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viernes, 25 de septiembre de 2009
Tribuna:LA CUARTA PÁGINA

Prostitución: la hora de la responsabilidad

Hay que regularizar ya este fenómeno y eso no significa avalarlo o bendecirlo. Sólo desde la hipocresía o la extrema ingenuidad se puede pensar que si se prohíbe o esconde dejará de existir

Basta. Basta de la irresponsabilidad de esos dirigentes políticos que miran hacia otro lado porque no reciben la presión ciudadana directa. Basta de las soluciones estéticas que aportan los planteamientos abolicionistas y de las posturas maximalistas de quienes se resisten a hacer algo ante la imposibilidad de resolverlo todo. Basta de la hipocresía y la doble moral de algunos a los que sólo preocupa barrer la prostitución de las calles. Inicio este artículo desde el hastío de llevar años dando vueltas infructuosamente al debate sobre la prostitución, y asistiendo, mientras no actuamos, a la degradación de algunos entornos en los que se practica y al desamparo en los que centenares de mujeres ejercen cada día esta actividad en cualquiera de nuestras ciudades.

La regulación es el mejor modo de proteger la libertad y la seguridad de las trabajadoras del sexo

La alegalidad de ahora fragiliza a las mujeres y sólo beneficia a las mafias del proxenetismo

El dilema no es si estamos a favor o en contra de un fenómeno que repugna a la práctica totalidad de las mujeres, entre las que me incluyo, como también a muchos hombres. No sólo desde el feminismo, sino desde amplios sectores de la sociedad, existe un rechazo a una práctica que convierte las relaciones sexuales en un intercambio mercantil con componentes de dominio y vejación, en el mejor de los casos, y de abuso, agresión o riesgo para la salud, la seguridad y la libertad de quienes la ejercen, en el peor. Es mezquino atribuir a quienes defendemos la regulación de la prostitución cualquier pretensión de avalarla o bendecirla. Como también es hipócrita -o incomprensiblemente ingenuo- pensar que si la prohibimos o la escondemos dejará de existir.

Por mi trayectoria profesional, conozco el debate que, con tintes similares, se produce en torno a la legalización o no del consumo de drogas. Defender su regulación no implica en absoluto apoyar el consumo indiscriminado de sustancias, por parte de cualquiera y en cualquier circunstancia, ni abonar el terreno para la generalización de un problema de salud pública tan grave como son las drogodependencias. Se trata, en cambio, de buscar el marco jurídico más apropiado, superando un escenario de alegalidad que arroja al consumidor a una situación de fragilidad, mientras ofrece a las mafias del narcotráfico una posición más que ventajosa.

Idéntico escenario se nos presenta con la prostitución. El debate que urge afrontar, que ya no podemos demorar, gira en torno a qué situación legal ofrece mayores garantías y libertades a las personas que, por los motivos que sea -que a mí me cuesta comprender-, deciden ejercer esta actividad. Debemos dotarnos de un marco jurídico que refuerce a su vez las herramientas con las que las administraciones puedan combatir con total contundencia el tráfico y la explotación de personas abocadas a la prostitución forzosa.

El enfrentamiento estéril entre las tesis abolicionistas y las partidarias de la legalización debería dar paso a un debate en el que, compartiendo objetivos, analizáramos los mecanismos que permiten, de forma objetiva y no meramente estética, garantizar los derechos de las mujeres y ser más eficaces en la lucha contra las mafias. Bajo este planteamiento, la no regulación es la peor de las salidas: perpetúa la extrema vulnerabilidad de quienes se dedican a la prostitución, a la vez que priva a las administraciones públicas de cualquier instrumento para intervenir y gestionar el impacto que esta actividad tiene sobre las personas y sobre el entorno en el que ejercen.

Frente a la alegalidad, los gobiernos locales se ven impotentes, sin herramientas para gestionar su territorio, y tentados a veces de tomar atajos normativos que ofrecen una falsa ilusión de autoridad y sólo consiguen generar más problemas de los que pretenden resolver. Tres años después de su aprobación, asistimos estos días a la evidencia de que la ordenanza del civismo impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona no ha resultado ser un instrumento útil para abordar la prostitución. Lo dijimos ya entonces, expresando con nuestro voto contrario la convicción de que los problemas de raíz social no pueden resolverse desde una óptica policial o estrictamente reguladora del espacio público. Sin haber desplegado previamente un marco legal que ofrezca garantías y alternativas reales a las personas que ejercen la prostitución, cualquier intento de buscar soluciones al impacto de esta actividad en el espacio público actuará sólo de parche que, por muy efectista y mediático que resulte a corto plazo, acabará siendo inútil para avanzar hacia una solución real.

