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Urbanismo anula de forma definitiva los PAI de Parcent

Rechaza las alegaciones de las promotoras

El último intento desesperado de las promotoras de Parcent por desarrollar los tres PAI que contemplaban 1.800 nuevas casas ha fracasado. La Consejería de Medioambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ratificó ayer su decisión de anular definitivamente los proyectos urbanísticos, que fueron presentados en 2006 bajo el gobierno del PP, tras rechazar las alegaciones de las mercantiles. El rechazo se produce al entender que las mismas no subsanaban las graves deficiencias de los PAI: la carencia de suministros hídricos para multiplicar por cinco la población del municipio, la destrucción de terrenos forestales y la pérdida de especies protegidas.

Además, advierte de que algunos de los PAI arrastraban graves deficiencias en infraestructuras viarias y dotaciones educativas y tenían en contra el veredicto de instituciones, como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Diputación de Alicante.

La Consejería ratifica así la decisión del 29 de septiembre, aunque entonces dio a las tres mercantiles quince días para alegar. Una vez que estas han sido rechazadas, la vía administrativa queda cerrada, a menos que presenten un recurso de alzada ante la Consejería. Si no, deberán acudir ante los juzgados con un recurso contencioso-administrativo.

El dictamen, que llega tras un largísimo proceso burocrático, es un sonoro triunfo para la "doctrina Parcent", la lucha de los vecinos durante cuatro años contra la expansión del hormigón. Lucha que recibió el apoyo del Parlamento Europeo, que puso los proyectos planteados en el municipio como ejemplo del crecimiento desmesurado en la costa valenciana.

Joan Carles Poquet, portavoz del gobierno local, destacó que con la decisión "se demuestra que el Ayuntamiento de Parcent ha cumplido escrupulosamente la ley y que ha sido la consejería y no el consistorio el que ha dicho que los PAI eran inviables". Poquet se mostró confiado en que este dictamen ayude a que se archive la denuncia de la promotora, que llevó esta semana al alcalde, Máximo Revilla, y a sus cuatro concejales a declarar tras ser acusados de un presunto delito de prevaricación por haber obstaculizado de forma ilegal los PAI.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de noviembre de 2009