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Juristas internacionales apoyan la causa de Garzón contra el franquismo

El Supremo citará a declarar al juez en una querella por prevaricación

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra, expresó ayer su preocupación por la investigación seguida al juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, que calificó de "interferencia injustificada" en sus funciones profesionales.

El pronunciamiento de apoyo de la CIJ a Garzón se produce ante su inminente citación ante el Tribunal Supremo para declarar en calidad de imputado, en una querella de Manos Limpias por su investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la Guerra Civil española.

Garzón está siendo investigado ante la Sala Penal del alto tribunal por un supuesto delito de prevaricación que consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. La querella, interpuesta por el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que posteriormente se sumó Libertad e Identidad, fue admitida a trámite el pasado 26 de mayo por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y otros cuatro magistrados.

La Comisión de Juristas denuncia una "interferencia" del Supremo

"La investigación de Garzón no justifica acciones penales ni disciplinarias"

La citación a declarar de Baltasar Garzón, el juez español de mayor proyección internacional, en una causa penal abierta contra él por el Tribunal Supremo quedó pendiente antes del verano y el instructor del alto tribunal, Luciano Varela, podría llamarle esta misma semana. Varela intentó hace meses que el Consejo General del Poder Judicial sancionase a Garzón por vía disciplinaria denunciándole por una supuesta percepción de cobros indebidos por las labores docentes del juez en la Universidad de Nueva York. No tuvo éxito, ya que el Poder Judicial archivó las diligencias. Pero ahora Varela juega en campo propio y Garzón cuenta con no pocos enemigos en el Supremo.

Entretanto, la causa abierta a Garzón ha suscitado inquietud en foros jurídicos internacionales. "Los estándares internacionales relativos a la independencia de la Judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas que, en todo caso, deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto", dijo Róicín Pillay, consejera jurídica principal para Europa de la Comisión Internacional de Juristas.

Según la comisionada de la CIJ, las investigaciones penales a jueces "por actos enmarcados dentro de sus funciones profesionales constituyen una interferencia injustificada e inapropiada en la independencia de los procedimientos judiciales y son contrarios al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios 4, 17 y 18 de los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura".

La CIJ estima que este intento de interferir en el procedimiento judicial es de "particular preocupación", puesto que concierne a una investigación por crímenes contra la Humanidad, "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente". Dichos delitos, según un comunicado de la CIJ, son imprescriptibles.

"Las investigaciones del juez Garzón de los crímenes contra la Humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias y mucho menos una persecución penal", afirmó Róicín Pillay.

La CIJ ha informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las actuaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".

Qué es la comisión

- La Comisión Internacional de Juristas se fundó en 1950 y tiene su sede actual en Ginebra (Suiza). Está integrada por 59 comisionados procedentes en su mayoría de países representados en Naciones Unidas. Está integrada por juristas, abogados y miembros de tribunales de justicia, entre otros, por presidentes o ex presidentes de las Cortes Supremas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Suráfrica.

- El político y jurista Joaquín Ruiz-Giménez fue uno de los comisionados por España y formó parte del Comité de Honor hasta su reciente fallecimiento. El comisionado español actual es el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín.

- La presidenta actual es Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de septiembre de 2009

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