de 16 años" para referirse a personas fisiológicamente maduras, en plena capacidad fértil, y con derecho a contraer matrimonio, a formar familia o a divorciarse? Una mujer de 17 años, casada, unida de forma estable a su pareja de hecho, y quizá con algún otro hijo previo, ¿tendrá que pedir permiso a su padre, ya que no a su pareja, para poder abortar? ¿Por qué se reivindica la "patria potestad" en vez de la corresponsabilidad progenitora, en estos tiempos de ausencia paterna y familia matrifocal, en que los padres rehuyen sus responsabilidades educativas descargándolas sobre sus parejas? ¿Acaso se pretende que los pater familias sigan siendo propietarios de la honra decisoria de sus hijas, ya que no de su virginidad, como en los tiempos patriarcales del derecho romano y la patrística eclesiástica?

¿Cómo piensan gestionar las instituciones catalanas el espíritu de su editorial unitario?

Vamos ahora con el asunto más vidrioso de la semana: el editorial unitario La dignidad de Catalunya que, a modo de admonición o advertencia preventiva dirigida contra el Tribunal Constitucional (TC), han consensuado por unanimidad todos los medios catalanes. Y cabe preguntarse: ¿cómo piensan gestionar las instituciones catalanas el espíritu de su editorial unitario, en el que amenazan con la desobediencia civil y la insumisión política ante la temida sentencia de inconstitucionalidad? ¿Qué harán el día después? ¿Están de verdad dispuestas a cumplir su amenaza de romper la baraja española y echarse al monte para desatar otra nueva carlistada iconoclasta? ¿O se impondrá la sensatez del seny catalán, sabiendo hacer virtud de la necesidad para recoger velas con prudencia y responsabilidad? ¿Es el oasis catalán un tigre de papel que ladra pero no muerde? ¿O se convertirá de nuevo en otra rosa de fuego insurgente, dispuesta a incendiar el TC a sabiendas de que así arderá también el pacto autonómico de 1978? ¿Es todo esto puro teatro barroco, como si fuera una truculenta comedia de capa y espada a la española? ¿O hay alguien en el oasis catalán que piense con frialdad en el futuro colectivo, más allá del horizonte electoral de los comicios autonómicos del año próximo?

Pero también hay preguntas que hacerse ante la porfiada parálisis de los magistrados del TC, endiosados como parecen por su olímpica potestad de poner en jaque al sistema político español. ¿Son conscientes de que con su discrecional arbitrismo se desautorizan a sí mismos, anulando la posible legitimidad del dictamen que se les encomendó? ¿Cómo podrían declarar inconstitucional un nuevo estatuto como el catalán, que ha servido de modelo para aprobar los demás estatutos reformados de segunda generación, casi totalmente idénticos al precedente Estatut, pero que no han sido impugnados ante el TC? ¿Por qué se calibra la constitucionalidad del Estatut con una vara de medir aprobada en 1978, cuando todavía no se había iniciado el desarrollo del proceso autonómico previsto por esa misma Constitución de forma abierta hacia el futuro? ¿Acaso los sucesivos desarrollos estatutarios producidos desde entonces, que han sobrepasado muchas veces la letra de la CE de 1978, no deberían ser tenidos en cuanta como precedentes sobrevenidos para interpretar en consecuencia el espíritu de la CE a la altura del siglo XXI, 34 años después de su virginal nacimiento como una página en blanco? ¿Por qué no se atreve el TC a innovar en materia interpretativa, siguiendo el ejemplo que dio el Tribunal Supremo de Canadá ante análogo dilema jurisdiccional?

Finalmente, la semana se cerró con la flamante Ley de Economía Sostenible, sobre la que habrá que volver con mayor profundidad. Pero de momento cabe hacer algunas preguntas iniciales. ¿Qué hay de la sostenibilidad social de nuestro modelo? ¿Qué pasará en 2020, cuando comiencen a jubilarse anticipadamente las primeras promociones de babyboomers? ¿Se ha pensado en crear servicios sociales y geriátricos suficientes para ellos, así como en garantizar sus pensiones futuras, teniendo en cuenta las actuales caídas de la inmigración, el empleo y la población activa? ¿Cómo drenar el ingente desempleo estructural creado por el crack inmobiliario? ¿Qué futuro aguarda a la actual generación juvenil, con tasa de paro del 40%? ¿Cómo construir las necesarias pasarelas capaces de atravesar esa muralla china que separa el empleo temporal de los jóvenes del empleo estable adulto?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de noviembre de 2009