Marbella rehusa hacer pisos para realojar a los dueños de Banana Beach
La promoción, de 297 casas, puede ser demolida al tener anulada la licencia
El Ayuntamiento de Marbella no ha considerado conveniente la sugerencia que le hizo la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de que construyera dos edificios de viviendas en una zona próxima a Banana Beach para realojar a los propietarios de este complejo residencial, que contiene la mayoría de las viviendas no legalizadas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el caso de que, como es presumible, los tribunales acaben por dictar una orden de demolición.
El consistorio que preside Ángeles Muñoz entiende que la medida sería "muy costosa" para las arcas municipales, cuando la compensación principal habría que exigirla al promotor, el empresario José Ávila Rojas. Además, entiende que sería injusta con los propietarios de las otras dos promociones que quedan fuera de ordenación en el PGOU en Río Real y Torrevigía. "¿Por qué íbamos a hacer viviendas para unos y para otros no?", se pregunta un portavoz municipal.
La Junta propuso trasladar las viviendas a un nuevo suelo residencial
En todo caso, el Ayuntamiento no iba a aceptar una propuesta que de forma implícita supondría admitir algo que quiere evitar a toda costa, las demoliciones de casas habitadas. Pese a que la alcaldesa renunció a su propósito de incluir en el PGOU la amnistía completa a todas las viviendas con licencia ilegal al saber que si lo hacía la Junta no lo aprobaría, Muñoz ha anunciado que tratarán de buscar alternativas para las que quedan fuera de ordenación "mejores que la demolición".
En las conversaciones previas que la Junta y el Consistorio mantuvieron antes de la aprobación del plan, la administración autonómica sugirió la idea que el Ayuntamiento rechazó. Junto a Banana Beach existe un polígono industrial, La Ermita, que va a desaparecer. El nuevo PGOU contempla usos dotacionales y residenciales en este espacio, y propuso que el 10% del aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento, lo destinara a la construcción de dos edificios de viviendas en los que poder realojar a los propietarios de Banana Beach, que de esta forma permanecerían en la misma zona y a una distancia de la playa similar a la que disfrutan ahora.
Tendrían que ser viviendas de VPO, ya que la ley sólo permite este tipo de casas en los suelos obtenidos en compensación por aprovechamiento. Como no habría espacio suficiente para todas las viviendas, se planteaba trasladar sólo a los censados y residentes habituales en Marbella.
Banana Beach, un conjunto residencial de tres bloques con 297 viviendas junto a la playa de El Cable, ha pasado a la historia como un símbolo de despropósitos de los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL). No le faltan ingredientes, desde que en verano de 1991, pocos días después de llegar a la alcaldía, el difunto Jesús Gil destinó la parcela a una zona de bares de copas y conciertos que ocasionó numerosas quejas hasta que dos años después fue clausurada.
Luego, José Ávila Rojas, el promotor con el que según el juez el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, "eran uno en Marbella" planeó el complejo residencial. Pese a que el suelo era sistema general de áreas libres, el Ayuntamiento dio licencia de obra en 1998.
El permiso fue anulado por dos sentencias firmes, una de lo contencioso y otra penal, y motivó el primer proceso por delito urbanístico contra miembros de la corporación. El ex alcalde Julián Muñoz y los demás miembros de la comisión de gobierno fueron condenados a seis meses de prisión. En mayo de 2004, apenas 35 días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentenciara la nulidad de la licencia, la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, otorgó el permiso de primera ocupación a 112 pisos.