Y lo digo con pesar, desde la impotencia de saber, como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que por más esfuerzos que realicemos por dignificar el espacio público, por atender las necesidades de los vecinos y vecinas, por mejorar las condiciones en las que ejercen las trabajadoras sexuales, siempre estaremos poniendo parches, ya que no disponemos como ciudad de todos los instrumentos necesarios para hacer frente a este fenómeno.

No quiero desaprovechar, sin embargo, esta oportunidad para poner en valor todos estos esfuerzos. Desde la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (ABITS) se realiza una incansable labor para contactar con las mujeres que ejercen la prostitución en la calle, prestarles atención social, sanitaria, psicológica, y ofrecerles alternativas. En los últimos dos años, hemos incrementado en un 68,5% los recursos destinados a este programa que, pese a todo, seguirá siendo insuficiente.

Y quiero hacer también una firme defensa, frente a las visiones apocalípticas que algunos reproducen estos días sobre nuestra ciudad, de la apuesta que Barcelona y su Gobierno progresista han hecho por dignificar su centro histórico y, muy especialmente, El Raval, salvando espacios de la voracidad inmobiliaria, ahuyentando el fantasma de la desertificación o la conversión en escaparate turístico. No negamos la existencia de problemas, ni la complejidad que supone la colisión de usos e intereses en un espacio público sometido a una intensísima ocupación, pero pocas ciudades pueden decir como Barcelona que conservan un barrio central habitado, con espacios de convivencia vecinal, con equipamientos y comercios de proximidad, como en cualquier otro rincón de la ciudad.

Volviendo al debate sobre la prostitución: respeto las tesis de quienes defienden su abolición, pero no las comparto en absoluto, pues parten, a mi entender, de la inmadurez de pretender que no exista aquello que no nos gusta, cuando todos aprendemos a muy pronta edad que las cosas no desaparecen porque cerremos los ojos. Tenemos el más claro ejemplo en Suecia, donde la prohibición ha abocado a las personas que ejercen la prostitución a practicarla en barcos anclados a unas millas de la costa, en condiciones de absoluta desprotección. Tampoco es momento ahora de debatir sobre las zonas de tolerancia, sería un instrumento absolutamente inadecuado en las actuales condiciones sociales y sin un marco regulador previo.

Debemos aparcar las iniciativas parciales o las soluciones estéticas. La función de la política es ofrecer a cualquier colectivo las mejores condiciones para garantizar la salvaguarda de sus derechos, y esto pasa hoy por afrontar de una vez por todas la regulación de la prostitución, promoviendo la existencia de espacios autogestionados, sin amos, que despojen al proxeneta de la funcionalidad que le otorgan las precarias condiciones en las que se desenvuelven actualmente las trabajadoras del sexo. Un marco regulador hará aflorar la economía sumergida vinculada a esta actividad, de la que se lucran impunemente numerosos empresarios del sexo, nos posicionará mejor para combatir la delincuencia que a menudo la rodea, y nos permitirá abordar el diseño de estrategias para aquellas mujeres que quieran abandonar esta práctica.

Una regulación que debe tener carácter transversal y ámbito estatal, pues atañe a competencias relacionadas con el reconocimiento de esta práctica como actividad laboral. El Gobierno de Zapatero no puede rehuir por más tiempo esta cuestión, ni hacer oídos sordos escudándose en debates internos del movimiento feminista. Yo le animo a escuchar a todo el espectro de este movimiento, más allá de las voces que se alcen dentro de su propio partido. Hoy, la urgencia de las personas que se dedican a la prostitución por ver reconocidos sus derechos, y la necesidad de las ciudades y de quienes viven en ellas de abordar con decisión este fenómeno, es un clamor que, por responsabilidad, no puede desatender.

Imma Mayol es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y concejal de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA).

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