Esto no son maneras
En lo que va de siglo, la población de España ha crecido en seis millones de residentes, según los últimos datos disponibles de empadronados. Aumenta el número de habitantes y, además, tienden a concentrarse en el arco mediterráneo y en la ínsula madrileña. Los 8,2 millones de andaluces, 7,4 de catalanes, 6,3 de madrileños y 5 millones de valencianos suponen una rebosante mayoría absoluta de pobladores (el 58% de todos los empadronados). Imposible olvidarse de la concentración humana en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana a la hora de disputarse el dinero para financiar los servicios (la sanidad, los colegios y otros) prestados por las autonomías; y eso mismo explica cuánto se juegan las dos corrientes principales, socialistas y populares, que por ahora controlan, cada una de ellas, dos de las cuatro grandes comunidades.
El 58% de la población de España se apiña en cuatro comunidades. En torno a ellas gira la bronca PP-PSOE
Pero también sería estúpido dejar de lado a las regiones menos pobladas. Pese al aumento global del número de habitantes, varias provincias pierden población: Zamora, Ávila, León, Palencia, Lugo, Ourense, Cáceres. Frente al dinamismo de las zonas mediterráneas, el interior de la península ofrece tanta impresión de sosiego como de interrogantes sobre el futuro de regiones donde los kilómetros vuelan entre pueblos muy distanciados. Alberto Núñez Feijóo ha utilizado el argumento de lo que cuesta atender a la población dispersa en Galicia, la comunidad que preside, para tratar de arrancar más dinero en el reparto autonómico. Recorrer la provincia de Soria, pongamos por caso, es una delicia para los amantes de la naturaleza y del patrimonio histórico; su densidad de población no llega a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En la de Madrid, por el contrario, se apiñan 792 personas por kilómetro cuadrado, y 709 en la de Barcelona.
No sería ocioso debatir si esto es un desarrollo equilibrado y sostenible. Desde luego, la cuestión va más allá de los dineros necesarios para los servicios que son competencia de las autonomías, pero cada revisión del sistema de financiación representa una oportunidad menos. Si el debate autonómico fuera algo más que la lucha por el poder, podría plantearse hasta qué punto debe favorecerse el crecimiento intenso en algunos territorios, mientras muchos otros se vacían progresivamente, en un proceso preñado de consecuencias políticas.
Lo que le pierde a parte de la clase dirigente son sus maneras. Resulta imposible abrir debates de fondo o pedir precisiones en un espacio público dominado por el griterío. Cuando ya creíamos arrumbado el se rompe España, utilizado por el Partido Popular durante la legislatura 2004-2008, de repente Mariano Rajoy nos advierte de que se rompen "la estabilidad y la cohesión", debido a la "gigantesca chapuza" del Gobierno de Zapatero a cuenta de la financiación autonómica. Y una autoridad madrileña recrudece la guerra verbal Madrid-Cataluña, pronto replicada desde el Gobierno con la acusación de "catalanofobia". Llaman la atención tales divisiones respecto a un sistema que lleva más lejos que nunca la lógica autonómica. En 1992, el tramo del IRPF cedido a las comunidades era del 15%; ahora alcanza el 50%. La cesión del IVA a las autonomías sube también al 50%, y hasta el 58% la de impuestos sobre carburantes y tabaco. Los ingresos fiscales se van a quedar cada vez más donde se generan, reduciendo la parte común y favoreciendo, posiblemente, el apiñamiento poblacional.
De momento, la recesión encoge las recaudaciones tributarias. Para remediarlo se ha inventado la inyección adicional del Estado al sistema de financiación, cifrada por el Gobierno en 11.400 millones/año; pero que, si se suman las estimaciones de cada autonomía, sobrepasaría los 13.000. Otra vez hemos de asistir a imprecisiones de miles de millones, y encima a costa del déficit. Con la mitad de esa diferencia (casi 1.000 millones), Francia, por ejemplo, se dispone a pagar las vacunas contra la gripe A de tres cuartas partes de su población.
