El delegado de Ourense admitió en un pleno que certificó más obras falsas
Firmó el final de cinco talleres artesanales que aún no se habían construido
Durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos de la Unión Europea, el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no sólo subvencionó a sus empresas y certificó como planta de biomasa realizada con ese dinero un galpón abandonado que ya existía, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional. Martínez reconoció en un pleno que había certificado las obras de cinco talleres artesanales subvencionados también con ayudas europeas sin que estuvieran realizadas.
Así consta en las actas municipales. En el pleno de enero de 2001 Martínez avala, en nombre del Ayuntamiento, al grupo de artesanos Armiño, una operación de crédito por 91 millones de pesetas para que construyan cinco talleres. Martínez firmó ese mismo año la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según figura en la documentación aportada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Pese a ello, en el pleno de enero de 2002, reconoció que las obras estaban sin finalizar.
Los adjudicatarios canjearon después las obras para pagar a los empresarios
En la "trama de los talleres" está también implicado el técnico municipal
Las diputadas del PSdeG orensano Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron ayer la "gravísima trama de corrupción" urdida por el actual delegado de la Xunta con fondos comunitarios. Según su documentación, Martínez no sacó a concurso la adjudicación de los cinco talleres, sino que "llamó a un amigo, el ex presidente de los artesanos de Ourense, Ramón Souto" y dejó que éste distribuyera los talleres entre "un hijo, un sobrino, una hija de un amigo y un inmigrante cubano que denuncia que estafa". "Ninguno tenía relación con la artesanía", sostiene el PSdeG.
Según testimonios recabados por los socialistas, e incorporados a la investigación judicial abierta contra el superdelegado, varios adjudicatarios de estos talleres los entregaron a empresarios para "saldar deudas que tenían con ellos". Así, el de panadería que gestionaba Ramón Souto "se entregó en pago a la empresa que hizo la electricidad de los cinco talleres". El de madera, de Adrián Souto, a Luis Veloso Promociones, SL "para pagar deudas pendientes". En los documentos consta una certificación del cambio de titularidad de julio de 2001 y un presupuesto de más de 22 millones de pesetas.
Pese a que el Ayuntamiento avaló a los integrantes de Armiño con 91 millones de pesetas y Martínez certificó y ordenó el pago, las obras de los talleres "nunca se pagaron" a las empresas constructoras, de electricidad, montaje mecánico y fontanería, según la documentación. "Alguien se quedó con el dinero", sostienen los socialistas. Excepto un taller, que funcionó cuatro meses, el resto "nunca tuvo actividad", aún cuando la UE concedía subvenciones con la exigencia de que estuvieran activos al menos cinco años.
Pero en la "trama de los talleres" de Arnoia no sólo está implicado el superdelegado de la Xunta e integrantes de su grupo de gobierno. El técnico Miguel Reza, también miembro de Ceivam, concedía a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres que él mismo certificaba después desde Ceivam. Cobraba por ello, de esta misma compañía, cerca de un millón de pesetas por caso, según el PSdeG.
Mientras las obras públicas realizadas con fondos comunitarios "no llegaron a funcionar", las empresas familiares de Rogelio Martínez, a las que también subvencionó la UE, gestionadas desde Ceivam "van adelante". Los socialistas mostraron ayer fotografías del galpón descrito como planta de biomasa y, frente a ello, las empresas familiares de Martínez en Arnoia integradas en Cultivos Ribeiro, SL, que se benefició de esos fondos.
