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Luna: "Costa deja claro que Camps es el responsable"

Compromís reclama que el Tribunal de Cuentas revise la financiación del PP

La declaración leída ayer por el todavía secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, horas antes de la reunión del Comité Ejecutivo en la que en principio iba a ser apartado "temporalmente" de su cargo por su relación con la trama Gürtel, no fue un mero trámite. El número dos del PP que preside Francisco Camps dijo alto y claro que nunca actuó al margen de Camps.

A esta frase se aferraron ayer todos los partidos de la oposición para responsabilizar del escándalo al presidente Camps. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, destacó de la intervención de Costa que si algo dejó claro es que "el último responsable de todo lo que se había contratado aquí, no era él, sino Camps". Y no por obvio menos importante, agregó el socialista Luna, Costa reconoció después de meses de resistencia la veracidad de las conversaciones que mantuvo con los responsables de Orange Market y de otras empresas de la trama Gürtel, cuando dijo sentirse avergonzado tras verlas reproducidas en los medios de comunicación.

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Y por si fuera poco, continuó el portavoz del PSPV, la defensa que hizo Costa de sí mismo dinamita los restos del bastión defensivo en que se había convertido el Consell de Camps. "Ha dejado una serie de interrogantes sobre la mesa a los que debe contestar el señor Camps, tanto sobre lo contratado por el partido como desde la Generalitat a las empresas de la trama corrupta", reiteró.

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Enric Morera, portavoz de Compromís, tercera fuerza política con representación en las Cortes, disparó directamente al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy: "Costa revela que Rajoy lo sabe todo. ¿Creía Rajoy que los actos del PP en la Comunidad Valenciana eran gratis? Ahora que sabemos que Costa no se ocupaba de los actos de Rajoy pediremos al Tribunal de Cuentas que actúe para saber si ha habido malversación de caudales públicos para financiar actos del PP"."Rajoy tiene que dar la cara porque ha cometido un delito electoral evidente al superar los límites de gasto previstos en la ley", argumentó Morera, para añadir acto seguido: "Si Costa no es responsable, alguien lo será. Ahora sabemos que una trama corrupta financiaba los actos del PP y quien ordenó contratar con ellos tendrá que dar explicaciones", apostilló.

Luna y Morera comparecieron ante los periodistas después de la reunión de la Junta de Portavoces a la que asistió Costa, síndic del Grupo Popular. El portavoz adjunto del PP, Rafael Maluenda, aseguró desconocer el contenido de la declaración de Costa, pero sentenció: "El señor Costa es tremendamente honrado, muy competente y ha dedicado los mejores años de su juventud a defender los intereses del PP".

Las reacciones se sucedían sin interrupción, también en las sedes de los partidos. En Blanquerías, cuartel general de los socialistas valencianos, tres miembros de la ejecutiva que lidera Jorge Alarte emitieron comunicados públicos donde vaticinaron que la caída de Costa sólo sería la primera de muchas. "Después vendrán las de [David] Serra [responsable de Organización del PP], [Yolanda García], tesorera, Carlos Fabra [presidente provincial del PP en Castellón], entre otros", dijo el dirigente socialista Víctor Sahuquillo.

En Esquerra Unida del País Valencià, la coordinadora general, Marga Sanz, aprovechó la declaración pública de Costa para pedirle que eso mismo que dijo ayer, vaya a explicarlo a las Cortes Valencianas. E incluso le instó a "tirar de la manta" y contar todo "lo que ha insinuado" con la lectura de su comunicado "si de verdad quiere purgar su poca vergüenza". Según explicó la también diputada autonómica, ese escrito contiene afirmaciones que "debería haber explicado ante la máxima institución de la Generalitat valenciana hace meses".

En la misma de Junta de Portavoces se tramitó la solicitud del PP para llevar al pleno de las Cortes de la próxima semana la propuesta de crear una comisión que investigue las cuentas de los partidos políticos con representación en el Parlamento autonómico. Los populares proponen que los trabajos acaben en un plazo de 60 días, una vez se constituya la comisión.

El PP, que se niega a llevar a las Cortes los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel, como exige la oposición, pretende que en la comisión comparezcan desde el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba -al que los populares acusaron, sin pruebas que lo acreditasen, de ser el responsable de la filtración del sumario-, hasta el último funcionario relacionado con el informe elaborado por la brigada policial contra el blanqueo de capitales, donde se apunta a una posible financiación irregular del PP.

La comisión aprobará un plan de trabajo en el que se incluirá la documentación a investigar, así como las personas que serán llamadas a declarar. También se nombrará la ponencia encargada de elaborar un dictamen que posteriormente se elevará al pleno de las Cortes, donde el PP goza de mayoría absoluta, para su debate y aprobación.

Los socialistas se niegan a participar en una comisión que consideran una cortina de humo para desviar la atención del escándalo que salpica al PP. El Síndic socialista votó en contra de la propuesta de los populares porque los contratos de la Generalitat con la trama se han quedado fuera. "Si estratégicamente al PP le conviene en estos momentos que hablemos de la financiación de los partidos, desde luego que sí vamos a hablar", apostilló, "pero no sé si saldrán muy bien parados".

Maluenda, por su parte, dijo: "Le hemos ofrecido al señor Luna pactar un plan de trabajo pero me sorprende que no haya dicho nada".

Compromís anunció, por otro lado, un recurso contra la decisión de la Mesa de las Cortes de no admitir una pregunta sobre la empresa Celestica, "que recibe ayudas públicas", puesto que "vulnera el derecho de los diputados y una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en este sentido".

El portavoz adjunto de los populares, Rafael Maluenda, replicó que el Reglamento de las Corts recoge que la Mesa no tramitará las preguntas que se refieran a personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad y explicó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional determina que en los supuestos en que se rechacen iniciativas "es imprescindible que argumente jurídicamente los motivos por los que las rechaza".

En el pleno de las Cortes Valencianas de esta semana, que empieza hoy, no habrá sesión de control al presidente Francisco Camps. Comparecerán los consejeros que han cambiado de departamento tras la remodelación del Consell del pasado verano. También habrá interpelaciones al consejero de Economía, Gerardo Camps, y al de Educación, Alejandro Font de Mora.

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