Paraísos para el fraude
Conviene valorar en su justa medida el papel que han jugado los paraísos fiscales en la eclosión de la crisis financiera actual y, por lo tanto, en la recesión económica mundial. El grueso del crash se explica por la desregulación financiera que permitió adoptar decisiones arriesgadas o simplemente insolventes en Wall Street y en buena parte de la banca internacional, cuyos directivos, ideólogos y economistas de cabecera se ofuscaron con la idea de que sofisticación financiera, con independencia de las garantías reales, es sinónimo de solidez. También está claro el papel en esta crisis de los incentivos salariales o bonus como estímulos perversos al riesgo desmedido. Pero los paraísos fiscales, consentidos o ignorados desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia, eran, por decirlo así, el último refugio de buena parte del dinero traficado o escamoteado en la crisis. Los casos de los fondos de Bear Sterns o los dineros de Madoff desviados hacia Luxemburgo así lo demuestran. Los paraísos fiscales son, en sí mismos, un estímulo poderoso a las corruptelas de todo tipo.
La primera cuestión a la que debe responderse es si existe verdadera y persistente voluntad política de desactivar los paraísos fiscales. La respuesta es dudosa. Es verdad que la OCDE y las autoridades europeas se han decidido por fin a presionar para que desaparezca el secreto de las cuentas bancarias en las islas del Canal, Mónaco, Luxemburgo o Liechtenstein, y tantos otros centros financieros off shore: Pero la experiencia demuestra que este tipo de presión suele ser coyuntural. Ahora que los déficits públicos aprietan, sube varias atmósferas y el secreto bancario se discute con grandes aspavientos en el G-20 de Pittsburgh. Pero cuando termine la recesión y las finanzas públicas tiendan a estabilizarse en déficits razonables lo más probable es que los paraísos fiscales desaparezcan discretamente del primer plano de la preocupación pública y que vuelvan a operar plácidamente como lugar de acogida de los capitales escamoteados al fisco.
A esta política dubitativa corresponden lógicamente decisiones legislativas rebosantes de buenas intenciones pero incompletas. Las durísimas proclamas contra la opacidad financiera en las cumbres de Londres o Washington y las listas negras y grises de países con secreto bancario incompatible con la democracia fiscal se han convertido, en la práctica, en acuerdos y componendas que permiten a un país eludir el estigma de paraíso fiscal firmando acuerdos de colaboración e información con otros 12 países. Cualquier sistema bancario off shore puede cumplir fácilmente ese requisito y mantener al tiempo una oferta de secreto financiero con una gran cantidad de capitales procedentes de otros países.
En términos de posibilismo político, es cierto que la legislación contra el secreto bancario internacional ha mejorado; puede defenderse que la intervención de la OCDE incluyendo en listas negras a países de legislación connivente con el fraude fiscal es un avance objetico. Pero no es suficiente. Se echan de menos sanciones ejemplares y un compromiso firme de todos los países con fiscalidad democrática para asfixiar los refugios de la piratería tributaria.
