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La Ribera se opone a que sirva al consumo urbano el Júcar-Vinalopó

La Mesa pel Xúquer se moviliza contra el cambio del trasvase

El proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó regresa a la senda de la polémica. Si hace unas semanas fueron los futuros usuarios de la obra en el Vinalopó y la Generalitat los que protestaron por la última propuesta del Gobierno para el reparto del agua, ahora levanta la voz la cuenca del Júcar, que deberá ceder esos recursos.

La Mesa pel Xúquer, integrada por alcaldes de la Ribera, regantes, ecologistas, sindicatos y entidades ciudadanas ha enviado una carta al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, para pedirle una entrevista y expresar su "gran preocupación" por la posibilidad de que el agua del trasvase se destine no sólo al regadío, sino también al abastecimiento, una opción que a su juicio "modifica la finalidad" de la obra.

La Generalitat rechaza que se desvincule la costa del trasvase
La Comisión Europea apoyó el cambio del proyecto

La controversia ha saltado con el último informe sobre la obra entregado a la Comisión Europea, que cofinancia el trasvase. El documento avanza como "solución integral" para la necesidad de agua del Vinalopó un plan que prevé cerrar pozos agotados para que la agricultura se alimente del trasvase -de hasta un máximo de 80 hectómetros cúbicos al año- y desconectar del acuífero a las poblaciones de la costa de L'Alacantí y la Marina Baixa, cuyo consumo cubrirá la desaladora de Mutxamel. El informe, además, abre la puerta a que los crecimientos futuros del consumo urbano se nutran de agua del Júcar a través del trasvase.

Este esquema no está cerrado y está pendiente de estudios de detalle, según recalca la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero la mera exposición de ese posible reparto del agua ha levantado ampollas a ambos lados del trasvase. Los futuros usuarios, y especialmente la Generalitat, no quieren renunciar a que el trasvase tenga un claro doble uso, para riego y consumo humano. La Mesa pel Xúquer, por el contrario, recuerda que se trata de un trasvase de aguas excedentes del Júcar cuya finalidad es acabar con la sobreexplotación del acuífero del Vinalopó y dar garantías a los usos agrarios, pero no a los consumos de las poblaciones de la costa, que pueden recurrir a la desalación. La carta a Puxeu, firmada 21 representantes de ayuntamientos, ecologistas, sindicatos y otras entidades, destaca que este planteamiento es el que logró el apoyo de la Ribera del Júcar al trasvase.La Mesa del Xúquer destaca también que el cambio del proyecto aprobado en 2005 por el Gobierno consiguió el consenso de la cuenca de la que saldrá el agua porque "mejora sensiblemente las condiciones de viabilidad técnica, ambiental y social" del trasvase. El Gobierno socialista revisó la obra iniciada por el PP y cambió la toma de agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura del río, al considerar que así garantizaría recursos suficientes para el Vinalopó sin dañar al Júcar. El Ejecutivo, además, adelantó su intención de construir desaladoras para abastecer a la costa.

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La modificación del proyecto, que desató la airada protesta de la Generalitat -manifestación contra el Gobierno incluida- y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, logró el respaldo de la Comisión Europea, aunque impuso una serie de condiciones: la recuperación de los acuíferos ligados al Júcar y al Vinalopó; un régimen de caudales ecológicos en el río cedente; la mejora de la calidad del agua y aportaciones suficientes a L'Albufera.

Para la Mesa del Xúquer, quedó entonces "claro" que el trasvase quedaba ligado al buen estado ecológico del Júcar y que su uso estaría circunscrito al "suministro de agua exclusivamente para riego". El planteamiento del documento entregado a Bruselas y una reciente comparecencia de Puxeu en el Congreso, en la que éste apuntó a la construcción de una potabilizadora para las aguas transferidas del Júcar "modifican la finalidad del proyecto tal y como se comunicó en su momento a la Unión Europea", insiste la carta al secretario de Estado. Xúquer Viu, integrante de la Mesa, lo expresó con mayor dureza hace unos días cuando advirtió que destinar agua del trasvase a consumo humano supondría "un incumplimiento flagrante" de los objetivos del proyecto. La plataforma, además, resaltó que el anterior informe a Bruselas, de julio de 2007, afirmaba que la demanda actual y futura de la costa se cubriría con la desaladora de Mutxamel y la de las poblaciones del interior del Vinalopó "mediante la reordenación de las extracciones", es decir, con la recuperación del acuífero.

También el presidente de los regantes de Sueca y miembro de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), José Pascual Fortea, ha criticado el posible nuevo reparto de recursos, que a su juicio pone en peligro el consenso porque en su momento "quedó claro que el trasvase era para la agricultura". Regantes y ecologistas temen que la asignación de agua para consumo humano, más allá de situaciones de emergencia, genere derechos que mermen las garantías en el Júcar.

Fortea también firma la carta al ministerio, en la que la Mesa del Xúquer pide "una participación activa" en el proyecto de todas "las partes interesadas", en pie de igualdad con los futuros beneficiarios del agua.

La carta se ha enviado después de que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó hiciera público que el próximo martes su presidente, Andrés Martínez, se entrevistará con Puxeu en Alicante. Martínez, al igual que el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, ha criticado el informe a la Comisión Europea y ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de ningunear a los futuros usuarios. Ambos han rechazado de nuevo la perspectiva de que la desalación desenganche a la costa del trasvase, y han advertido contra un intento de reducir así los 80 hectómetros cúbicos anuales a transferir, algo que la CHJ ha negado repetidamente.

El organismo está en contacto con unos y otros. La CHJ ha celebrado desde septiembre pasado cuatro reuniones para tratar directamente con los usuarios el avance de la obra, ejecutada al 80%, y Xúquer Viu forma parte de la comisión técnica de seguimiento del trasvase, al igual que los regantes y futuros usuarios.

La larga polémica por el trasvase Júcar-Vinalopó

- El primer trasvase: El Gobierno del PP colocó la primera piedra del trasvase a finales de 2002 en Cortes de Pallás, en el interior de Valencia. Las obras tardaron en arrancar y se presupuestaron en 230,4 millones de euros. La transferencia medía 67 kilómetros y debía transportar 80 hectómetros cúbicos anuales -45 para regadío y 35 para abastecimiento-.

- El segundo trasvase. El Ejecutivo socialista decide en 2004 revisar la obra ante las protestas ecologistas y de entidades ciudadanas. Una comisión técnica concluye que el proyecto no garantiza el agua prometida desde la zona alta del río. Se modifica la toma y se sitúa cerca de la desembocadura en Cullera, donde se calcula que habrá agua suficiente. El Ministerio de Medio Ambiente anuncia que la costa de L'Alacantí y la Marina Baixa se cubrirá con desaladoras.

- Oposición y apoyos al cambio: El cambio provoca el rechazo de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y de la Generalitat, y consigue el apoyo de los regantes del Júcar, sindicatos agrarios y ecologistas.

- Estado de la obra: El trasvase está ejecutado al 80%, y su finalización se prevé para mediados del año próximo. La tubería mide 80 kilómetros y cuesta 354 millones de euros. La Comisión Europea aporta 120 millones.

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