Los abogados de oficio exigen a la Junta el pago de la deuda
La crisis dispara la demanda de asistencia letrada gratuita
El compromiso es pagar antes de Navidades pero los abogados que asisten a los turnos de oficio ya no quieren más promesas. Piden que se les ingrese todo el dinero que se les debe. La asistencia letrada gratuita y las guardias establecidas no se pagan para muchos desde el mes de enero. Las quejas han venido de todas las provincias, aunque será en Cádiz cuando se organice mañana una protesta para reclamar todas las cantidades adeudadas.
La Junta reconoce que la creciente demanda, relacionada con el incremento de casos de despidos y morosidad que ha dejado la crisis económica, está detrás de estos problemas de pago. La Consejería de Justicia ha tenido que desembolsar 42 millones de euros en este apartado, 12 millones más que en 2008. El Gobierno andaluz no reconoce el impago sino un volumen de asistencias gratuitas muy superior al de años anteriores, lo que ha obligado a incrementar las partidas presupuestarias previstas y ordenar nuevos pagos, que han de seguir un trámite burocrático más lento que el habitual. Antes de que acabe el año, según la previsión de la Junta, los abogados de oficio habrán cobrado las cantidades correspondientes por atención de acusados y víctimas, asistencia en dependencias policiales y juzgados de guardia.
Movilizaciones
Los abogados de toda Andalucía, más de 25.000 en el turno de oficio, han empezado a plantar cara desde hace semanas. Los próximos en movilizarse van a ser los de Cádiz, que mañana se manifestarán frente a la sede de la Delegación de Justicia y la del Colegio de Abogados. Lo harán al mismo tiempo en la capital gaditana y en Algeciras. "Lo que no podemos hacer es llevar un año trabajando gratis. Exigimos que se nos abone todo lo que se nos debe", aseguró una de las afectadas, Ana Gómez. Cada guardia se paga a 126 euros y además se recibe una bonificación en función del caso atendido.
Los letrados gaditanos han llegado a plantear una huelga ante el Colegio pero allí se les comunicó que esta medida no era constitucional ya que prevalece el derecho a recibir asistencia jurídica, según detalló Gómez. "Que alguien se quede sin asistencia no es constitucional, pero el hecho de que no nos paguen sí debe serlo", protestó. La movilización se mantendrá hasta recibir las cantidades comprometidas.
