La juez paraliza las elecciones de Caja Madrid como pidió Gallardón

Además de un recurso de inconstitucionalidad, las elecciones en Caja Madrid ya han tenido dos intervenciones judiciales. En juego está la presidencia de la entidad, puesto ocupado actualmente por Miguel Blesa. Ayer, el juzgado de primera instancia número 60 de Madrid emitió un auto de suspensión cautelar del proceso electoral en Caja Madrid solicitada por el Ayuntamiento de Madrid hace una semana.

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital, no admite el reparto de miembros de la Asamblea realizado por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Con este sistema, la mayoría de los 64 miembros de la Asamblea a los que renunció la Casa Real van a parar al Gobierno regional. El Ayuntamiento quiere que se aplique la ley de 2003, que considera que es la vigente cuando el Rey renuncia a su representación, y que le concede más representantes. Posteriormente, Aguirre cambió la ley de cajas, con lo que le corresponden más representantes. El asunto es importante porque con estos consejeros de la Asamblea se podría decidir un puesto en el consejero de administración.

Está en juego un consejero y quizá el nombramiento del presidente

El auto de la juez Inmaculada Vacas, establece "la suspensión del acuerdo adoptado por la comisión electoral de Caja Madrid en cuanto omite del porcentaje de designación de consejeros generales que corresponden al Ayuntamiento de Madrid en el proceso electoral, los designados por la entidad fundadora Patronato Real el 19 de noviembre de 2008". En su opinión, se evidencia "un peligro de mora procesal caso de no adoptarse la suspensión del acuerdo, pues finalizaría el proceso electoral en perjuicio del Ayuntamiento de Madrid con un número de consejeros por él designados inferior al que le correspondería", según Europa Press.

Por eso, la juez ha tomado la decisión sin escuchar a la parte afectada, en este caso Caja Madrid. En los próximos días llamará a declarar por parte de la entidad, el presidente de Comisión Electoral, del PP partidario de Gallardón y el secretario de la comisión, de IU, Juan Gómez Castañeda, que apoya a Aguirre. Contra este auto no cabe recurso, pero la caja, podrá formular oposición en 20 días.

El nuevo revés judicial deja en una incómoda posición a la Comunidad de Madrid y a los que le han apoyado (parte del PSOE, UGT y CC OO Comfía), en su guerra contra Blesa y Gallardón. La Comunidad de Madrid dijo ayer que respeta la decisión judicial, si bien espera que se escuchen en breve a las partes involucradas. El Gobierno regional recuerda que es la segunda vez que el Ayuntamiento de Madrid "realiza esta maniobra" y que no tuvo éxito en la anterior. También les acusa de utilizar la Casa Real "para defender intereses particulares" y que se "inventa" el conflicto legal. El consejero de Presidencia Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, dijo que era "una medida muy, muy temporal" que durará "unos días".

El secretario de Economía del PSM, Antonio Miguel Carmona, manifestó su respeto a la suspensión del proceso, aunque lamentó que el enfrentamiento de Aguirre y Ruiz-Gallardón llegue a la entidad. El PSOE, además, se pone a disposición "de ayudar a solventar un problema que ha generado la terquedad y el disenso en el seno del PP", añadió.

El sindicato UGT expresó su respeto a la decisión aunque deseó que "la decisión final se produzca lo antes posible para terminar con la incertidumbre que existe sobre las elecciones".

La sección oficial de CC OO, contraria a Aguirre, indicó que esta resolución judicial reconoce que "había razones para que el Consistorio madrileño presentase una reclamación" contra el reparto de los 64 consejeros que cedió la Casa Real. Añadió que el citado recurso del Ayuntamiento de Madrid "se asienta sobre bases sólidas, ya que existía una duda jurídica sobre el citado reparto". Izquierda Unida consideró "lógico" que la Justicia paralice el proceso aunque matizaron que según sus servicios jurídicos no creen que el recurso prospere.